Los días 10 y 11 de noviembre, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS), con sede en Hamburgo, escuchará a la Argentina y al Reino Unido en torno al proyecto de explotación petrolera conocido como Sea Lion, en aguas de la plataforma continental que rodea las Islas Malvinas . Según el Gobierno, es la primera vez que el país lleva a Londres ante un tribunal internacional por un asunto relacionado con la disputa de soberanía.
El 13 de octubre, la Argentina solicitó al Tribunal la adopción de medidas provisionales, al amparo del artículo 290, inciso 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). El pedido busca que se ordene el cese de las actividades de las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration vinculadas a la explotación de hidrocarburos en la zona.
La urgencia, explican fuentes oficiales, tiene que ver con los tiempos. La Argentina ya inició un arbitraje internacional contra el Reino Unido bajo el Anexo VII de la CONVEMAR, pero el tribunal arbitral todavía no está constituido, y su conformación suele demandar bastante tiempo. Como la explotación sería inminente, el Gobierno decidió recurrir al ITLOS para que las operaciones no avancen mientras tanto.
El argumento central es que la extracción de recursos del suelo y subsuelo marino en una zona en disputa generaría un “hecho consumado” de carácter irreversible y un daño irreparable a los derechos argentinos. Además de frenar la explotación, Buenos Aires pide que se ordene al Reino Unido abstenerse de cualquier medida que agrave la controversia y que deje de impedir que la Argentina cumpla con su obligación de proteger y preservar el medio marino.
Un punto que el Gobierno remarca: el Tribunal no tiene competencia para resolver cuestiones de soberanía ni para pronunciarse sobre la alegada libre determinación de los isleños. El planteo se limita a los recursos naturales y a la conducta de las partes mientras la disputa siga abierta.
El proyecto Sea Lion tomó estado público con la cadena nacional del presidente Javier Milei del 3 de septiembre. Desde entonces, la administración desplegó una estrategia que combina varios frentes:
Presión sobre las empresas. Se enviaron más de 180 notas de desaliento a firmas vinculadas a Sea Lion, a las de proyectos de exploración en la zona y a sus proveedoras, así como a licenciatarias de permisos de pesca y a los países de origen de esas compañías. Sanciones y denuncias. Se iniciaron 60 procedimientos sancionatorios contra empresas ligadas a proyectos hidrocarburíferos y denuncias penales contra empresas y personas involucradas. También se abrieron procesos sancionatorios y penales contra Thales UK Limited, tras detectar vuelos no autorizados hacia las islas en espacio aéreo soberano. Un nuevo marco legal. La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional sustituye a la Ley 26.659 y crea un Sistema de Seguridad Nacional que articula las funciones diplomática, económica, cibernética, de defensa, jurídica y de inteligencia. Sus pilares son castigar la explotación ilegítima de recursos, generar incentivos para que los involucrados abandonen esa conducta y dotar al Estado de herramientas frente a amenazas externas. Presencia en el Atlántico Sur. Se proyecta una Base Naval Integrada en Ushuaia, pensada para reforzar el control del Atlántico Sur y ampliar las capacidades logísticas, propias y de terceros países, en la Antártida. Diplomacia. Se profundizan los reclamos históricos ante Naciones Unidas y la denuncia de los actos unilaterales británicos.
Malvinas: el Reino Unido designó un juez ad hoc en la causa por la explotación petrolera de Sea Lion
“Ni una gota de petróleo argentino” es la consigna con la que el Gobierno resume el objetivo: impedir, por todas las vías legales, la explotación de Sea Lion, que considera amparada en licencias ilegítimas.
Quiénes representan al país
La delegación estará encabezada por María Ibarzabal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Nación, y tendrá al embajador Mario Oyarzábal, consejero legal de la Cancillería, como agente. La completan Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía; Santiago Castro Videla, subprocurador del Tesoro; y la embajadora argentina en Alemania, Betina Pasquali de Fonseca.
Como defensa, el país convocó a tres especialistas internacionales. Marcelo Kohen, exsecretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del ITLOS, ya representó a la Argentina en el caso de la Fragata Libertad, en el que el mismo Tribunal ordenó en 2012 la liberación del buque como medida provisional. Lo acompañan Nico Schrijver, expresidente del Institut de Droit International y de la International Law Association y referente mundial en soberanía sobre los recursos naturales, y Agustín Giustiniani, profesor de la Maestría en Solución de Controversias Internacionales de Ginebra.
Cómo serán las audiencias
Se desarrollarán en dos jornadas, con bloques de exposición y repregunta para ambas partes, en inglés o francés. El cronograma oficial es el siguiente:
Martes 10 de noviembre: la Argentina expone de 10 a 13 y el Reino Unido de 15 a 18. Miércoles 11 de noviembre: la Argentina de 10.30 a 12 y el Reino Unido de 17.30 a 19.
Las audiencias podrán seguirse en vivo por streaming en el sitio del Tribunal, www.itlos.org .