En pie de lucha

Hay una frase que se repite muy a menudo cada vez que la Universidad Pública vuelve a las calles, y conviene desarmarla: que se trata de un reclamo sectorial, una pulseada corporativa por partidas presupuestarias. Es lo que quieren instalar las voces oficiales y también  las “para-oficiales” que actúan desde ciertos medios de comunicación.  Sin embargo, lo que está en discusión es más concreto: si la Argentina va a seguir sosteniendo como derecho la posibilidad de que un pibe de cualquier barrio del país pueda estudiar, formarse y proyectar una vida que no sea la del trabajo precario indefinido.

Los números del ajuste son conocidos pero merecen volver a leerse. En el primer cuatrimestre de 2026, el presupuesto destinado a universidades cayó 11.5% real respecto del año anterior y 37,9% en comparación con 2023 (IEC-Conadu). Detrás de cada punto porcentual hay aulas sostenidas a fuerza de voluntarismo, docentes, equipos de investigación que pierden continuidad, becas que se evaporan, estudiantes que dudan si podrán seguir cursando. El ajuste es una decisión política sobre qué trayectorias se interrumpen y qué horizontes se cierran.

Esa decisión se toma sobre una generación que ya carga con las consecuencias del modelo económico. Los datos del Monitor de Juventudes elaborado por la Fundación SES y el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) permiten dimensionarlo. La desocupación entre jóvenes de 18 a 24 años trepa al 20%, cuatro veces más alta que la de la población adulta. Pero el dato más elocuente es otro: entre quienes consiguen trabajo en ese tramo, el 65% lo hace en la informalidad, más del doble que la media de los adultos. 

A esa precariedad se le suma una dificultad estructural para hacer pie como adultos. Apenas uno de cada diez jóvenes de 18 a 24 años es jefe o jefa de hogar. En el tramo de 25 a 29, la cifra apenas trepa al 30%, y una parte muy significativa lo hace alquilando. El cuadro se vuelve nítido: una generación que estudia mientras trabaja en negro, que no se puede emancipar, y que ahora debe pelear también por la institución que más cabalmente le prometía un camino distinto, para que no sea vaciada por decisión política.

Juan Manuel Ottaviano describió un fenómeno que conviene subrayar: hay una “imposición de una aceleración en la entrada al mercado de trabajo” que interrumpe las trayectorias educativas. Traducido: cuando una familia ajusta para sobrevivir, los primeros en abandonar la cursada son los hijos que necesitan salir a generar ingresos. Cuando el Estado retira financiamiento, becas y comedores, esa salida deja de ser temporaria. Se vuelve definitiva. Y el destino más probable, según muestra el propio Monitor, es un trabajo informal, mal pago, sin perspectivas.

La defensa de la Universidad Pública no puede separarse de una discusión más amplia sobre qué país se está construyendo. Se trata del principal mecanismo institucional que tiene la Argentina para que el origen social no determine el destino. Cuando ese mecanismo se debilita, no se ahorra plata. Se transfieren costos: a las familias que se endeudan, a los jóvenes que abandonan, al futuro productivo del país que pierde investigación, ciencia y tecnología.

La última Marcha Federal Universitaria volvió a mostrar lo que el debate instalado en la mayoría de los medios suele omitir. En las calles no estaban solamente quienes trabajan o estudian en las universidades. Estaba esa parte de la sociedad que entiende que la educación pública no es un privilegio sino un derecho fundamental. 

Por eso, mientras insista en el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, el gobierno tiene dos problemas: muestra su carácter antidemocrático y persiste en desconocer una demanda popular que a través de múltiples actores, con las y los docentes, trabajadores, sus sindicatos y las juventudes como protagonistas, también seguirá insistiendo, en pie de lucha. Porque la Universidad es un espacio de justicia social, que aglutina a la vez a distintos sectores y tradiciones, que construye futuro y comunidad. Y eso no puede postergarse. Toda irracionalidad encuentra siempre un límite. Eso también es Ley. 

* Coordinadora de Comunicación - Fundación SES.