El Consejo de Estado de la República Popular China (RPC) aprobó una nueva regulación para las inversiones externas. La norma rige a partir del 1 de julio de este año y reemplaza los registros vigentes. El objetivo de estas disposiciones es centralizar la información y consolidar los documentos de diversas agencias que intervienen en el proceso de autorización como la Comisión de Desarrollo Nacional y Reforma (NDRC) y el Ministerio de Comercio (Mofcom).
Según la información disponible el propósito es resguardar los derechos e intereses de los inversores y sus inversiones externas, proteger la soberanía y la seguridad de China y promover “el desarrollo de alta calidad de las inversiones externas de acuerdo a la normativa legal”. La norma incluye no solo las inversiones de empresas sino también las de los residentes si sus “actividades comprenden una suma substancial de capital u operaciones dentro de la RPC”. La medida establece un mecanismo de revisión de las solicitudes para verificar que no afectan la seguridad incluyendo movimiento de capitales y personas.
La nueva regulación pareciera una respuesta a las restricciones de la Unión Europea y los Estados Unidos para las inversiones que incluyan transferencia de tecnologías consideradas sensibles. Sin embargo, son mucho más amplias porque abarcan las inversiones y su seguimiento para asegurar que sirvan a los propósitos de la política exterior de China.
El informe de OECD dice que el flujo de inversiones globales fue de 1.660.000 millones en 2025. Los principales destinos fueron Estados Unidos, China y Brasil mientras que los primeros inversores han sido Estados Unidos, China y Japón. La RPC, que fue uno de los principales receptores, se ha convertido en una de las fuentes más importante a partir del crecimiento de sus empresas que buscan expandirse más allá del mercado interno.
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Un informe de la empresa consultora EY, que efectúa un seguimiento de estas operaciones, indica que las inversiones externas alcanzaron 174.400 millones de dólares en el año 2025 con un aumento del 7,1% respecto al año anterior. Las inversiones dirigidas a los países miembros del B&R totalizaron 39.700 millones que implica un incremento del 17,6% y el 27% del total.
El mismo reporte destaca que los contratos de obra de operaciones en el exterior sumaron 289.200 millones, lo que representó un aumento del 8,2% sobre el año anterior. Los contratos en los países adheridos al B&R totalizaron 258.000 millones que hacen el 89% del total.
Las operaciones de Fusiones & Adquisiciones en América Latina estuvieron concentradas en Brasil (84% del total) y Perú. En Brasil, el Grupo CMOC, líder en la producción de cobalto y cobre, adquirió el 100% en dos minas de oro y el Grupo Puertos Mercantes (CPM) compro el 70% en una terminal de petróleo localizada en el Puerto de Acu en Río de Janeiro. Asimismo, la empresa estatal Cofco está ampliando la terminal de granos de San Pablo que triplicará la capacidad de embarque para reducir la dependencia de los Estados Unidos.
La empresa Byte Dance (Tik-tok) está desarrollando el primer centro de datos en la terminal portuaria Pecem en el nordeste respaldado por un fondo estatal de 2.200 millones en su primera fase; Alibaba lanzó su nube y la infraestructura de IA en Sao Paulo; China Telecom está operando dentro del Centro Ascenty para proveer IA y conectividad a empresas.
Las nuevas medidas y la orientación de las inversiones facilitadas por los acuerdos diplomáticos, destacándose el B&R, y la posibilidad de contar con financiamiento de entidades estatales, confirman la estrecha coordinación con la política exterior de la RPC. Al mismo tiempo, cabría preguntarse si la utilización de las empresas estatales o privadas condicionando sus inversiones no constituye también una forma de presionar sobre los países receptores para forzar una alineación en la batalla geopolítica que libra con los Estados Unidos. La respuesta es obvia.
