Malvinas pasó a ser la prioridad en política exterior argentina desde que el gobierno de Javier Milei decidió accionar contra el Reino Unido en el Tribunal del Mar para frenar el proyecto León Marino (Sea Lion), la primera explotación petrolera del archipiélago prevista para enero de 2027. Una medida que no solo es necesaria sino que, más allá de su resultado a definirse en diciembre, es histórica, dado que implica la segunda presentación argentina ante un tribunal internacional desde la ocupación de las islas en 1833.
La idea detrás de la presentación de casi 50 páginas del escrito argentino ante la Convención del Mar (CONVEMAR), a la que accedió PERFIL, hace años está en carpeta en el Palacio San Martín. Incluso desde mayo de 2010, cuando la empresa británica Rockhopper Exploration descubrió el megacampo Sea Lion, ubicado a 220 kilómetros al norte de la Isla Soledad y a poco más de 400 de la provincia de Santa Cruz, en el marco de las exploraciones que empresas venían practicando con el aval de Londres desde la década de 1970, donde se advirtió la presencia de recursos hidrocarburíferos en el Atlántico Sur.
Quince años después, la administración británica de las Malvinas finalmente dio luz verde a la extracción del crudo con el aval de Downing Street, que recientemente no solo avaló la explotación sino que impulsó un paquete de medidas para blindar a las empresas que exploten esos recursos en medio de la ofensiva diplomática argentina.
El "efecto Lo Celso" en la presentación ante el Tribunal del Mar
Pero ahora el timing cambió y potenció la presentación argentina. A nivel macro, por la renovada competencia geopolítica que ubica a Argentina y el Atlántico Sur en un lugar central --por su ubicación estratégica, los recursos no renovables, minerales críticos y tierras raras, entre otros- que ubicó a Malvinas en el centro de la escena, apuntalado por la mención del presidente estadounidense Donald Trump. Sumado al "efecto Lo Celso", una frase que informalmente circula en algunos círculos diplomáticos en relación el impacto que tuvo el gesto del futbolista de la selección argentina Giovanni Lo Celso al agarrar el trapo con la inscripción “Malvinas Argentinas” después del agónico triunfo del partido de Argentina frente a Inglaterra por 2-0 en el Mundial FIFA 2026.
En ese contexto, el pasado 13 de octubre el gobierno nacional presentó formalmente la denuncia contra Londres dándole al Tribunal del Mar dos meses para que se expida sobre el proyecto Sea Lion, un proceso que incluye una réplica de Londres (que no está obligado pero puede hacerlo), la convocatoria de las partes y la eventual medida cautelar para frenar el proyecto "mientras exista una disputa" por la soberanía del archipiélago, como medida intermedia a la conformación del tribunal para que se expida finalmente. La decisión del Tribunal del Mar, en tanto, está prevista para diciembre, un mes antes del pautado comienzo de la explotación del yacimiento offshore ubicado a 220 kilómetros de la Argentina continental.
La parte histórica además tiene otro antecedente, según cuenta Marcelo Kohen, experto en derecho internacional y profesor emérito en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, Suiza. "Es la primera vez en la historia que Argentina decide demandar al Reino Unido por sus actividades en Malvinas. El único antecedente es la propuesta argentina de arbitraje en 1884 que el Reino Unido rechazó", sostuvo a PERFIL.
Los argumentos por Malvinas ante la CONVEMAR
La presentación argentina, considerada un "muy buen escrito" por una fuente que conoce de cerca el funcionamiento del Tribunal del Mar, tuvo una argumentación sólida en función de las resoluciones de la ONU que sostienen no solo que la Cuestión Malvinas es un "caso particular de descolonización", según la resolución 20/65 de las Naciones Unidas que reconoce la disputa entre Argentina y Reino Unido. Sino aquella que procura evitar la modificación unilateral del territorio, especialmente en recursos no renovables.
En tanto, la clave del escrito está en lo que no pide: que el Tribunal se expida sobre la soberanía. Argentina, en tanto, aclara que no le solicita al tribunal que decida quién es el titular de la plataforma continental, sino que preserve sus derechos mientras la disputa de soberanía siga abierta. Es decir: no pide que le den la razón sobre las islas, sino que nadie extraiga petróleo hasta que eso se resuelva.
"En 1976 la Asamblea general de la ONU pidió a las partes abstenerse de tomar medidas unilaterales mientras se desarrolla el proceso de descolonización, precisamente porque el Reino Unido había enviado una misión para evaluar la explotación petrolera", explicó Kohen.
Para eso, la Argentina formuló una serie de pedidos en donde se destaca: que el Reino Unido impida el comienzo o la continuación de la explotación en Sea Lion; que no use en perjuicio de Argentina la información obtenida en la exploración; que deje de impedirle cumplir sus obligaciones de proteger el ambiente marino; y que no tome otras medidas que agraven la disputa, en particular nuevos permisos, luego de la administración británica de las Malvinas extendiera las licencias el pasado septiembre hasta el año 2031. Además, le pide al presidente del Tribunal que convoque de urgencia a las partes.
Antecedentes: casos de la Fragata Libertad y Mauricio-Maldivas
El argumento del texto firmado por por el embajador Mario Oyarzábal, director general de Asuntos Jurídicos de Cancillería, y la embajadora argentina en Alemania, Betina Pasquali de Fonseca, se ancla en uno de los "triunfos" de la diplomacia argentina en relación a la Cuestión Malvinas. En 1976 la Asamblea General de la ONU pidió a las partes abstenerse de tomar medidas unilaterales mientras se desarrolla el proceso de descolonización, porque el Reino Unido había enviado una misión para evaluar la explotación petrolera. Se refiere a la Resolución 31/49, aprobada con 102 votos a favor, uno en contra y 32 abstenciones tras la misión Shackleton, que dio origen a un incidente que Argentina denunció ante el Consejo de Seguridad.
Además, el escrito suma la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre Chagos (2019) y el fallo de la Sala Especial del propio Tribunal de Hamburgo en el caso Mauricio-Maldivas, que reconocieron el rol central de la Asamblea General en los procesos de descolonización. La tesis argentina es que, si ese peso se admitió en Chagos, también debe contar al interpretar la CONVEMAR en el caso Malvinas.
Y hay un precedente más cercano en el tiempo: la misma vía procesal que Argentina usó en 2012, cuando acudió al Tribunal de Hamburgo por la Fragata Libertad, retenida en octubre de 2012 en Ghana por una cautelar del fondo buitre NML Capital. Kohen, que participó del proceso legal que resultó favorable a Argentina en el caso de la Fragata, resumió que, en el caso de Sea Lion, lo central de la presentación es lograr una medida previsional que frene el inicio de la extracción pautado para enero de 2027.
"El Tribunal de Hamburgo tiene competencia para cuestiones relativas a la CONVEMAR. La Argentina le pide que dicte medidas provisionales sobre la explotación de recursos no renovables de la plataforma continental objeto de controversia con el Reino Unido. Lo hace en el contexto del proceso de descolonización regido por las Naciones Unidas", indicó.
El riesgo ambiental, otro de los ejes
Otro tramo de la presentación argentina excede la dimensión política y abarca la protección del ambiente marino. Según el argumento, con el control de facto de la zona el Reino Unido le impide cumplir con sus obligaciones en el entorno marino basándose en información proporcionada por las propias empresas que operan en la zona.
En un plan de contingencia de 2015 presentado a las autoridades de las islas por Premier Oil, la modelización de un descontrol de pozo con el crudo de Sea Lion arrojaba un 30% de probabilidad de que el petróleo cruzara hacia aguas argentinas a los 30 días. Con un crudo más liviano, en el improbable caso de que apareciera, la probabilidad era del 100% a los 14 días. Ese año, además, falló la válvula de seguridad de un pozo exploratorio a unos 30 kilómetros de Sea Lion.
El escrito agrega que la zona es remota y hostil, con olas de hasta 30 metros en tormentas y puertos a entre 700 y 860 kilómetros. Y que ni la firma israelí Navitas Petroleum (responsable del 65% del proyecto) ni la británica Rockhopper operaron nunca un campo offshore en producción, por lo que que Sea Lion sería el primero.
Qué se define en diciembre
La decisión del Gobierno argentino de recurrir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) trata de una maniobra estratégica en la disputa de soberanía por las Islas Malvinas. Al judicializar de manera inmediata la luz verde que Londres otorgó al proyecto petrolero Sea Lion, Buenos Aires busca frenar la explotación de recursos en aguas en litigio, elevar el costo político para Londres, con el fin de llegar a una instancia de negociación internacional bajo el amparo del derecho marítimo global. Según el argumento, lo que resuelva Habsburgo de cara a diciembre no es el conflicto de fondo entre ambos estados, sino si se frena o no la explotación petrolera mientras se constituye un tribunal arbitral que se expida eventualmente sobre el tema.
