Nuestro río, nuestra lucha

En la sesión del 25 de junio de la Cámara de Diputados de la Nación, referí, mediante una cuestión de privilegio, mi rechazo a la decisión del Gobierno nacional de privatizar el río Paraná por 25 años. Esto implica entregar un recurso estratégico a intereses privados y, fundamentalmente, extranjeros, con una fuerte incidencia de Estados Unidos en todo el proceso.

Especialistas advierten que profundizar el dragado de 34 a 44 pies alterará la dinámica del río, acelerará la erosión costera y afectará la biodiversidad, el acceso al agua y las economías regionales, como ya ocurrió en Victoria (Entre Ríos). La desregulación impactará negativamente en el cabotaje nacional y pondrá en riesgo puestos de trabajo.

Hoy, potencias como Estados Unidos y China mantienen control estatal sobre sus ríos por su innegable valor estratégico, logístico y comercial.

La decisión de Milei, plagada de irregularidades, responde a nichos corporativos que solo buscan incrementar su tasa de ganancias. Ya la primera convocatoria de la Vía Navegable Troncal, en diciembre de 2024, quedó sin efecto entre sospechas, denuncias y tironeos. A esto se sumó el Decreto 699/24, que eliminó el Ecovina, excluyendo a las provincias del litoral (Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Chaco, Santa Fe y Buenos Aires). Las inconsistentes declaraciones de Frigerio al respecto solo expusieron la falta de compromiso con los intereses locales.

Durante la Audiencia Pública del 3 de noviembre de 2025 –de la que participé–, se notó la ausencia de los funcionarios de Entre Ríos; el 90 % de los participantes rechazó los pliegos y señaló la falta de estudios de impacto ambiental y el incumplimiento del Acuerdo de Escazú, entre otras críticas. Pese a ello, el Gobierno convocó a una nueva licitación el 18 de diciembre.

Previo a la adjudicación, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) emitió un dictamen en mayo, advirtiendo graves irregularidades de la empresa Jan De Nul. Señaló la falta de Evaluación de Impacto Ambiental Integral, desigualdad entre oferentes, restricciones a impugnaciones y posibles consecuencias penales y administrativas.

Sin embargo, en un gesto oprobioso, el 20 de junio (Día de la Bandera) se publicó en el Boletín Oficial la adjudicación al consorcio Jan De Nul-ServiMagnus. Nunca estuvo tan explícito el sentido vendepatria de este Gobierno.

En el recinto cité antecedentes que fundamentan el federalismo para defender el Paraná. La Ley de Libertad de los Ríos (1997), clave para frenar la represa Paraná Medio.

Los fallos por los incendios de islas en 2008, dando lugar al Piecas-DP, demuestran el poder de la convocatoria popular frente a decisiones centralizadas que ponen en riesgo los bienes naturales.

Rechazamos que el control quede a cargo de un Consejo integrado por “usuarios”, donde prevalecen la Bolsa de Rosario y las cámaras portuarias, priorizando sus finanzas de espaldas al bien común. La envergadura de esta privatización exige la participación formal del Congreso y de las provincias. 

Siguen vigentes los proyectos para crear la Comisión Administradora del Río Paraná (4053-D-2025, de mi autoría) y la Comisión de Seguimiento de la Licitación (105-D-2026, de la diputada Propato).

Una premisa irrefutable: el río Paraná no es mercancía, aun cuando el agua dulce cotice en Wall Street desde 2020. Es el eje vertebrador de una región con inmensa riqueza y valor geopolítico. Delegar el control estatal es resignar nuestro desarrollo. Sostener la defensa de los ríos Paraná, Uruguay y Gualeguay es parte de la identidad entrerriana; por ello, decimos no al dragado a 44 pies y exigiremos el cumplimiento de las normativas.

Defender el Paraná frente a la entrega es defender la soberanía, el trabajo, la producción y la vida.

* Diputada nacional.