Volví de la Smart City Expo de Barcelona tan fascinado como cualquiera. Drones tripulados, semáforos que se regulan solos, luminarias que deciden cuándo encenderse, robots que acompañan a nuestros mayores. Todo funciona, todo brilla, todo promete. Pero volví con una inquietud que no me puedo sacar: ¿dónde se piensan las ciudades inteligentes en Argentina?
En la feria vi decenas de políticos frente a los stands, catálogo en mano. La industria ofrece soluciones aisladas porque su negocio es vender una solución. Es legítimo. Lo grave es que la política compre así, de a una pieza, sin saber qué ciudad quiere armar.
No todos lo hacen. En la apertura estuvo Yuriko Koike, gobernadora de Tokio, una de las pocas voces que pone a las personas antes que a los dispositivos.
En otro panel, funcionarios de Helsinki, Lisboa y Burdeos discutían lo que casi ningún stand mostraba: protección de datos, derechos digitales, regulación. Quién pone las reglas antes de enchufar nada. Helsinki tiene un registro público de los sistemas de inteligencia artificial que usa la ciudad, para que cualquier vecino sepa qué decide una máquina y con qué criterio.
Esas ciudades no compran tecnología: la gobiernan.
En la Argentina hay gente pensando esto, y piensa bien. Pero casi nunca desde la política. Lo piensan consultoras, asesores tecnológicos y empresas cuyo trabajo, al final del día, es venderte algo.
El municipio compra cámaras, la provincia compra una plataforma, la Nación anuncia otra, y nadie se sienta a decidir qué hace cada nivel de gobierno ni cómo se hablan esos sistemas entre sí. Eso no es una ciudad inteligente. Es una góndola.
Gobernar con inteligencia artificial, lo que llamo IAcracia, empieza por ese plan. La IA es patrimonio del sector privado y cambia a una velocidad que ningún Estado puede seguir. Si la política no marca el rumbo, lo marca el proveedor.
Y al proveedor no lo vota nadie. No gobierna, no rinde cuentas, puede tener intereses ocultos que la política no detecta y nunca mide la desigualdad que produce su producto. Por eso toda alianza público-privada debería exigir garantías sobre los datos, pero también sobre el impacto de lo que se implementa. Y si ese impacto falla, el proveedor también tiene que responder.
Días antes de que llegara a la Expo, chocaron dos trenes de alta velocidad en Urda. Decenas de muertos. La investigación no terminó, pero lo que se sabe alcanza: falló un sistema de señalización y después la decisión humana no alcanzó para corregirlo. Falló la tecnología, falló el humano, y detrás de las dos fallas hay decisiones políticas.
Implementar no termina el día de la inauguración. Requiere mantenimiento, presupuesto, capacitación, personas descansadas que puedan controlar lo que la máquina hace. Cuando se automatiza pasando por encima de los trabajadores, de los sindicatos y de las horas que alguien necesita para dormir, se construye un sistema que parece autónomo hasta el día en que se cae. Y ese día no hay a quién pedirle nada.
La confianza ciega es una forma de abandono: el político delega, el proveedor cobra, el operador obedece, y cuando algo sale mal la responsabilidad se disuelve en el algoritmo.
Cada intendente, gobernador o ministro que vuelve de una feria con un catálogo bajo el brazo debería preguntarse antes de firmar: ¿para qué plan es esto? Si no hay respuesta, no hay compra. Una ciudad no es inteligente por lo que instala. Es inteligente por quién decide. Y cuando no decide la política, la cuenta se va a pagar seguramente en más tragedias y en una profunda desigualdad.