La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, que debe definir si los damnificados por el criptoactivo $LIBRA pueden volver a la causa en la que fueron sobreseídos Javier y Karina Milei, quedó con dos de sus tres integrantes recusados. Primero fue Mauricio Novelli, uno de los principales imputados, que pidió apartar a la jueza Ángela Ledesma por su pertenencia al consejo consultivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Ahora, uno de los damnificados recusó al juez Guillermo Yacobucci porque su hijo, Ignacio Martín Yacobucci, fue designado en un cargo jerárquico del Ministerio de Justicia que conduce Juan Bautista Mahiques.
Lo que está en juego es la posibilidad de reabrir la causa. El expediente investiga presuntas maniobras de estafa, abuso de autoridad y tráfico de influencias en torno al lanzamiento de $LIBRA, el token que Milei promocionó en su cuenta de X el 14 de febrero de 2025 y cuya cotización se desplomó horas después, con pérdidas para quienes lo habían comprado. El 23 de octubre, a pedido del fiscal Eduardo Taiano, el juez Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a todos los imputados, después de que las querellas particulares fueran apartadas del expediente . Esa resolución no está firme: si Casación reconoce a los damnificados como parte, podrán impugnar el sobreseimiento con legitimación propia, en paralelo a la apelación de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Por eso la integración de la Sala II se volvió una pieza clave de la disputa.
El planteo de Novelli contra Ledesma
Novelli, con el patrocinio del abogado Daniel Rubinovich, recusó “con causa” a Ledesma, que había fallado a favor de que dos damnificados por la operación con criptomonedas pudieran ser querellantes. En su escrito señaló que el INECIP y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) “requirieron en cinco oportunidades la citación de personas a prestar declaración indagatoria”, algo que el fiscal Eduardo Taiano nunca admitió y que, en consecuencia, no prosperó. También destacó que en julio de 2025 ambas organizaciones pidieron la indagatoria del presidente Javier Milei.
Para Novelli, existe una “vinculación institucional actual y documentada” entre Ledesma y el INECIP, aunque reconoce en el documento que presentó ante la Justicia que la jueza no participa en las deliberaciones internas de la entidad ni contribuye a la elaboración de sus pronunciamientos públicos.
El imputado se refiere, además, al lazo entre el INECIP y el CIPCE, que solicitó ser querellante en la causa, tal como informó PERFIL. Según reveló elDiarioAR este domingo, Ledesma es la única jueza de Casación que tiene 74 años, por lo que le queda menos de uno en el cargo antes de la jubilación, salvo que el Gobierno tenga la voluntad de enviar su pliego al Senado para extender su función por otros cinco años.
El hijo de Yacobucci en Justicia
El escrito contra Yacobucci lo presentó el querellante Juan Patricio Marchetto, con el patrocinio de los abogados Nicolás Rechanik y Juan Grabois. Sostiene que la Disposición 439/2026, publicada en el Boletín Oficial el 29 de septiembre, puso al ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) al frente del Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Ese cargo es de libre designación, depende de la Unidad Ministro y fue otorgado un mes antes de que el juez Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyera a todos los imputados, el 23 de octubre. Ignacio Yacobucci había dejado la UIF en enero de 2025, tras un enfrentamiento con el entonces ministro Mariano Cúneo Libarona, y volvió a la cartera con la llegada de Mahiques.
Según la querella, el hijo del camarista trabaja en el mismo ministerio del que dependen la unidad de investigación creada por el Decreto 114/2025 y la Oficina Anticorrupción. La OA concluyó en junio de 2025 que el Presidente no había violado la Ley de Ética Pública, y ese dictamen fue valorado en el sobreseimiento. El escrito también recuerda que Mahiques calificó de “imprudencia” acusar a Milei de participar en una estafa y que consideró “sumamente grave” la filtración de los peritajes del celular de Novelli, un argumento que luego usó el juez de primera instancia para cerrar la causa.
La querella aclaró que su planteo no cuestiona el voto en disidencia de Yacobucci ni su honorabilidad, sino un hecho posterior y verificable. Para demostrar que la causal surgió después, recordó que la Sala II, con los mismos tres jueces, ya intervino en el expediente sin que nadie la recusara: el 29 de abril de 2025, cuando rechazó un recurso de Novelli contra la admisión de los querellantes, y el 23 de octubre de ese año, en un incidente de embargo. También tomó distancia de la recusación contra Ledesma, a la que describió como una reacción al voto de la jueza y no como un hecho nuevo.
Quiénes podrían reemplazar a Ledesma y Yacobucci
Con las recusaciones a ambos jueces, quienes deben decidir sobre la permanencia de Ledesma y Yacobucci son Alejandro Slokar, el único integrante de la Sala II no cuestionado, y dos jueces más que se deberán sortear entre los demás miembros de Casación. Uno de ellos es Carlos “Coco” Mahiques, padre del ministro de Justicia y jefe directo del hijo de Yacobucci. Padre e hijo viajaron a Lago Escondido en octubre de 2022.
Este año, tanto el fiscal Taiano como el juez Martínez de Giorgi y los jueces de la Cámara Federal Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola excluyeron a las querellas particulares y convalidaron el cierre de la causa, que terminó con el sobreseimiento de los hermanos Javier y Karina Milei, de Novelli, de Hayden Davis y del resto de los imputados.
A comienzos de mes, con los votos de Slokar y Ledesma, la Sala II de Casación admitió la apelación de los particulares que se presentaron como damnificados por haber invertido en $LIBRA. Los inversores señalaron que confiaron en la palabra del presidente Milei, que el 14 de febrero de 2025 publicó un tuit en el que invitaba a invertir en el criptoactivo.
Ahora, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) quiere intervenir en el expediente para intentar reponer el trabajo que Taiano no hizo. El sobreseimiento no está firme y, si prospera alguna de las recusaciones, cambiará la composición del tribunal que debe decidir si las víctimas pueden impugnar el cierre.