La grieta encontró su tema

La conversación pública de los argentinos en redes sociales giró alrededor de un tema que funcionó como un verdadero imán semántico: la reforma laboral.

El Senado aprobó la ley de “modernización laboral” tras una larga sesión, con la calle nuevamente como metáfora de la violencia política argentina, siempre latente.

La reforma laboral fue protagonista en la conversación digital de los argentinos porque su debate toca intereses reales, cotidianos y transversales.

Discutir el mundo del trabajo es debatir sobre las horas que destinamos a nuestra labor para lograr el sustento económico; es polemizar sobre las condiciones de contratación y despido, sobre el derecho de huelga, la estructura de aportes y la negociación sindical.

Es un debate que conecta directamente con una pregunta que la Argentina patea hace décadas: cómo ordenar el mundo del trabajo sin expulsar gente del sistema.

Estamos hablando de una deuda que no inventaron las redes sociales; la empujó la historia económica del país y su informalidad persistente, que en el debate público volvió a aparecer, como suele ocurrir.

En este marco, la comparación con la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad de los menores seguramente sorprenda.

De acuerdo con el relevamiento que realizamos en Monitor Digital, de cada cien menciones en redes sociales sobre los dos debates parlamentarios más importantes de la semana, 95 fueron sobre la reforma laboral y apenas cinco se enfocaron en la cuestión del delito juvenil.

A la pregunta de por qué el debate punitivo quedó tan relegado, la respuesta tiene que ser muy precisa.

Mientras la baja de la edad de imputabilidad de los menores se desplegó en un contexto de discusión más bien institucional, la reforma laboral se debatió con todas las pasiones posibles, en su nivel más alto.

Las modificaciones en el sistema de trabajo argentino calan mucho más hondo que el cambio de las reglas de juego penales para los jóvenes delincuentes.

Y acá necesitamos hacer un poco de historia.

La Argentina discutió muchas veces en las últimas décadas qué hacer con el delito.

La tristemente famosa “sensación de inseguridad” fue adueñándose cada vez más de la idiosincrasia argentina, al ritmo del aumento de las tasas de robos, aun con niveles de crímenes en baja.

Este flagelo derivó en soluciones de todo tipo de parte de gobiernos ideológicamente muy distintos.

La política se ocupó de querer dar respuestas, a izquierda y a derecha.

Sin embargo, los sucesivos gobiernos de las últimas décadas evitaron avanzar en una reconfiguración del mundo del trabajo, mientras fue cayendo el empleo en blanco y la informalidad se fue haciendo norma.

Los intentos de reforma en materia laboral fracasaron, al punto de haber puesto al propio sistema democrático al borde de su quiebre (la llamada “ley Banelco” de 2000 fue, sin dudas, un acelerador de la ya conocida y temida crisis política, económica y social de 2001).

Pero demos un paso más, hurgando en las profundidades de la voluntad de cambio de la sociedad argentina.

En retrospectiva, la fallida reforma previsional de 2017 de Mauricio Macri evoca una pieza política necesaria para entender este rompecabezas de reformas truncadas.

Aquel debate parlamentario caído en desgracia dejó claro el espíritu “conservador” de sectores importantes del llamado “progresismo” argentino.

Los defensores de la ampliación de derechos resistieron todo cambio, como también ahora lo hacen con la reforma laboral.

El autopercibido progresismo argentino tornó su mirada más hacia el pasado que hacia el futuro, como si el devenir de la historia los sometiera al riesgo de perder sus privilegios.

Un temor que incluso los paraliza, al punto de negar realidades evidentes como la acelerada precarización de los trabajadores que se fueron incorporando en las últimas dos décadas.

Ante el problema, las manos de la izquierda y la centroizquierda argentina priorizaron taparse los ojos antes que ponerlas a trabajar en soluciones probables.

Mientras tanto, los sectores conservadores vernáculos fueron acumulando años de anhelos “progresistas” de un futuro distinto, promoviendo cambios (tanto en el funcionamiento de la política como de la economía) que ponga la Argentina en línea con los estándares mínimos de países, digamos, “normales”.

Y en el mundo del trabajo argentino pareciera que esa batalla entre neoconservadores y neoprogresistas trastoca los roles de una manera realmente inédita, propia de los tiempos políticos que se inauguraron con la presidencia de Milei, a finales de 2023.

* Consultor. Director de Monitor Digital.