El arco opositor en el Congreso intenta recuperar la potestad, delegada en su momento al Ejecutivo, de fijar el valor de los derechos de exportación (retenciones) y, simultáneamente, reducir los vigentes actualmente para el sector agropecuario.
Pero la rebaja de los derechos de exportación tiene más consecuencias que, simplemente, quitarle caja discrecional a los K.
Primero, se trata de un impuesto que, por su diseño, reduce el precio que recibe el productor por su producto. Esa reducción del precio beneficia, por un lado, al Gobierno, que se lleva la diferencia en forma de impuesto en el caso que el producto se exporte, pero también a los consumidores, que pagamos menos localmente, si el bien se vende en el mercado interno.
Aclaro con un ejemplo: si un kilo de lomo costara US$ 20 puesto arriba de un barco, en ausencia de retenciones, la alternativa del productor sería venderlo en el mercado local a $ 80 (si el dólar costara $ 4). Ahora, si el Gobierno le cobra un impuesto del 5% a la exportación de lomo, el productor, si exporta, recibiría US$ 19, (los 20 originales menos el 5%), y el Gobierno nacional se quedaría con el dólar de diferencia.
Pero si en lugar de exportarlo, el productor vendiera el lomo en el mercado local, su precio de indiferencia sería, en este caso, de $ 76 y los 4 pesos de diferencia, en lugar de cobrarlos el Gobierno, los “cobraría” el consumidor local.
En otras palabras, los impuestos a la exportación tienen dos efectos, reducen el precio local y aumentan la recaudación del Estado nacional (porque es un impuesto que no se comparte con las provincias).
Obviamente, si el producto en cuestión, en lugar de ser lomo, fuera aceite de soja que, prácticamente, no tiene consumo local, la introducción de retenciones o su baja no le cambiaría la vida al bolsillo de los argentinos, pero si al del Gobierno.
En segundo lugar, como se suele confundir, este no es un impuesto a las “ganancias extraordinarias” del productor, sino un impuesto a los ingresos del productor, independientemente de sus costos.
Es decir que puede darse el caso, como de hecho pasó, que un aumento de los precios de venta venga acompañado de un aumento superior de los costos. Es decir que, en lugar de una ganancia extraordinaria, el productor tenga una pérdida por estar pagando el impuesto que se calcula sobre el precio de venta, independientemente de los costos. Por supuesto, como en casi toda actividad productiva, la escala importa.
Ahora bien, si bajan los impuestos a la exportación, aumentan los precios que recibe el productor, de manera que si sacamos una foto de la situación actual y el resto de las variables permanece igual, aumenta su ganancia.
Si el productor opera en blanco, parte de esa ganancia se la lleva el Estado a través del impuesto respectivo. Pero este impuesto sí se coparticipa, en parte, con las provincias. De manera que cada peso de impuesto a la exportación que se convierte en impuesto a las ganancias reduce, en términos netos, los recursos nacionales, pero aumenta los recursos provinciales y, si se mantiene el actual reparto, los de la Anses.
La rebaja de los impuestos a la exportación implica, entonces, menores ingresos para la caja nacional pero mayores ingresos para las cajas provinciales y, dependiendo del producto y las condiciones del mercado, mayores precios para los consumidores.
A su vez, como las retenciones son un impuesto que desalienta la producción, porque reduce el precio y más se paga cuanto más se produce, su reemplazo por el impuesto a las ganancias alienta la producción y, donde se puede, subirá las cantidades producidas, generando mayor actividad en las economías provinciales y más recaudación en el resto de los impuestos. Por lo que la “pérdida neta de recursos fiscales nacionales” será mucho menor.
Dado, entonces, que la eliminación de las retenciones tiene efectos más amplios que los que se plantean, sería bueno que el debate de las próximas semanas incluyera temas vinculados con la necesidad de “blanquear” a los productores que hoy operan en negro. Y temas vinculados con el destino que los gobiernos provinciales darían, eventualmente, a los mayores ingresos que el cambio de sistema implica. Podríamos no sólo sacarle caja a los K, sino también mejorar el sistema impositivo y la asignación del gasto.
