Por encima de las sucesivas “grietas nacionales” y por debajo de una difusión pública justa de sus virtudes, el gobierno socialista de la provincia de Santa Fe construyó un paradigma de políticas públicas asentado en dos ejes: la planificación estratégica y la participación ciudadana. La participación es la “materia prima” de la que se nutre el Estado para elaborar una política planificada acorde a las prioridades de la comunidad. Así, el socialismo santafesino forjó un modelo de gestión tan progresista como eficaz: después de 12 años, todas las encuestas de opinión pública dan un índice de aprobación superior al 60% para la gestión socialista.
Sin embargo, esta Santa Fe no nació en un día. Ni siquiera en los 12 años de gobierno provincial. Hay que remontarse a 1995 para rastrear la semilla del modelo: la llegada de Hermes Binner a la intendencia de Rosario representaría el salto hacia un socialismo reunificado sobre una matriz reformista más moderna, que a través de la participación comunitaria implementaría políticas de vanguardia como el presupuesto participativo o el proyecto de la “Ciudad de los Niños” del pedagogo italiano Francesco Tonucci, que tomaba en cuenta por primera vez la palabra infanto-juvenil a la hora de pensar la ciudad. Rosario fue el epicentro político de un socialismo que crecía y se diferenciaba del resto del arco partidario no ya solo por ideales y valores, sino por una calidad de gestión que se transformó en la mejor “campaña electoral” para llegar a gobernar la provincia.
Antes del “modelo Medellín”, la Rosario de fines de los 90 ya exhibía una política de desarrollo urbano con participación social bastante consolidada, que inclusive fue tomada como referencia por los mentores del proyecto de la ciudad colombiana. La diferencia entre ambos casos radica en otro rasgo singular del socialismo: mientras el urbanismo social de Medellín se financia con fondos del BID, el urbanismo participativo de Rosario es afrontado con recursos propios.
Este “vivir con lo nuestro” es una marca política que el socialismo amplió cuando llegó a la gobernación en 2007, y se puede apreciar en el sistema de salud. La construcción de hospitales y la producción de medicamentos se financian con fondos propios. Aquí también la participación ciudadana define la organización del sistema: los centros de salud no se limitan a la atención médica, también son centros barriales que canalizan todo tipo de demanda. Este enfoque integral permitió que Santa Fe tuviera un diagnóstico claro de la situación del aborto en la provincia, y que en 2012 iniciara una aplicación eficaz del protocolo de aborto no punible a través de la distribución de Misoprostol gratuito y una interpretación flexible de la no punibilidad (que contemplaba situaciones de violencia o abuso, pero también socioeconómicas). Los resultados fueron concluyentes: desde entonces no hubo muertes de mujeres por abortos clandestinos.
Con los años, este proceso de planificación y participación se amplió a diversas áreas de gobierno, y definió una acción de Estado cada vez más integral frente a la desigualdad.
La versión más perfeccionada de este tipo de intervención es el Plan ABRE, un plan de abordaje integral sobre los barrios más pobres de Santa Fe que viene resolviendo simultáneamente problemas de infraestructura (agua potable, luz, cloacas), educativos (deserción escolar) y de salud. El enfoque global del programa posibilitó una mejora sustancial de la calidad de vida y una valoración positiva de la ciudadanía. Todo ello verificable a través de diversos indicadores, entre ellos de Cippec y del Observatorio de la UCA.
Podríamos decir que esta “democracia de resultados” ya no es un rasgo político del socialismo sino del Estado santafesino. Una forma exitosa de política pública que no solo merece un mayor reconocimiento, sino que debería tener un lugar en el debate nacional. Intentemos dejar de lado la contienda electoral, para enfrentar la necesidad de una transformación estructural que nos permita sacar de la pobreza a más de la mitad de nuestros niños y niñas.
*Licenciada en Comunicación Social. Especialista en comunicación política y organizaciones (UNLP).
