Aunque en su conferencia de prensa del viernes se olvidó de enunciarlo, a lo largo de la campaña electoral y de su gestión Mauricio Macri ha insistido con el concepto de “la verdad”. “Gobernar es decir la verdad” y “siempre les diré la verdad” son algunas de las frases que repite desde 2015. Ese fue uno de los pilares discursivos para sostener la propuesta política de cambio ante las mentiras del kirchnerismo, algunas de ellas ofensivas.
Más allá de creerle o no, y de las disquisiciones filosóficas en torno a qué es “la verdad”, resulta cuanto menos curioso que ciertos colaboradores del Presidente no sigan sus dictados.
Solo en la última semana y a partir de dos investigaciones periodísticas, un ministro de la Nación y un subsecretario general de la Presidencia quedaron expuestos documentalmente como accionistas de sociedades offshore que nunca declararon y, pese a ello, eligieron negar lo evidente.
El domingo 11, PERFIL empleó su título principal de tapa para revelar que el ministro de Finanzas, Luis Caputo, había ocultado la propiedad de offshores en las Islas Caimán. Quien corroboró oficialmente esa información fue la Comisión Nacional de Valores de EE.UU., a través de un pedido de acceso a la información de un grupo de periodistas de investigación.
Caputo apenas había admitido que asesoraba offshores, aunque no lo había declarado cuando asumió primero como secretario y luego como ministro. Frente al destape con los documentos oficiales de que no solo trabajaba (que, insisto, omitió en dos declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción), sino que figuraba como dueño, el jefe de Finanzas lo negó: “Nunca fui propietario ni accionista”. Una de las offshores de Caputo administró en 2015 más de 250 millones de dólares, incluidos bonos de la deuda argentina en default, cuya renegociación recayó en… Luis Caputo.
En las primeras horas del viernes 16, una investigación del diario español El País informó que el actual número dos de la Secretaría General de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, tenía una offshore con una cuenta bancaria en Andorra por más de un millón de dólares. Nunca la declaró, obviamente. Igual que Caputo.
Las explicaciones de Díaz Gilligan fueron disparatadas. De acuerdo con lo que uno de los autores de la nota de El País dijo a PERFIL, en el primer contacto el funcionario rechazó tener nada. Recién a la segunda oportunidad lo admitió. A los medios argentinos les dijo que cuando asumió como funcionario en la Ciudad ya no tenía esa cuenta (falso), o que la plata no era de él, sino de un amigo en problemas con el fisco, el uruguayo Paco Casal.
Si para justificar el ocultamiento Díaz Gilligan recurrió al sincericidio, se hundió peor al admitir que fue testaferro. Y de quién: Casal no tuvo solamente problemas con la DGI. Según la declaración ante la Justicia de EE.UU. del apresado arrepentido argentino del Fifagate, Alejandro Burzaco, Casal “tenía experiencia sobornando a todos los dirigentes de fútbol de la región” para conseguir derechos televisivos.
El superior directo de Díaz Gillligan, Fernando de Andreis, intentó defenderlo el viernes en Chapadmalal. Y también le erró o mintió: la firma británica de la cuenta bancaria a nombre de su subordinado en Andorra era de una offshore en Panamá y la mantuvo casi un año después de haber asumido en la Ciudad, antes de desembarcar en la Casa Rosada.
Horas después, el Presidente defendió a sus hombres denunciados. “Espero que los funcionarios en los cuales yo confío demuestren que todas estas acusaciones no tienen sustento. Y también va a ser muy importante el informe que haga la Oficina Anticorrupción”.
Habrá que creerle. No va a mentir justo ahora, ¿no?
