El Gobierno explicó por qué militarizó la Quinta de Olivos y habló de amenazas a funcionarios
El vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que el cambio en el esquema de seguridad de la residencia respondió a amenazas contra funcionarios de primer nivel y a la próxima visita del papa León XIV. También se refirió a las cifras de extranjeros expulsados mencionadas por Javier Milei.
El Gobierno explicó este martes 29 los motivos por los que decidió modificar el esquema de seguridad de la Quinta de Olivos y poner a la Casa Militar al frente de las funciones que hasta ahora estaban bajo una estructura civil. El vocero presidencial, Adrián Ravier, vinculó la decisión con amenazas recibidas por funcionarios de primer nivel y con los preparativos para la visita del papa León XIV a la Argentina.
“Estos cambios obedecen a dos factores de riesgo: amenazas a funcionarios de primer nivel que hemos recibido y la visita del papa León XIV”, sostuvo Ravier durante su conferencia de prensa en la Casa Rosada. La explicación se produjo luego de que el presidente Javier Milei afirmara que la residencia presidencial funciona actualmente como una “base militar” por cuestiones de seguridad.
Según explicó el vocero, la Casa Militar asumió la responsabilidad integral de la seguridad de Olivos, además de las residencias transitorias utilizadas por el Presidente y su familia. El traspaso de responsabilidades y bienes había sido anunciado por el Gobierno con un plazo máximo de 60 días.
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La decisión también contempla la disolución de la administración general de la Residencia Presidencial de Olivos y la separación de las funciones de seguridad, administración y control. De acuerdo con la explicación oficial, el objetivo es reducir la estructura formal y la cantidad de personal que permanece en el predio, además de concentrar en la Casa Militar las tareas vinculadas con la protección presidencial.
Amenazas, seguridad y la visita del Papa
Ravier sostuvo que existe un “clima de conflictividad sobre la seguridad” y que el Gobierno considera que atraviesa un escenario de riesgo que justifica las modificaciones implementadas en Olivos. Entre los antecedentes mencionados por funcionarios oficiales aparecen las amenazas contra Diego Kravetz, número dos de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), y distintos episodios vinculados con amenazas de bomba en la Casa Rosada.
Adrian Ravier
El Gobierno también había señalado previamente que la llegada del papa León XIV implicará un movimiento importante de personal externo para realizar obras y acondicionar la residencia para la visita oficial. Por ese motivo, la Casa Rosada había incluido el viaje papal entre los factores que motivaron el refuerzo del operativo de seguridad presidencial.
La modificación del esquema en Olivos había comenzado días atrás con el desplazamiento de personal civil que cumplía funciones en la residencia. La Casa Militar quedó a cargo del nuevo dispositivo, en una reorganización que el Gobierno vinculó oficialmente con la necesidad de elevar los estándares de seguridad.
Las declaraciones de Ravier también estuvieron relacionadas con los dichos de Milei sobre la cantidad de “terroristas” expulsados de la Argentina. El Presidente había asegurado el domingo que durante 2025 el Gobierno había expulsado a 10.000 personas y que durante 2026 ya había expulsado a otras 20.000.
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Sin embargo, los datos oficiales del Ministerio de Seguridad citados en la conferencia registran 744 expulsiones y 18.947 impedimentos de ingreso. Ante la diferencia entre esas cifras y las mencionadas por Milei, Ravier explicó que no todas las personas a las que se refirió el Presidente eran necesariamente terroristas.
El vocero sostuvo que “parte de ellos sí” eran terroristas y que otra parte correspondía a personas que no cumplían con los requisitos de ingreso al país. Además, indicó que el 72,3% de los casos correspondía a extranjeros rechazados o no admitidos por perfiles considerados de riesgo, condenas detectadas o incumplimientos de los requisitos migratorios.
Según la explicación oficial, la diferencia con los cerca de 30.000 casos mencionados por Milei estaría vinculada con otras 10.000 personas que habían sido bloqueadas antes del 1° de diciembre de 2025 y que no aparecen contempladas en el informe utilizado para las cifras actuales.
RG/ML