La causa por la criptomoneda $LIBRA, que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi cerró hace doce días con el sobreseimiento de Javier Milei, de Karina Milei y de otros nueve imputados, tuvo este miércoles su primera novedad favorable para quienes buscan reabrirla. La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a un recurso de queja de dos inversores, Vladislav Andreevich Lapchenko y Sviatlana Vitalievna Krasutskaya, a quienes la Justicia les había negado la posibilidad de ser querellantes.
La resolución, a la que accedió PERFIL, no reabre la investigación ni anula el sobreseimiento: habilita al máximo tribunal penal del país a revisar si las víctimas pueden ser parte en el expediente. Si la respuesta es afirmativa, podrían volver a impulsar una causa que hoy solo sigue abierta por la apelación de una fiscalía especializada.
La decisión se tomó por mayoría. El juez Alejandro Slokar sostuvo que los agravios planteados podrían “constituir algunas de las causales” del artículo 456 del Código Procesal Penal, el que fija los motivos por los que se puede recurrir en casación. La jueza Angela Ledesma adhirió y agregó que se había alegado una “cuestión federal suficiente para habilitar la instancia”. Guillermo Yacobucci votó en disidencia: para él, la queja debía declararse inadmisible, con costas para los recurrentes.
El tribunal resolvió entonces “conceder el recurso de casación” contra la decisión de la Sala I de la Cámara Federal porteña, que había confirmado el rechazo dispuesto por el Juzgado Federal N° 8. El expediente será recaratulado, se sorteará su trámite en Casación y las partes serán emplazadas para presentar sus argumentos.
El paso es procesal, pero no menor. El recurso de queja es la vía que queda cuando el tribunal inferior se niega a elevar una apelación: en este caso, la Sala I, integrada por Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, había considerado que los argumentos de los inversores no alcanzaban para llegar a Casación. Slokar y Ledesma entendieron lo contrario. Lo que todavía no hay es una decisión de fondo: el tribunal deberá resolver ahora si la exclusión de los damnificados fue correcta y, en caso de revocarla, ordenar que se los tenga como parte.
La exclusión de las víctimas fue el camino que llevó al cierre del expediente. El 3 de julio, Martínez de Giorgi aceptó un planteo de la defensa de Mauricio Novelli, el trader señalado como principal imputado, y apartó a los querellantes, entre ellos el grupo encabezado por Martín Romeo y el que patrocinaba el equipo jurídico del diputado Juan Grabois. En diciembre de 2025, la Corte Suprema había rechazado un intento similar contra la querella de Grabois. El 4 de septiembre, en su primer día con la nueva integración, la Sala I confirmó el apartamiento con un argumento que anticipó el desenlace: según los camaristas, la hipótesis de un plan organizado desde el Gobierno junto con los desarrolladores del token estaba “diluida”, y los compradores habían operado en “una actividad de alta volatilidad, sin regulación financiera”, sin identificar “el ardid o la afirmación falsa concreta” que los llevó a invertir. A fines de septiembre, la misma Sala declaró inadmisibles los recursos con los que Romeo y otros tres inversores intentaron llegar a Casación.
Sin querellantes, la causa quedó en manos del fiscal Eduardo Taiano, que pidió el sobreseimiento de todos los imputados. Martínez de Giorgi lo dispuso el viernes 23 de octubre. Entendió que los hechos no constituían delito y que la publicación de Milei en X del 14 de febrero de 2025, en la que promocionó el token antes de que su cotización se desplomara, fue hecha a título personal, sin carácter institucional ni uso de recursos públicos. Además de los hermanos Milei, fueron sobreseídos Novelli, su madre y su hermana, el empresario estadounidense Hayden Davis, el singapurense Julian Peh, Manuel Terrones Godoy, el exasesor de la Comisión Nacional de Valores Sergio Morales, Favio Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.
$Libra: la PIA apeló el cierre y pidió reabrir la investigación
Lo que mantiene viva la discusión hoy es la apelación de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que conduce el fiscal Sergio Rodríguez. A pedido del CIPCE y del INECIP, que intervienen como amigos del tribunal, la PIA se presentó para asumir la acción penal que Taiano había abandonado. Sostuvo que la investigación está incompleta, con medidas pendientes como “la reconstrucción de la trazabilidad de los fondos” y el análisis de comunicaciones y posibles acuerdos comerciales, que los indicios se valoraron “de manera aislada” y que la conducta del Presidente debía examinarse también bajo la figura de negociaciones incompatibles con la función pública. Las dos organizaciones objetaron, además, que no se haya escuchado a las víctimas antes de los sobreseimientos, como prevén el Código Procesal Penal Federal y la Ley de Víctimas. Ese pedido debe resolverlo el juez Daniel Rafecas, que está a cargo del Juzgado N° 8 por la licencia de Martínez de Giorgi, y que ahora es promovido a otra vacante judicial en Casación.
La resolución de este miércoles suma, así, un segundo frente. Si Casación reconoce a Lapchenko y Krasutskaya como querellantes, tendrían legitimación propia para cuestionar el cierre de la causa, con independencia de lo que decidan Rafecas o la Cámara Federal sobre la PIA. Ese es el punto que destacan los abogados de las víctimas, que calificaron el fallo como un “punto de inflexión”. Por ahora, sin embargo, la respuesta a la pregunta de si $LIBRA vuelve a investigarse sigue siendo no: el expediente está cerrado, el Presidente y su hermana están sobreseídos y la última palabra quedó repartida entre un juez subrogante, la Cámara que confirmó la exclusión de las víctimas y una sala de Casación que acaba de aceptar revisarla.
MC
