Protesta de Greenpeace en el Congreso: detienen a ambientalistas y agreden a periodistas
El grupo de 12 ambientalistas había saltado las rejas del Palacio Legislativo para manifestarse en contra de la reforma de la Ley de Glaciares, que se debatirá esta mañana. La Policía también detuvo a un camarógrafo.
Un grupo de 12 activistas de Greenpeace y un trabajador de prensa fueron detenidos en la explanada del Congreso de la Nación mientras se realizaba una protesta contra el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares que el oficialismo intentará sancionar en el Senado en la sesión de este jueves.
La manifestación solo duró unos minutos. Los activistas treparon la reja del Palacio Legislativo y exhibieron un cartel con la consigna: “Senadores: no se caguen en el agua”. Poco después, efectivos de la Policía Federal (PFA) arrestaron a varios integrantes de la organización.
Durante el operativo, los efectivos policiales también arrojaron gas pimienta contra trabajadores de prensa y detuvieron a un camarógrafo. Se trata de Facundo Tedeschini, del canal de noticias A24
Según se ve en las imágenes registradas por los móviles de distintos medios, el hombre resultó herido en el rostro al ser arrojado al suelo para impedir que continuara grabando. Luego, fue esposado y arrestado.
Las detenciones se realizaron bajo la figura de averiguación de delito, según indicaron fuentes policiales a Infobae. Además, informaron que ningún policía fue herido durante la manifestación.
La protesta por parte de los activistas de la organización ecologista internacional se da en el marco del debate que se realizará esta mañana en el Senado, donde se votará la modificación de la normativa que protege los glaciares y del ambiente periglacial.
A través de un comunicado, el director de programas de Greenpeace, Diego Salas, denunció: "Lo que los senadores decidirán hoy es si protegen las fuentes de agua de Argentina o abren la puerta a intervenir zonas que la ley vigente protege".
"Esta reforma, impulsada por el Gobierno nacional, es regresiva e inconstitucional. De los glaciares y el ambiente periglacial dependen millones de personas, que verán comprometido su acceso al agua, un derecho básico y fundamental amparado por la Constitución Nacional", remarcó Salas.
Activistas de Greenpeace se manifestaron en el Congreso en contra de la reforma de la Ley de Glaciares.
Qué establece la reforma de la Ley de Glaciares
Desde este jueves a las 11, la Cámara Alta debatirá una reforma estructural de la Ley de Glaciares en el marco del cierre de las sesiones extraordinarias. El oficialismo buscará que se apruebe el proyecto que apunta a modificar el esquema de protección ambiental vigente desde 2010.
El eje central de la iniciativa es la transferencia de facultades a las provincias, en línea con el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce su dominio sobre los recursos naturales. Según el nuevo texto, serán las provincias las encargadas de identificar y catalogar qué zonas pueden habilitarse para el desarrollo extractivo y cuáles deben considerarse reservas estratégicas de agua dulce.
La propuesta también introduce cambios en la definición de ambiente periglacial, un criterio considerado demasiado amplia que desalienta inversiones, según el oficialismo y sectores empresariales. En la normativa actual, esas zonas son definidas como ambientes de alta montaña con suelos congelados que cumplen una función clave en la regulación hídrica. De aprobarse la reforma, para que queden protegidas deberá demostrarse un “aporte hídrico relevante y comprobable”.
La iniciativa mantiene bajo la órbita del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) la elaboración del Inventario Nacional de Glaciares. Sin embargo, la decisión final sobre el impacto ambiental de cada proyecto quedará en manos de las provincias, que tendrán la potestad de aprobar los estudios presentados por las empresas mineras.
La Ley de Glaciares que protege los glaciares y del ambiente periglacial fue sancionada en 2010
Desde el sector minero aseguran que la ley vigente implica una prohibición casi total para nuevos emprendimientos. Para el bloque oficialista, la reforma responde a la necesidad urgente de atraer divisas y generar empleo en las provincias cordilleranas. En cambio, Greenpeace y otras ONG’s advierten que la reforma “dejaría sin objeto una normativa clave" para la protección ambiental.
La Libertad Avanza (LLA) confía en reunir entre 40 y 41 votos para obtener la media sanción de la reforma. De lograrlo, la iniciativa será girada a la Cámara de Diputados para su tratamiento en el inicio del período ordinario de marzo.
TV/fl