Quiénes son los cuatro marinos acusados en el juicio por el hundimiento del ARA San Juan

El juicio que comenzó este martes ante el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos por el hundimiento del submarino ARA San Juan tiene cuatro imputados: el ex titular del Comando de Adiestramiento, Luis López Mazzeo; el ex comandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide; el ex jefe del Estado Mayor del Comando Submarinos, Héctor Alonso y el ex jefe de Operaciones Hugo Correa.

Todos llegaron al proceso en libertad. Para la fiscalía, los cuatro incumplieron sus deberes en relación con el alistamiento, mantenimiento y control operativo del Submarino ARA San Juan. El juicio sigue adelante este miércoles con declaraciones testimoniales.

El proceso excluyó responsabilidades políticas: Oscar Aguad, quien era ministro de Defensa en noviembre de 2017 no es juzgado en este proceso y tampoco Mauricio Macri, por entonces Presidente.

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Según fiscales.gob.ar, al capitán de navío (destituido) Claudio Javier Villamide, quien se desempeñó como titular del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS) y Autoridad de Control Operativo de las Unidades Submarinas entre el 21 de febrero y noviembre de 2017, se le atribuye:

• Haber omitido las diligencias necesarias y propias del cargo en lo relativo al alistamiento y mantenimiento de las unidades submarinas, en particular del ARA San Juan, en presunto incumplimiento del Reglamento Orgánico de la Armada y del Reglamento Orgánico del Comando de la Fuerza de Submarinos, al no lograr el adecuado y correcto alistamiento del submarino, pese a haber tomado conocimiento —por parte de su antecesor, el capitán de navío Carlos Humberto Acuña— del estado de mantenimiento de las unidades.

• Haber permitido que la unidad y su tripulación participaran de la Orden de Operaciones COFS 04/17, contribuyente de la Orden de Operaciones del Comando de la Flota de Mar 14/17 “C”, entre octubre y noviembre de 2017, pese a: el conocimiento sobre el vencimiento del mantenimiento doctrinario previsto (18 meses); el pedido de ingreso a dique seco formulado por el capitán de fragata Pedro Fernández mediante Nota N° 02/17 “S” (27/03/2017); la falta de pruebas de mar de máxima profundidad y velocidad y de pruebas hidráulicas de válvulas de casco y tuberías, que limitaban la operación a 100 metros de profundidad, conforme el mensaje naval “R” 070910NOV2016; y las deficiencias registradas en la navegación del 1 al 19 de julio de 2017, que habían sido informadas.

En marzo de 2021 el Consejo General de Guerra de la Armada ordenó la destitución de Villamide, al ser considerado “negligente en su accionar al evidenciar falta de cuidado o descuido de la tropa y equipamiento a su cargo, al no haber ordenado ni recomendado expresamente al Comandante del ARA SAN JUAN la conveniencia de permanecer en superficie por un período limitado, manteniendo una comunicación a intervalos hasta definir un modo de acción que permitiese una navegación segura de regreso a puerto. Asimismo, no adoptar medidas en el ámbito de su Comando para convocar en forma urgente a su Estado Mayor y a otros especialistas a efectos de analizar exhaustivamente la situación y profundizar en la búsqueda de la mejor solución, a fin de brindar un apoyo eficaz a la Unidad”.

Al contralmirante (RE) Luis Enrique López Mazzeo, titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada (COAA) entre febrero y noviembre de 2017, se le imputa:

• Haber omitido las diligencias propias del cargo que ostentaba en lo que respecta al alistamiento de los medios del Poder Naval asignado, al no fijar y supervisar adecuadamente el cumplimiento de las normas de alistamiento, y específicamente, al no entender en el adecuado y correcto mantenimiento del Submarino ARA San Juan.

• Haber permitido la participación del submarino y su tripulación en la Orden de Operaciones COFS 04/17 contribuyente de la Orden de Operaciones del Comando de la Flota de Mar 14/17 “C” entre los meses de octubre y noviembre de 2017, pese a conocer: la falta de mantenimiento programado para las unidades submarina tipo TR-1700 (carenado); el deterioro y/o falta de equipamiento necesario; la ausencia de pruebas de mar fundamentales —máxima profundidad y máxima velocidad— que limitaban la operación a una profundidad máxima a 100 metros; y las anomalías registradas en navegaciones anteriores, en especial las informadas durante julio de 2017, que afectaban la seguridad de la navegación y que no escapaban al conocimiento del deponente por el cargo que ostentaba en la Armada Argentina.

   

Al capitán de navío (RE) Héctor Aníbal Alonso, jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos y Oficial Evaluador del Alistamiento (OEA) entre el 15 de marzo y noviembre de 2017, se le atribuye:

• Haber omitido las diligencias inherentes a sus cargos, incumpliendo así con el Reglamento Orgánico del Comando de la Fuerza de Submarinos, al no procurar el cumplimiento de las normas de alistamiento del submarino ARA San Juan.

• Haber permitido la participación de la unidad y su tripulación en la Orden de Operaciones COFS 04/17 pese a conocer: la falta de mantenimiento programado, la carencia de equipamiento, la ausencia de pruebas de mar fundamentales y las anomalías informadas por su comandante durante la navegación de julio de 2017.

• Haber participado de la confección de la Orden de Operaciones COFS 04/17, “en conocimiento de las dificultades que el SUSJ enfrentaría, respecto de las millas y los días a navegar, los objetivos a identificar y las condiciones hidrometeorológicas reinantes que debería soportar”, suscribiéndola en ausencia del Comandante de la Fuerza de Submarinos titular.

Al capitán de fragata (RE) Hugo Correa, quien se desempeñó entre marzo y noviembre de 2017 como Jefe del Departamento de Operaciones, Jefe de División Operaciones, Jefe de Cargo de Navegación, Jefe de Comunicaciones y Jefe de la Central de Comunicaciones de Submarinos (CENCOMSUB) del COFS, se le imputa:

• Haber omitido las diligencias propias de sus funciones, incumpliendo así con los deberes y las misiones impuestas por el mencionado Reglamento, al no entender en la correcta integración del apoyo de las unidades submarinas, al no asegurar un servicio de comunicaciones rápido y seguro entre el SUSJ y el COFS durante la última navegación y al no actualizar los planes en vigor.

• Haber permitido, durante su gestión como jefe de los cargos antes mencionados, que la unidad y su tripulación participaran de la Orden de Operaciones COFS 04/17 pese a conocer el estado defectuoso del mantenimiento, la falta de equipamiento, la ausencia de pruebas de mar esenciales y las anomalías informadas en julio de 2017, así como las exigencias operativas que debía afrontar el submarino, debido a las extensas distancias que debió recorrer, a las tareas específicas que debía desarrollar y a las condiciones hidrometeorológicas reinantes que debería soportar, “cuestiones que el deponente conocía la perfección al entender en la preparación de los planeamiento de las órdenes e instrucciones de operaciones, en la supervisión y planificación, en definitiva en la confección de la referida Orden de Operaciones, en la cual tuvo una participación activa”.

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Para la fiscalía, con sus conductas u omisiones, cada uno de los cuatro imputados “posibilitó que se den las condiciones necesarias para elevar el riesgo permitido e indebidamente aumentar, de por sí el riesgo ínsito que conlleva la actividad militar y particularmente la especialidad de Submarinista, derivándose que el resultado acaecido (la muerte de 44 marinos y la pérdida de una unidad submarina) resultó consecuencia directa o al menos previsible de la violación del deber de cuidado” que pesaba sobre ellos.

BK/fl