La Corte Suprema aceptó intervenir en el reclamo de Santa Cruz por fondos del Consenso Fiscal y rechazó una cautelar
La provincia exige casi $600 millones que, sostiene, el Estado nacional no transfirió entre 2023 y 2024. El máximo tribunal pidió respuesta al Gobierno y desestimó el pedido urgente de pagos.
La Corte Suprema de Justicia decidió abrir formalmente una causa impulsada por el gobierno de Santa Cruz contra el Estado Nacional por el incumplimiento de las compensaciones establecidas en el Consenso Fiscal 2017. La provincia reclama unos $589,3 millones, correspondientes a recursos que —según sostiene— dejaron de enviarse durante 2023 y en los primeros meses de 2024.
El planteo, presentado por el gobernador Claudio Vidal, se basa en el acuerdo firmado en 2017 entre la Nación y las provincias, mediante el cual el Estado nacional se comprometió a girar transferencias diarias y automáticas para compensar la caída de ingresos generada por cambios en el Impuesto a las Ganancias y en el tributo a los créditos y débitos bancarios. Esos fondos, además, debían destinarse a obras de infraestructura sanitaria, educativa, productiva y vial, y actualizarse cada trimestre según la inflación.
Santa Cruz reclamó que el Estado nacional dejó sin efecto esos envíos y pidió una medida cautelar innovativa para que se reestableciera de inmediato el flujo de dinero mientras avanzaba el proceso judicial. Argumentó que la falta de recursos afectaba proyectos esenciales y generaba “un daño actual” para la población.
La Corte rechazó la cautelar y pidió información al Estado
Tras escuchar la opinión del Procurador General, el máximo tribunal —integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— resolvió rechazar la cautelar. Sostuvo que los elementos aportados por la provincia no permiten demostrar las condiciones necesarias para dictar una medida urgente de esa magnitud.
“Los antecedentes disponibles no alcanzan para acreditar los presupuestos de admisibilidad”, señalaron los jueces. Afirmaron además que ordenar una transferencia anticipada “excede el marco de lo hipotético propio de una medida cautelar”, y que la provincia no demostró perjuicios irreversibles que no puedan corregirse con un fallo definitivo.
En paralelo, la Corte declaró su competencia originaria para tratar la demanda y ordenó correr traslado al Estado Nacional, que tendrá 60 días para contestar por la vía del proceso ordinario.
La disputa abre un nuevo capítulo en la relación fiscal entre Nación y provincias, en un contexto de tensiones por la distribución de fondos y el cumplimiento de los acuerdos intergubernamentales firmados en la última década.
LB/DCQ