A pocos meses del comienzo previsto de las perforaciones petroleras en Malvinas, el Gobierno argentino solicitó al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) que ordene al Reino Unido suspender las actividades de explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, donde se desarrolla el proyecto Sea Lion. La presentación, realizada el 13 de octubre, busca obtener medidas provisionales mientras se tramita el arbitraje internacional iniciado por la administración de Javier Milei el 28 de septiembre. Argentina sostiene que Londres no puede autorizar unilateralmente la extracción de recursos naturales en una zona marítima cuyos derechos soberanos permanecen en disputa.
El proyecto Sea Lion está ubicado aproximadamente a 220 kilómetros al norte del archipiélago y es desarrollado por la petrolera israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration. Las compañías aprobaron la inversión para su primera etapa en diciembre de 2025 y tienen previsto comenzar las perforaciones a principios de 2027, mientras que el inicio de la producción está programado para 2028. Los trabajos preparatorios ya están en marcha e incluyen la construcción de infraestructura para recibir los equipos que serán utilizados en la extracción.
El Reino Unido da luz verde al proyecto Sea Lion para extraer petróleo de Malvinas
En su presentación de 49 páginas, Argentina sostiene que el inicio de las operaciones podría causar daños irreversibles sobre la plataforma continental antes de que se resuelva el arbitraje. El escrito advierte que las perforaciones modificarían físicamente el suelo y el subsuelo marino, mientras que la extracción afectaría recursos naturales no renovables cuya explotación es objeto de controversia. También plantea riesgos ambientales derivados de las actividades petroleras y cuestiona que el Reino Unido continúe otorgando autorizaciones sobre el área disputada.
Las cuatro medidas que Argentina pidió contra el Reino Unido
Argentina solicitó que Londres impida el comienzo o la continuación de la explotación de hidrocarburos mediante Sea Lion. También pretende restringir el uso de la información obtenida durante las tareas de exploración, para evitar que esos datos sean utilizados o transferidos a terceros en perjuicio de los derechos que reclama sobre el área. El tercer pedido exige que el Reino Unido no obstaculice el cumplimiento de las obligaciones argentinas de protección y preservación del medio marino, según los términos de la presentación.
La cuarta medida solicita que las autoridades británicas se abstengan de conceder nuevas licencias de explotación petrolera o adoptar decisiones que puedan agravar la disputa. El reclamo alcanza las autorizaciones sobre la plataforma continental, cuya validez Argentina desconoce por considerar que vulneran obligaciones internacionales. Entre los antecedentes mencionados figura la decisión de las autoridades de las islas de extender por cinco años los permisos vigentes para operaciones petroleras, anunciada el 21 de septiembre de 2026 y posteriormente rechazada por Buenos Aires.
La solicitud se ampara en el artículo 290, inciso 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), que permite adoptar medidas provisionales antes de que se constituya el tribunal arbitral encargado de examinar el conflicto. Para hacerlo, el TIDM deberá considerar preliminarmente que ese tribunal tendría competencia sobre la controversia y que existe una situación de urgencia, condiciones que todavía no fueron evaluadas mediante una resolución. Argentina sostiene que el litigio comprende obligaciones relativas a la interpretación y aplicación de la Convención, sin requerir una decisión sobre soberanía territorial ni una delimitación marítima entre ambos países. La urgencia se fundamenta en la proximidad de las perforaciones y el riesgo de que las actividades avancen antes de que el tribunal arbitral pueda intervenir.
Los plazos del Tribunal del Mar y la respuesta británica
El TIDM, con sede en Hamburgo, deberá convocar a las partes para escuchar sus argumentos antes de pronunciarse sobre las medidas solicitadas. Aunque las audiencias podrían celebrarse en noviembre, el organismo todavía no anunció una fecha oficial y comunicará próximamente el calendario del procedimiento. Una eventual resolución que ordene medidas provisionales tendría carácter obligatorio para las partes, pero no determinaría a qué país corresponde la soberanía sobre las Malvinas.
El Reino Unido rechazó el reclamo inicial argentino mediante una respuesta diplomática fechada el 11 de octubre, dos días antes de la presentación de las medidas provisionales ante el Tribunal del Mar. La nota británica respondió a la notificación del 28 de septiembre, mediante la cual Argentina había iniciado el arbitraje internacional y solicitado la suspensión de las actividades petroleras. La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Uma Kumaran, ratificó la posición de Londres ante el Parlamento británico el 13 de octubre y sostuvo que las autoridades de las islas tienen facultades para regular la explotación de sus recursos naturales. También confirmó que su Gobierno participará en el proceso judicial, aunque anticipó que cuestionará cualquier intento de utilizar la Convención para resolver la soberanía territorial, una materia que considera ajena a ese procedimiento. Según la funcionaria, el inicio del arbitraje no invalida las licencias existentes ni obliga a detener las operaciones.
Malvinas: Argentina recurrirá al Tribunal del Mar para denunciar a Londres por Sea Lion
Argentina fundamentó parte de su reclamo en las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La primera, aprobada en 1965, reconoció la existencia de una disputa de soberanía e instó a ambos países a negociar una solución pacífica, mientras que la segunda, de 1976, pidió evitar decisiones unilaterales que modificaran la situación durante ese proceso. Buenos Aires considera que las licencias petroleras británicas contradicen esos antecedentes, una interpretación que Londres rechaza al sostener que las autoridades de las islas pueden administrar sus recursos naturales.
El Gobierno británico anunció además que prepara medidas legales para proteger a las empresas vinculadas con Sea Lion frente a posibles sanciones argentinas. En una comunicación del 5 de octubre, Navitas Petroleum, operadora del proyecto, informó que trabaja para reemplazar a dos contratistas que dejaron de participar en las actividades, según un comunicado reproducido por Rockhopper Exploration. La empresa sostuvo que no espera consecuencias adversas significativas sobre el desarrollo petrolero, aunque reconoció que esa evaluación podría cambiar si no consigue reemplazos o se producen nuevas interrupciones. Por el momento, las compañías mantienen su objetivo de comenzar la producción de petróleo durante el primer trimestre de 2028.
DCQ
