La Corte Suprema de Justicia determinó la inconstitucionalidad de dos artículos del decreto 70/2023 del gobierno de Javier Milei que revocaron el control estatal sobre los valores de las cuotas de prepagas y ordenó que el Estado Nacional vuelva a asumir ese rol. El máximo tribunal advirtió que “no basta con 'invocar una emergencia genérica'” como lo hizo el Ejecutivo en ese DNU “sino que resulta necesario justificar 'la emergencia y la necesidad urgente de las distintas medidas que se adoptan en el decreto'”.
Es un hito, ya que es la primera decisión de la Corte Suprema que dispone la inconstitucionalidad de artículos del mega DNU 70/23. El eje del fallo es la falta de justificativos para aplicar legislar sin el Congreso vía decretos.
"Esta Corte ha señalado en reiteradas oportunidades que cabe descartar de plano criterios de mera conveniencia del Poder Ejecutivo que, por ser siempre ajenos a circunstancias extremas de necesidad, no justifican nunca la decisión de su titular de imponer un derecho excepcional a la Nación en circunstancias que no lo son", se señala airadamente en el escrito, "pues el texto de la Constitución Nacional no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto".
En varios pasajes del fallo se refuerza esta idea. "El Poder Ejecutivo se limita a fundar las medidas en la sola afirmación de que existe una 'crisis del sistema de salud' que exige 'aumentar la competitividad del sistema' para lo cual 'se deben liberar las restricciones de precios al sistema de medicina prepaga'", señala la Corte en su resolución. "Estas consideraciones genéricas no demuestran mínimamente la existencia de una situación que sea de una urgencia tal que deba tratarse inmediatamente en un plazo incompatible con el trámite normal de una ley".
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“Los considerandos del decreto 70/23 no hacen siquiera el intento de mostrar que exista una relación concreta entre la emergencia económica y social y la necesidad de suprimir las facultades de control de la autoridad de aplicación; no surge de sus términos ninguna explicación de por qué la eliminación de dichas potestades resulta necesaria y urgente para paliar la alegada ‘crisis económica y social del país’“, sostuvieron los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
En consecuencia, la Corte confirmó “la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del decreto 70/23, sin que lo resuelto implique, ni pueda implicar en modo alguno, emitir opinión respecto de otros aspectos del decreto y su posible justificación, los que, eventualmente, serán analizados en los casos concretos que se presenten y lleguen a este Tribunal”.
La causa por el aumento de Swiss Medical
La causa en la que la Corte falló fue iniciada por una ciudadana, María Del Carmen Bobbio, quien denunció a la empresa Swiss Medical luego de sufrir un aumento del 110 por ciento en el valor de su cuota entre diciembre 2023 y febrero de 2024. En consecuencia, la mujer reclamó a la Justicia que dictara la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/23, que derogaron el artículo 5 inciso g y sustituyeron el artículo 17 de la ley 26.682, los que reglamentaban el control estatal respecto de los valores de las cuotas de los planes de servicios de salud. Según calculó Bobbio, bajo esa reglamentación el aumento permitido habría sido solo de 6,26 por ciento.
La causa tuvo un largo derrotero. En primera instancia, el juez rechazó la acción de amparo; la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó la sentencia, declaró la inconstitucionalidad de esos artículos, mandó a la empresa a limitar los aumentos de las cuotas según el Índice de Precios al Consumidor y al Estado a determinar el valor de la cuota según indica la ley. Según sostuvo, el DNU dejaba “librados a los usuarios al fenómeno de la cartelización de mercado de salud” y una decisión de esa naturaleza sólo podía hacerla el Congreso Nacional. Añadió que no estaba probada la necesidad y la urgencia. Pero tanto la empresa como el Estado Nacional apelaron el fallo.
En sus argumentos, los jueces citaron un reciente fallo en la causa conocida como “Cencosud” para invalidar el uso de decretos como herramienta del Poder Ejecutivo para legislar. “La Constitución Nacional no deja dudas acerca de que la admisión del ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo se hace en condiciones de rigurosa excepcionalidad y con sujeción a exigencias formales que constituyen una limitación y no una ampliación de su práctica anterior”, sentenciaron.