La baja del Ejecutivo a una reunión de la Corte, una nueva contienda contra Rosenkrantz

Pautado para este juevea a las 15, el zoom al que convocó el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, en el marco de la Comisión para la Coordinación y Agilización de las Causas por Delitos de Lesa Humanidad, que conforman los tres poderes del Estado, no contará con la presencia del Ejecutivo Nacional. Todo un signo en estos tiempos convulsionados entre el oficialismo y la Corte en general, pero más aún con la figura de Rosenkrantz en particular, a quien un sector del partido gobernante le pidió el juicio político, haciendo hincapié precisamente en su rol en lo referente a causas de este tipo. Entonces la avanzada provino del entorno de Cristina Fernández de Kirchner, y se trató de una postura de la que desde el “albertismo” se buscó tomar distancia. Por eso mismo, la decisión de la ministra Marcela Losardo de bajarse del encuentro de hoy es aún más significativa. Losardo es una persona de extrema confianza del presidente, de quien no sólo es amiga personal sino también ex socia en un estudio jurídico, y no goza de la simpatía de la vicepresidenta. Todo lo cual no dejó de ser leído como una fuerte señal tanto puertas afueras como adentro del Palacio.

El encuentro fue pautado para tratar temas vinculados a juicios y expedientes de lesa humanidad. Las invitaciones se cursaron el 1 de octubre pasado y según pudo saber PERFIL, al día siguiente Losardo confirmó su asistencia. Por ese motivo ayer a la noche sorprendió su baja, la cual se hizo pública a través de un comunicado difundido por la cuenta de Twitter y la web de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Horacio Pietragalla, quien también estaba invitado y tampoco asistirá. No es la primera vez que la dependencia toma más protagonismo que el propio ministerio, aunque fuentes del ministerio explicaban que era lo “natural” por tratarse de temas vinculados al área que la información saliera desde allí. 

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En el encuentro de este jueves se espera que sí se conecten: Rosenkrantz; el Procurador General interino, Eduardo Casal; la titular del área de Lesa Humanidad de la Procuración, Ángeles Ramos; la titular de la Cámara de Casación Federal, Ángela Ledesma; el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones; Stella Maris Martínez, defensora general de la Nación, y representantes de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), así como del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otros organismos. En tanto que de los representantes del legislativo no habían aún recibido respuesta sobre la senadora Anabel Fernández Sagasti y el diputado Hugo Yaski, también invitados al encuentro virtual.

A la hora de declinar la invitación, desde la Secretaría de DDHH explicaron en su misiva a Rosenkrantz: “nos dirigimos a Ud. respetuosamente para declinar su invitación a la próxima reunión de la Comisión para la Coordinación y Agilización de las Causas por Delitos de Lesa Humanidad (“Comisión Interpoderes”)”. Tras lo cual agregaron que “a criterio de los representantes del Poder Ejecutivo Nacional convocados, no están dadas las condiciones para que este imprescindible espacio de articulación entre todas las agencias del Estado involucradas en el avance de los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en nuestro país pueda funcionar de modo adecuado”.

La Comisión Interpoderes fue creada por la Corte en el año 2008, con el objetivo de que entre los tres poderes del Estado se coordinarán, de manera periódica, las acciones para llevar adelante el proceso de juicios cometidos durante la última dictadura.

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En la carta también se reseñó que la última reunión fue en septiembre de 2016 y que desde entonces “el desempeño de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en esta materia ha sido de enorme retroceso”. Tras lo cual consignaron que, en ese contexto, “la repentina convocatoria a una nueva reunión por parte de la Presidencia de la Corte, tras varios meses de insistencia de los organismos de derechos humanos —que son los verdaderos faros en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia—, no deja de resultar oportunista”.

“El proceso de memoria, verdad y justicia necesita una Corte Suprema realmente comprometida; que, por ejemplo, resuelva cuanto antes las decenas de causas emblemáticas por crímenes de lesa humanidad que se encuentran a su estudio hace ya varios años, como la de la “Masacre de Trelew”; la de la “Masacre de Capilla del Rosario”; o la de “Feced II”. A pesar de los reiterados pedidos de pronto despacho, el tribunal tampoco ha dictado sentencia en la causa conocida como “La Noche del Apagón”, en la que debe determinar la situación procesal de Carlos Pedro Tadeo Blaquier (de más de 90 años) y Alberto Enrique Lemos, ambos directivos de la empresa Ledesma”.

La alusión a varios de esos casos es precisamente la que también se consignó en el pedido de juicio político presentado contra Rosenkrantz por parte de la diputada y consejera del oficialismo, Vanesa Siley. La presentación se hizo pocos días después de que Rosenkrantz convocara a un acuerdo para tratar el Per Saltum presentado por los jueces trasladados a quienes el kirchnerismo busca devolver a sus puestos. 

CP