Pasan los rounds y la definición se va estirando. Una tras otra, el proclamado como ultimátum se diluye, postergándose. Axel Kicillof ha dicho que sería el “último” plazo para aceptar la propuesta que la Provincia se esfuerza por endulzar: patear la cancelación de la segunda cuota de las tres pactadas en 2011 por el ex mandatario Daniel Scioli por US$ 250 millones, pagando los intereses y adelantando los que se generen hasta el nuevo plazo del 1° de mayo. Pero no alcanza y el elemento más escaso, el tiempo, se agota.
En lo que el gobierno nacional se empeñó en colocar en el podio de sus prioridades, el arreglo del problema de la deuda pública externa, surge un contraste de actitudes que, por ahora son divergentes. Por un lado, Martín Guzmán, ávido de mostrarse dialoguista y comprensivo yendo a conversar a la cancha visitante. Personificando otro estilo, el gobernador de la provincia más grande de la Argentina, se muestra terminante y estipula plazos como si en la mano tuviera la carta ganadora. Estilos de negociación diferentes que, alguien pudiera ver como coordinados para ir marcando la cancha y poder renegociar todo en los términos buscados.
Pero hay tres aspectos que diferencian a una y otra situación:
1) La deuda pública nominada en dólares de la Nación tiene un deudor principal, aunque no mayoritario, que es el Fondo Monetario Internacional, con fuerte predicamento político de sus principales “socios” y que no hace quitas, tiene la tasa más baja de plaza y sí acepta reperfilamientos en plazos. La Provincia tiene su deuda con participación de acreedores privados, en su gran mayoría contraída, incluso antes de la gran apertura a los mercados de 2016 y por lo tanto con tasas de interés más elevadas por el costo de riesgo país de aquel entonces.
2) El Banco Central puede acumular dólares y hacer frente a los servicios de la deuda con mayor facilidad que cualquier provincia que deben salir a comprarlos al mercado o refinanciar su deuda. No tiene herramientas de comercio exterior para generar divisas y no puede emitir dinero para licuar deudas y comprar dólares.
3) Hasta diciembre pasado, la Nación había podido hacer un esfuerzo por alcanzar un déficit operativo casi cero. Buenos Aires nunca pudo hacerlo y el intento por mejorar sus cuentas para 2020 plantó al gobernador con una Legislatura en la que no tiene mayoría. Es una situación que Kicillof hereda no solo de su antecesora, sino también de tres décadas en que la “solidaridad” de su distrito alimentó las arcas fiscales de los más chicos. Buenos Aires es la gran perjudicada de haber pateado para adelante la solución al tema de la corresponsabilidad fiscal de las provincias. Y como resultado de esto, podría argumentar que con los 15 puntos de coparticipación cedida cada año, financió el despilfarro que muchas provincias hicieron aumentando sus planteles de empleados, diseñando sistemas jubilatorios de privilegio comparados con el nacional y creando clusters productivos de dudosa racionalidad.
El tema de la deuda, entonces, tiene más aristas que las que se ven en una primera mirada simplista del problema. En la dialéctica binaria de la grieta, hay esfuerzos por situar a unos y otros en el campo amigo o enemigo. Pero las preguntas pertinentes no son si está bien o mal pagar o defaultear, sino: ¿necesitamos tomar capital prestado o estamos dispuestos a generarlo con ahorro?; ¿para qué se destinó el crédito ahora cuestionado?; ¿en qué condiciones? Es que haber tomado la decisión de endeudarse a tasas de casi 10 % anual en dólares o destinar el monto a financiar gastos corrientes orilla la mala praxis de las finanzas públicas. O, más simple aún, privilegiar el corto plazo sin darse cuenta que, en este caso, en el largo plazo aún no estamos muertos.
