Empresas públicas: qué necesitan hoy para poder cumplir y prevenir la corrupción

Las empresas públicas ocupan un rol central en la vida de la sociedad. No solo gestionan recursos que no les pertenecen, sino que son de toda la comunidad. De hecho, actúan como soporte del Estado, garantizando la prestación de servicios públicos esenciales para el funcionamiento cotidiano y el desarrollo del país.

En este sentido, no son únicamente organizaciones que administran recursos: son actores claves en el entramado social y económico. De esta manera, contribuyen al crecimiento de los territorios donde operan, impulsan el desarrollo productivo y aseguran condiciones básicas que permiten el funcionamiento de la sociedad en su conjunto. Esa sola condición eleva el estándar.

En 2025 Argentina sufrió más corrupción que en los cinco años anteriores, según la ONG Transparencia Internacional

No alcanza con cumplir

No alcanza con ser eficientes, se espera —y se debe exigir— integridad .En este tipo de organizaciones, la corrupción no es solo un riesgo legal o de buena reputación. Es una amenaza directa a la confianza pública, a la equidad y a la calidad del servicio que se brinda. Cada decisión impacta no solo en resultados económicos, sino también en la vida de las personas.

Hablar de integridad en empresas públicas no es un tema accesorio. Es un tema central de gestión.

Desde mi experiencia trabajando en espacios de asesoramiento a directorios tanto del ámbito publico como privado y en el diseño de programas de compliance, sostengo que la integridad debe ser entendida como un eje estratégico. No como un área aislada, ni como un requisito formal, sino como un sistema que atraviesa toda la organización. Y ese sistema necesita estructura. En este sentido, los programas de compliance basados en estándares internacionales como ISO 37001 y ISO 37301 marcan un antes y un después. No solo ordenan procesos, sino que establecen criterios claros, medibles y auditables para prevenir la corrupción y fortalecer la gobernanza.
Implementar estos estándares no es una decisión técnica menor. Es una definición de liderazgo.

En las empresas públicas, quienes integran los directorios y los equipos de gestión tienen una responsabilidad que va más allá de los resultados. Tienen una responsabilidad social. Administran recursos públicos, toman decisiones que impactan en millones de personas y representan, en definitiva, al Estado. Y eso implica un estándar más alto.

 
A diferencia de una empresa privada, donde la lógica de negocio puede ser el principal motor, en el ámbito público la legitimidad es un activo crítico. No alcanza con que las decisiones sean eficientes: deben ser también transparentes, justificables y alineadas con el interés general.

En este contexto, la integridad vuelve a aparecer como coherencia de vida. Porque no se trata solo de lo que se decide en una reunión de directorio, sino de la consistencia entre lo que se promueve institucionalmente y lo que se sostiene en la práctica, en todos los ámbitos.

La corrupción no siempre se presenta de forma evidente. Muchas veces se filtra en pequeñas decisiones, en conflictos de interés no gestionados, en prácticas naturalizadas que debilitan la cultura organizacional. Por eso, prevenirla requiere algo más que controles: requiere convicción. Y esa convicción se traduce en gobernanza.

La corrupción es el otro

Algunos lineamientos clave para fortalecer una buena gobernanza en empresas públicas:

- Compromiso real del directorio: la integridad debe ser liderada desde arriba, con participación activa y no solo formal.
- Gestión de conflictos de interés: identificación, declaración y tratamiento transparente de situaciones que puedan afectar la objetividad.
- Programas de compliance robustos: alineados a estándares internacionales, con enfoque preventivo y mejora continua.
- Transparencia en la gestión: decisiones documentadas, trazables y accesibles.
- Cultura organizacional basada en valores: formación, comunicación y liderazgo con el ejemplo.
- Canales de denuncia efectivos y protegidos: que generen confianza y permitan detectar desvíos a tiempo.

Las empresas públicas que logran integrar estos elementos no solo reducen riesgos. Elevan su calidad institucional, fortalecen su legitimidad y mejoran su desempeño.

Desde esta mirada sostengo que el verdadero desafío no es implementar normas sino vivirlas y que la integridad no se construye en los discursos, ni en los documentos. Se construye en cada decisión. Se construye cuando se elige hacer lo correcto, incluso cuando no es lo más fácil. Cuando se sostiene la coherencia, incluso cuando nadie está mirando. Cuando se entiende que gestionar recursos públicos no es solo una función, sino una responsabilidad con la sociedad.

Ese es el modelo de gestión en el que creo. Y es el que, estoy convencida, necesitamos para construir organizaciones públicas más transparentes, más confiables y verdaderamente al servicio de las personas.

La integridad no es un discurso. Es coherencia de vida.

*Cofundadora de Grupo ELEDE – Contadora Publica, especialista en Ética, Compliance, Gobernanza y Anticorrupción - Ganadora del Premio Mujer en Integridad AGEI 2025