El Gobierno pidió profundizar la investigación al Polo Obrero
La Unidad de Información Financiera reclamo que se haga una pericia contable a la organización encabezada por Eduardo Belliboni.
La Unidad de Información Financiera requirió ampliar el objeto del expediente que tiene procesado a Eduardo Belliboni y a otros dirigentes del Polo Obrero por administración fraudulenta y amenazas coactivas. El organismo que encabeza Ignacio Yacobucci reclamó que todos sean indagados nuevamente, pero por el delito de lavado de activos.
En el escrito presentado ante el Juez Sebastian Casanello, el Director de Litigios Penales de la UIF, Mariano Ezeyza, sostuvo que las maniobras por las que es Investigado el Polo Obrero, van más allá de la defraudación pues la firma Ediciones e Impresiones Rumbos S.R.L. se usó como instrumento para blanquear dinero obtenido cualquiera que haya sido el destino de los fondos.
Citando el criterio de Casanello, el organismo antilavado que actua como querellante en la causa, plantea que varias de las maniobras que surgieron con posterioridad no se enmarcan en la defraudación como delito continuado “sino el comienzo de ejecución del delito de lavado de activos”.
En ese marco, la UIF puso en la mira no solo la facturación apócrifa y simulación de gastos no concretados, sino también si en el curso de la investigación se de por acreditado que parte del dinero producto de maniobras extorsivas, haya sido introducido al circuito legal mediante un mecanismo de blanqueo.
Finalmente, Ezeyza exigió que se realice una pericia contable de las rendiciones de cuentas y documentación bancaria relativas a la Asociación Civil Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor Ltda.
En tanto, la Cámara Federal Porteña se expedirá en los próximos días sobre la apelación de Bellini y otros al procesamiento que le dictó el Juez Casanello. El líder del Polo Obrero se presentó en Comodoro Py el pasado 24 de septiembre reclamando que se declare la nulidad absoluta de la decisión del magistrado del cual sostuvo fue “a las apuradas y sin debida fundamentación como corolario de una serie de violaciones al derecho de defensa, el ocultamiento de prueba y negativas a las peticiones de la defensa carentes de sustento”.
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