El Gobierno justificó el amarre del buque británico en Ushuaia y crece la tensión con Tierra del Fuego
La Casa Rosada aseguró que la operación del VS Promise contó con una autorización previa y rechazó los cuestionamientos de la Provincia. El caso vuelve a poner bajo la lupa la intervención nacional del puerto.
El amarre del VS Promise en Ushuaia generó una disputa entre el Gobierno de Javier Milei y la administración de Gustavo Melella. Mientras Tierra del Fuego cuestionó la presencia del buque de bandera británica, desde Nación defendieron la operación y remarcaron que la embarcación había recibido una autorización para trabajar en la zona.
"El accionar del buque no viola ninguna ley. La Ley provincial existente indica que los buques asociados a Inglaterra no pueden amarrar en puertos fueguinos si están trabajando desde la cuenca Malvinas. En este caso esa ley no aplica en tanto la Ley Gaucho Rivero no prohíbe indiscriminadamente el ingreso a puerto fueguino de todo buque vinculado al Reino Unido", defendió Adrián Ravier en su conferencia de prensa en la Casa Rosada de este martes.
"Es decir, el barco no solo venía de trabajar en Argentina, sino que venía de la propia provincia de Tierra del Fuego. A su vez, la monoboya es jurisdicción provincial, por lo que fue el propio Gobierno fueguino quien avaló el ingreso del buque en primer lugar", continuó.
La discusión excede la presencia del petrolero y vuelve a poner el foco sobre el Puerto de Ushuaia, cuya administración fue intervenida por el Gobierno nacional a comienzos de año a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN).
La particularidad del caso es que la intervención había sido justificada por Nación, entre otros argumentos, por la importancia estratégica de la terminal para los intereses argentinos en el Atlántico Sur. Ahora, la decisión de habilitar la operación de un buque con bandera británica generó cuestionamientos sobre la aplicación de ese criterio.
Desde la Casa Rosada rechazaron que el episodio implique una cesión o afectación de la soberanía argentina. Según la explicación oficial, el VS Promise no llegó desde las Islas Malvinas ni realizó tareas vinculadas con la explotación de recursos en el archipiélago.
El Gobierno destacó que la embarcación había operado previamente en territorio argentino y que su llegada a Ushuaia se produjo después de realizar actividades vinculadas con la carga de petróleo en la zona norte de Tierra del Fuego.
El argumento oficial apunta así a separar la bandera del buque de la cuestión de soberanía sobre las Islas Malvinas. La provincia, en cambio, considera que la presencia de una embarcación británica en el puerto de la capital fueguina resulta incompatible con la normativa provincial y con la sensibilidad que rodea al reclamo argentino.
El conflicto tiene además una dimensión judicial. Tierra del Fuego cuestiona ante la Justicia la intervención de la terminal portuaria y reclama recuperar su administración. La disputa se convirtió en uno de los principales puntos de enfrentamiento entre el gobernador Gustavo Melella y la Casa Rosada.
La controversia también vuelve a poner sobre la mesa la denominada Ley Gaucho Rivero, la normativa provincial que restringe el amarre y abastecimiento de embarcaciones de bandera británica en territorio fueguino. El Gobierno provincial sostiene que esa legislación continúa vigente y cuestiona que la administración nacional del puerto haya autorizado una operación que, según su interpretación, entra en conflicto con esa norma.
El cruce se produce, además, en un contexto de creciente discusión política sobre la posición del Gobierno de Milei frente a la cuestión Malvinas y su política hacia el Reino Unido. El caso del VS Promise vuelve a llevar esa discusión al centro de la escena y profundiza la tensión entre la Casa Rosada y el gobierno fueguino.
RG/ML
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