Más que nuevos jueces: el Gobierno quiere cambios

Uno de los planes más ambiciosos de Poder Ejecutivo es la transformación global de la Justicia en la Argentina: no solo se trata de saldar una deuda que transitó toda la democracia argentina, la falta de jueces federales, sino de un proyecto que puede incidir en la institucionalidad: una nuevo esquema que incide sobre todo el poder judicial de la Nación. Cambios estructurales que formulan una nueva alternativa de poder.

Mientras la letra del nuevo Código Penal sigue trabada, el verdadero terremoto institucional avanza en silencio: una reforma judicial que promete achicar Comodoro Py, reducir la Cámara Federal de Casación y redistribuir el poder territorial de los juzgados electorales a un año de las presidenciales. No es un dato técnico. Es la reedición, con otros protagonistas, de una disputa tan vieja como la política argentina: quién controla el aparato que decide qué causas avanzan y cuáles se archivan.

El caso del Código Penal es revelador porque funciona como espejo anticipado de lo que puede pasar con la reforma judicial. Un borrador de 912 artículos elaborado por juristas de peso fue frenado por el propio ministro Mahiques, reescrito en una versión más módica de trescientos artículos y luego bloqueada por Legal y Técnica, en la órbita de Santiago Caputo, que exige una refundación completa. El resultado no es una discusión jurídica sino una puja de poder entre dos derechas: la institucional, que negocia con jueces y cámaras, y la asesora, que responde a una lógica más cercana al control político directo. La reforma judicial corre el riesgo de atravesar el mismo cuello de botella, y en el oficialismo ya circula la sospecha de que la historia se repita.

Lo que está en juego trasciende la eficiencia administrativa que se invoca públicamente. Reducir de doce a ocho los juzgados de primera instancia en Comodoro Py, o de trece a nueve los integrantes de la Cámara de Casación, no es solo un ajuste de organigrama: es decidir quién queda adentro y quién afuera de la estructura que tramita las causas de mayor sensibilidad política. En un país donde la Justicia federal funcionó históricamente como caja de resonancia de los conflictos de poder —de la causa AMIA a los cuadernos, de Comodoro Py.—, cualquier rediseño de tribunales es, antes que nada, un rediseño de correlación de fuerzas.

El Gobierno maneja con mayor cautela un tema específico: los juzgados con competencia electoral. Ahí no hay margen para el eufemismo de la “eficiencia”: esos despachos deciden la oficialización de listas y la personería de los partidos justo antes de una elección presidencial. Tocar ese engranaje en plena carrera hacia 2027 exige una prudencia que contrasta con la celeridad con que se discuten los otros capítulos de la reforma.                     

Hace unos días, el ministro presentó destinado a fortalecer la Justicia de Paz y mejorar el acceso a la justicia en el Chaco, Corrientes y Misiones. Allí brindó una clave: “Acercar la justicia también significa brindar herramientas para resolver conflictos sin tener que acudir a un tribunal”.

Agregó que ““La Justicia de Paz es, en gran parte de nuestras provincias, la puerta de entrada al sistema judicial para miles de vecinos. Es la justicia de cercanía, la que resuelve el conflicto cotidiano y la que muchas veces llega a lugares donde ninguna otra institución del Estado tiene presencia”, afirmó Mahiques durante la presentación realizada en la Universidad de la Cuenca del Plata.

Hay un dato que profundiza la lectura: el plan oficial no se limita a Comodoro Py. También apunta a sacar a la Corte Suprema del Consejo de la Magistratura y reducir su integración, revirtiendo el fallo de 2021 que había ampliado ese equilibrio entre estamentos. Sumado al Decreto 467, que ya eliminó la participación ciudadana y los criterios de género y representación regional para elegir jueces de la Corte, el cuadro es más nítido: no se trata solo de reorganizar tribunales, sino de rediseñar quién controla el proceso completo de selección judicial, desde la base hasta el máximo tribunal.