El Foro Económico Mundial de Davos al que asistió recientemente el Presidente, acaba de publicar su Informe de Riesgos Globales 2026. No es un documento ideológico, sino que recoge la percepción de más de 1.200 líderes empresariales, financieros y estratégicos del mundo. Sus conclusiones sobre los riesgos venideros son contundentes. A dos años, dos de los diez principales riesgos para la economía global son ambientales. A diez años, cinco de los diez riesgos sistémicos que amenazan al desarrollo económico global están directamente vinculados a la degradación ambiental (cambios en los sistemas planetarios, fenómenos climáticos extremos, escasez de recursos naturales, etc.).
No se trata de ambientalismo romántico ni de consignas verdes. Es economía dura. El propio Foro Económico Mundial advierte que más del 50% del PBI global depende de la naturaleza. Las actividades económicas dependen del agua, los suelos, los ecosistemas, la estabilidad climática. Cuando esos sistemas se degradan, no solo se pierde biodiversidad sino que se multiplican los riesgos financieros, se encarecen los seguros, se interrumpen las cadenas de suministro, cae la productividad y aumenta la volatilidad del comercio. Por eso hoy los principales Bancos Centrales, aseguradoras y fondos de inversión consideran a la degradación ambiental como un multiplicador de riesgo sistémico.
Nuestro territorio sufre en tiempo real los impactos de la degradación global creciente
El gobierno del Reino Unido elevó la pérdida de biodiversidad y el colapso de los ecosistemas a la categoría de riesgo para la seguridad nacional. Un informe oficial advierte que la degradación de la naturaleza amenaza directamente la resiliencia, la estabilidad económica y la prosperidad del país. La crisis ecológica deja así de ser ambiental para convertirse en un problema estratégico del Estado.
Mientras el mundo incorpora esta evidencia en sus decisiones estratégicas, nuestro territorio sufre en tiempo real los impactos de la degradación ambiental: agua contaminada, suelos agotados, olas de calor cada vez más destructivas, incendios recurrentes, tormentas violentas, inundaciones y eventos extremos que golpean a comunidades, economías regionales y sistemas productivos con una intensidad inédita.
Frente a este contexto, la pregunta se vuelve inevitable: ¿por qué el Gobierno destruye la política ambiental?
¿Se trata de una restricción fiscal? ¿O de una decisión puramente ideológica?
Porque lo que estamos viendo no es una reforma inteligente ni una modernización necesaria (que, sin dudas, el área ambiental requería), sino la destrucción de capacidades básicas del Estado para gestionar uno de los principales determinantes del desarrollo nacional.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tenía falencias. Su eficacia era discutible y su diseño institucional pedía una reforma profunda. Pero destruir no es reformar. Desmantelar capacidades técnicas, regulatorias y federales no es eficiencia: es renuncia.
Conviene interrogarnos sobre una cuestión de fondo: ¿Es legítimo que una administración de turno desarticule una política de Estado consagrada en la Constitución Nacional? El artículo 41 no deja lugar a dudas al consagrar el derecho a un ambiente sano y el deber de protegerlo como parte del núcleo del contrato social argentino.
Por eso sería saludable que el Gobierno explique por qué toma estas decisiones y, sobre todo, cómo cree que la renuncia a la soberanía sobre el manejo del ambiente y los recursos naturales contribuirá al progreso nacional, en lugar de reducirnos al rol de colonia proveedora de materias primas, sin control ni valor agregado.
La política ambiental argentina no nació ayer. Es el resultado de décadas de construcción institucional, acuerdos federales y aprendizajes colectivos. Es, además, una columna vertebral del federalismo, ya que ordena competencias, protege territorios, equilibra asimetrías y crea condiciones para el desarrollo local. Y, cada vez más, es un determinante central del bienestar y la competitividad de nuestras economías regionales.
En el mundo, esta discusión ya está saldada. El capital natural, entendido como el valor económico que aporta la naturaleza al bienestar y a la producción, es hoy una prioridad estratégica. Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea, China y Australia cuentan con comités de capital natural y políticas activas de inversión en restauración de ecosistemas. En América Latina, países como Chile, Colombia, Brasil, Perú y México avanzan en regulaciones, valorización económica de la naturaleza y esquemas de inversión privada para su recuperación.
¿Por qué? Porque entendieron algo fundamental: el ambiente es una infraestructura crítica. Tan crítica como rutas, puertos o redes eléctricas. Los ecosistemas sanos reducen riesgos, abaratan costos, estabilizan territorios y fortalecen cadenas de valor. Incluso en contextos de restricción fiscal, los países inteligentes no recortan estas capacidades sino que crean mecanismos de pago por servicios ecosistémicos, atraen inversión privada en naturaleza y fortalecen la resiliencia productiva.
El mundo enfrenta hoy tres agendas estratégicas que crecen en tensión: seguridad alimentaria, seguridad energética y seguridad ambiental. Argentina es potencia en las tres. Entonces, la pregunta vuelve a imponerse: ¿por qué debilitar una de las capacidades centrales para aprovechar esta oportunidad histórica?
La libertad –tan invocada– no es ausencia de reglas. Libertad es tener la capacidad de elegir bien en función del interés nacional. Reducir las capacidades de gestión ambiental no amplía la libertad. Solo reduce soberanía, margen de maniobra y posibilidades reales de desarrollo, trascendiendo la especulación financiera de corto plazo.
La transición ecológica no es una moda ni una agenda aspiracional. Es la llave del futuro productivo, territorial y social de la Argentina. Pero para aprovecharla no alcanza con discursos. Se necesitan instituciones sólidas, inteligencia estratégica y visión de largo plazo.
Destruir esas capacidades no nos hace más libres. Nos hace más frágiles. Y en un mundo de riesgos crecientes, la fragilidad es una condena.
Todavía estamos a tiempo de elegir otro camino. Un camino donde cuidar la naturaleza no sea visto como un obstáculo, sino como lo que realmente es: la base material del desarrollo, la soberanía y el bienestar de nuestra Nación.
* Ex secretario de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación. Docente Unsam.
