Guinea Ecuatorial busca un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) que podría ayudar a mantener a flote un régimen de cuatro décadas acusado por fiscales desde Estados Unidos hasta Francia de malgastar la riqueza petrolera del pequeño país africano.
Esta semana, el FMI dio luz verde a un programa de financiación de tres años para ayudar al gobierno de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, el presidente con más años de servicio en el mundo, a salir de una crisis que redujo su economía en un tercio a US$13.000 millones.
El préstamo, cuyo monto no ha sido revelado, será considerado por la junta ejecutiva del FMI en diciembre y pretende “apoyar la recuperación de la actividad económica y fomentar un crecimiento económico sostenible e inclusivo”, dijo el prestamista con sede en Washington el 21 de octubre.
Hasta 2017, Guinea Ecuatorial era tan rica en términos per cápita como su antiguo maestro colonial, España. Hoy en día, el país miembro de la OPEP lucha por pagar sus deudas después de que los precios del petróleo colapsaron en 2014. Según el Banco Mundial, el Gobierno ha acumulado atrasos de casi 19% de su producto interno bruto con empresas de construcción.
En los últimos años, constructores extranjeros han elevado altas torres gubernamentales con fachadas de vidrio en la capital, Malabo, en una ola de gasto en infraestructura que dejó poco para la inversión social, según las Naciones Unidas. Menos de la mitad de la población de aproximadamente 1,3 millones de personas tiene acceso a agua limpia.
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Recuerdos del rey del pop
“El FMI no está ayudando a un país pobre, está rescatando a un país que ha malgastado sus vastos recursos a través de corrupción y gasto derrochador”, dijo Sarah Saadoun, investigadora de Human Rights Watch, por teléfono desde Nueva York.
“La manera en que el FMI aborda la corrupción en este caso es realmente importante para otros países”, dijo.
El ministro de Hacienda, César Mba Abogó, dijo en una entrevista en septiembre que la administración puede solicitar hasta US$700 millones al FMI porque necesita defender su moneda.
Esta suma es más del doble de la cantidad que el hijo mayor de Obiang, Teodoro Nguema Obiang Mangue, gastó entre 2000 y 2011 con la adquisición de propiedades de lujo en cuatro continentes y activos, entre ellos recuerdos de Michael Jackson, dijeron abogados del Departamento de Justicia de EE.UU. en un caso de lavado de dinero de 2013 que se resolvió el año siguiente.
El hijo de Obiang, al que se le conoce comúnmente como Teodorín, es actualmente vicepresidente del país y anteriormente se desempeñó como ministro de Silvicultura. Objetivo de una serie de investigaciones por corrupción en los últimos años, Teodorín siempre ha negado haber actuado mal.
Recibió una pena de prisión de tres años suspendida y una multa de US$35 millones de una corte francesa en 2017 por gastar decenas de millones de dólares de fondos públicos en una mansión, autos deportivos y joyas en Francia. En septiembre, las autoridades suizas recaudaron US$27 millones en una subasta de autos exclusivos que le habían confiscado, incluido un biplaza descapotable Lamborghini Veneno de edición limitada que se vendió por un récord de US$8,4 millones.
Las llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos al ministro de Hacienda, César Mba Abogó, en busca de comentarios, no fueron respondidos. Una portavoz del FMI no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Activistas encarcelados
Para firmar el préstamo, el FMI exigió que el Gobierno hiciera más para combatir la corrupción y mejorar la transparencia en un país que se ubica constantemente entre los peores en el índice anual de percepción de la corrupción emitido por Transparency International. Se requiere igualmente que Guinea Ecuatorial se convierta en miembro de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas, que promueve el buen gobierno en los sectores minero y petrolero.
“Por decir algunas de las mismas cosas que dice ahora el FMI, me despidieron de mi trabajo, me encarcelaron y me golpearon”, dijo Alfredo Okenve, académico y activista de derechos humanos que abandonó el país en agosto después de pasar cinco meses en arresto domiciliario por cargos no especificados.
“El personal del FMI ve el ajuste fiscal como una señal de que el Gobierno está dispuesto a cambiar”, dijo. “Están apostando por un milagro; este régimen no cambiará”.
ED
