El Gobierno no logra firmar dictamen por la Ley Malvinas y propone cambios que "no alcanzan" para la oposición

El Gobierno llevó este miércoles su reclamo por Malvinas a un tribunal internacional y, pocas horas después, volvió a trabarse en Diputados con su proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como Ley Malvinas, que pasó por un nuevo plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Culto y Legislación Penal, el cuarto desde que empezó el debate, y sigue sin dictamen en medio de las acusaciones de la oposición en muchos artículos sensibles en materia de Defensa que LLA insiste en mantener. 

Según pudo saber PERFIL, el plan de La Libertad Avanza era firmar el dictamen este miércoles para incluir el proyecto en el temario de la sesión ya convocada para el 21 de octubre, la semana próxima. Esa sesión nació para restarle fuerza a la que la oposición convocó para mañana, jueves 15, que además de buscar el rechazo del DNU 70/23 incluye discapacidad y endeudamiento familiar, dos temas que el Gobierno sumó también a la suya.

Ley Malvinas: el Gobierno rechaza partir el proyecto, ofrece una bicameral y posterga el dictamen en Diputados

La estrategia oficialista, en cambio, sigue siendo la de no ceder en lo central. Diputados de La Libertad Avanza confiaron a PERFIL que están dispuestos a modificar el artículo 111, uno de los más polémicos, que plantea duras sanciones a quienes generen campañas de "desinformación", sin una explicación objetiva de cómo juzgar dichos actos. No obstante, no detallaron qué tipo de cambios introducirían a ese artículo que algunos de UxP intuyen que está destinado a consultores extranjeros que trabajaron para el peronismo en el 2023. En el Gobierno, lo que rechazan es partir el proyecto y separar el primer título, los primeros 40 artículos, donde hay coincidencia en endurecer las sanciones a las empresas que explotan recursos en Malvinas.

"Ahí estamos de acuerdo, estamos dispuestos a discutir eso con algunas modificaciones, pero el resto estamos en contra", dijo a este medio el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.

El frente de críticas, otra vez, es el Consejo de Seguridad Nacional. Lo único que ofreció el Gobierno sobre ese punto es analizar una comisión bicameral de seguimiento de un organismo que dependería exclusivamente del Poder Ejecutivo. Lo expresó la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy: "Estamos analizando incorporar la creación de una comisión Bicameral de seguimiento del Consejo de Seguridad Nacional". Es la única funcionaria que fue al Congreso a hablar del proyecto. No lo hicieron el ministro de Defensa, Carlos Presti, ni el canciller, Pablo Quirno, otro de los reclamos de la oposición.

En paralelo, Quirno anunció en sus redes que la Argentina pidió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar que tome medidas provisionales para que el Reino Unido cese las acciones unilaterales en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas. Según el canciller, la presentación busca impedir el inicio o la continuidad de la explotación de hidrocarburos del proyecto Sea Lion en la plataforma continental, "en un hecho sin precedentes".

El plenario comenzó pasadas las 15.20, con carácter informativo y bajo la conducción del libertario Carlos Zapata, presidente de la comisión de Defensa. Solo un expositor llegó a horario: el resto de los invitados se excusó y dijo que se enteró "a último momento".

Habló el doctor en Relaciones Internacionales Marcelo De los Reyes, quien advirtió que el proyecto "mezcla peligrosamente la defensa con la seguridad nacional y con la inteligencia". Y planteó que "perdemos el tiempo y dinero cuando se cambian leyes según los gobiernos de turno".

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Después hablaron los diputados: por un lado, la integrante de la Coalición Cívica Mónica Frade dijo que "el corazón de este proyecto tiene que ver con el control social y político" y que "vamos a una deriva totalitaria", y la legisladora de izquierda Myriam Bregman lo comparó con una ley "basada en la dictadura de Onganía". El socialista Esteban Paulón le advirtió al oficialismo que "no intenten traficar ese Consejo de Seguridad, porque van a crear un estado de sitio no legislado".

Del otro lado, la libertaria Silvana Giudici defendió el proyecto con un argumento que aludía al propio frente que el Gobierno abrió en el Tribunal del Mar: "Ya está instalada la plataforma petrolera ilegítimamente. Por eso les pido a todos que dejemos las diferencias políticas de lado". La oficialista Patricia Vázquez fue en la misma línea: "Acá tendríamos que estar firmando todos con las dos manos, para defender a la patria".

Artículo 111, Título I y Consejo de Seguridad

El artículo 111 es el que mejor muestra el límite de la negociación. Incorpora al Código Penal la figura de la influencia extranjera indebida y prevé de 5 a 12 años de prisión para quienes financien o coordinen campañas de desinformación masiva destinadas a manipular la opinión pública. Para la oposición, y para varios dialoguistas, la redacción es tan amplia que puede afectar a la actividad periodística. Los radicales, entre otros, rechazan el artículo por afectar la libertad de prensa y de información.

El oficialismo, entonces, ofrece cambios sobre el artículo pero no sobre la estructura. Se trata de un proyecto de 133 artículos en el que el Título I, de 40 artículos, es el que tiene acuerdo parcial: allí se deroga la ley 26.659 y se crea un régimen de sanciones más amplio, con multas, inhabilitaciones y penas de prisión para quienes exploten recursos sin autorización argentina. El resto reforma seguridad, defensa, inteligencia y derecho penal. Unión por la Patria, Argentina Federal y Provincias Unidas pidieron dividirlo, y esta última prepara un dictamen propio.

El fallo de la Corte debilita la sesión opositora del 15 y el Gobierno prepara con sus aliados una super sesión en respuesta

Si el proyecto se parte, el Gobierno pierde su palanca: el Título I, que casi nadie quiere votar en contra, deja de arrastrar al Consejo de Seguridad Nacional y a las reformas de inteligencia. Con el texto unificado, los diputados deben aceptar o rechazar todo, aunque puedan proponer cambios durante la negociación.

El Consejo, presidido por el Presidente e integrado por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el titular de la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica, podría disponer medidas urgentes ante amenazas graves. Los aliados reclaman que no quede limitado al Ejecutivo sin intervención del Congreso, y la bicameral que ofreció Ibarzabal Murphy no alcanzó para destrabar la discusión.

La demora cambia el valor de la sesión del 21. El oficialismo la convocó para el miércoles a las 12, y el proyecto que encabeza su orden del día es Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que sumará un capítulo con límites a la venta de tierras a extranjeros. Malvinas, en cambio, quedó en duda: Martín Menem lo sacó del temario, aunque la Mesa Política que encabezó Karina Milei el martes lo habló con la meta de incluirlo.

Detrás de esa discusión está la sesión de mañana. El DNU 70/23, un pilar de la administración libertaria, no se puede rechazar por artículo sino completo. Si cayera, volvería la Ley de Alquileres, que derogó, y muchos aliados están en contra de esa ley aunque también rechazan la extranjerización de tierras que permitía el decreto. Es un lugar incómodo para los bloques que responden a gobernadores y que negocian con el Gobierno mientras se cuela el debate por las PASO y el Presupuesto 2027.

Por eso el 21 funciona como una salida: ofrece a esos bloques votar discapacidad y endeudamiento sin tocar el decreto. Con el quórum de mañana muy difícil para la oposición, el Gobierno gana tiempo para lo que le resulta más complicado: su Ley Malvinas.