El presidente Juan Perón aprovechó el ataque de la guerrilla trotskista al cuartel militar de Azul, hace exactamente 35 años, para desembarazarse del gobernador de Buenos Aires, Oscar Bidegain, que se había aliado a Montoneros, e impulsar en el Congreso la aprobación de leyes más duras contra los grupos insurgentes. Esas reformas eran rechazadas por una treintena de diputados, en su mayoría montoneros, que fueron citados por Perón a una audiencia en Olivos. Allí, los esperó con las cámaras de TV y los retó en público, en el anteúltimo capítulo de su ruptura con Montoneros.
Hace 35 años, el Congreso sancionó una reforma al Código Penal propuesta por el presidente Juan Domingo Perón que endureció las leyes contra los grupos guerrilleros que desafiaban su poder, a los que cinco días antes había llamado “grupos terroristas” y “verdaderos enemigos de la Patria”. Fue el punto culminante de una tensa semana que había comenzado con el cruento ataque del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), trotskista, al cuartel de Azul, y que siguió con un durísimo mensaje de Perón en su uniforme de teniente general por radio y TV; con el alejamiento del gobernador de Buenos Aires, Oscar Bidegain, un aliado de Montoneros; con una áspera reunión televisada entre Perón y diputados disidentes, y con la renuncia de ocho de estos legisladores, en su mayoría vinculados a Montoneros, que luego fueron expulsados del peronismo. Una semana trágica en las relaciones entre Perón y los montoneros, un anticipo del episodio final de la ruptura entre el General y la que había sido su “juventud maravillosa”, que llegaría a los pocos meses, el 1º de mayo de 1974.
En toda esta semana en la que el peronismo estuvo con las tripas al aires sobrevoló el fantasma del secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci, el alfil de Perón en el sindicalismo, que había sido asesinado por un pelotón de Montoneros el 25 de septiembre de 1973, en la llamada “Operación Traviata”. Perón aludió a él el 22 de enero de 1974, cuando apostrofó a los diputados que se negaban a aprobar sus reformas al Código Penal. “¿Y nos vamos a dejar matar? Lo mataron al secretario general de la Confederación General del Trabajo, están asesinando alevosamente y nosotros con los brazos cruzados porque no tenemos una ley para reprimirlos.”
1 de mayo de 1974 | Cuando la "juventud maravillosa" se volvió estúpida
Todo comenzó el sábado 19 de enero de 1974 por la noche, cuando un centenar de guerrilleros del ERP al mando de Enrique Gorriarán Merlo atacaron el Regimiento de Caballería Blindada de Azul, en el interior de la provincia de Buenos Aires. Fue un desafío importante a Perón, que, luego de un largo exilio, había vuelto al gobierno por tercera vez. El ERP nunca abandonó las armas durante la democracia peronista, y en aquella ocasión puntual su objetivo más inmediato fue apropiarse de unos quinientos fusiles para abastecer su frente en Tucumán, el foco con el cual pretendían incendiar la pradera capitalista y concretar la revolución socialista.
En sus memorias De los Setenta a La Tablada, Gorriarán Merlo recuerda que “era una acción bastante compleja. Hicimos una concentración previa, acá en Buenos Aires, y de ahí, en distintos vehículos, arrancamos. El plan consistía en, primero, ocupar una casa de un profesional de la zona que estaba en las cercanías del cuartel, lo que efectivamente se hizo a las 8 de la noche del 19 de enero. Más o menos a las 10, el resto de los compañeros entramos a la casa, nos pusimos los uniformes y nos pertrechamos con todo lo que íbamos a llevar para la acción. Dividimos los grupos y salimos rumbo al cuartel”.
Gorriarán Merlo y sus guerrilleros no pudieron lograr sus objetivos aunque mataron al jefe del cuartel, el coronel Camilo Gay, a su esposa y a un soldado. Luego de un intenso tiroteo, los “erpianos” se retiraron con algunas bajas y llevando de rehén al subjefe del cuartel, el teniente coronel Jorge Igarzábal, quien apareció muerto diez meses más tarde.
Perón reaccionó enseguida: se calzó su traje de teniente general y a las 21.08 del domingo 20 de enero apareció en radio y TV para pronunciar sus palabras más duras desde su regreso a la Argentina. “Hechos de esta naturaleza evidencian elocuentemente el grado de peligrosidad y audacia de los grupos terroristas que vienen operando en la provincia de Buenos Aires ante la evidente desaprensión de sus autoridades. Es indudable que ello obedece a una impunidad en la que la desaprensión e incapacidad lo hacen posible, o lo que sería peor, si mediara, como se sospecha, una tolerancia culposa.”
Esta última frase fastidió al gobernador de Buenos Aires, Bidegain, un experimentado peronista de, precisamente, Azul. Con Bidegain parece haber pasado lo mismo que con el ex presidente Héctor Cámpora, otro político que se debatía entre su lealtad de siempre a Perón, probada en varias batallas, y el deslizamiento de buena parte de su entorno a posiciones afines a las de Montoneros. Lo cierto es que para entonces, ya Perón había decidido sacarse de encima al gobernador; no le tenía confianza y aprovechó el ataque del ERP para obligarlo a dar un paso al costado, en el marco de una “depuración” de la izquierda de su Movimiento. El 22 de enero, Bidegain presentó su renuncia y fue reemplazado por su vice, Victorio Calabró, de la Unión Obrera Metalúrgica, en lo que fue un claro triunfo de la derecha partidaria.
Perón también aprovechó para acelerar la aprobación por parte del Congreso de un proyecto de ley para reformar el Código Penal, que había sido enviado por su gobierno en octubre de 1973. Se trataba de endurecer la represión a la guerrilla e incluía cambios en la figura de la asociación ilícita y mayores penas contra la tenencia de armas de guerra. En su mensaje del domingo 20 de enero de 1974, Perón había prometido que tomaría las “medidas pertinentes para atacar el mal en sus raíces. El aniquilar cuanto antes este terrorismo criminal es una tarea que compete a todos”.
Pero, la reforma del Código Penal venía siendo resistida por Montoneros y sus diputados, como el bonaerense Carlos Kunkel, que en aquel momento era el “responsable”, el jefe, en La Plata de un también joven Néstor Kirchner. Además, tenían objeciones otros diputados que, sin pertenecer a “La Orga”, el sobrenombre de entrecasa de Montoneros, guardaban buenas relaciones en ese reducto, como Nilda Garré, la actual ministra de Defensa, y Santiago Díaz Ortiz, en las huestes ahora de Roberto Lavagna.
A través del secretario general de la Presidencia, Perón invitó a los díscolos a una reunión con él en Olivos. Dijo que quería conocer sus objeciones, pero les tendió una trampita: ordenó toda una escenografía y que el encuentro fuera transmito por TV, en vivo y en directo. En el fondo de la residencia se levantó una tarima y sobre ella fue apoyado el imponente escritorio del General. Enfrente, al ras del piso, fueron ubicadas las sillas de los diputados disidentes. Apenas la treintena de sorprendidos invitados se sentó, aparecieron Perón; Isabel, que era la vicepresidenta; todo el Gabinete, incluido claro está, el cada vez más poderoso ministro de Bienestar Social, José López Rega; los titulares del Senado y de la Cámara de Diputados, y hasta los jefes de los bloques parlamentarios del oficialismo.
—Muy bien, señores, ustedes pidieron hablar conmigo. Los escucho. ¿De qué se trata? –abrió el fuego Perón.
Los diputados fueron presentando sus objeciones. Díaz Ortiz, un abogado que había sido apoderado de Perón durante el exilio del General en Madrid, tenía cuestionamientos técnicos o jurídicos. “Algunos artículos de la reforma del Código Penal creaban varias figuras en blanco para que los jueces pudieran fallar sobre actos de guerrilla. Nosotros decíamos que eso era un peligro para el funcionamiento de las organizaciones políticas y sociales, y que cercenaban las libertades políticas y civiles”, recuerda ahora.
La respuesta puntual de Perón fue que el eventual delito de asociación ilícita debía ser configurado por el juez en cada situación específica, pero el motivo de la reunión no era, ciertamente, un debate jurídico. En realidad, Perón no los necesitaba para que el Congreso aprobara sus reformas, sino que parecía empeñado en otro objetivo: actuar un amplificado reto a los diputados díscolos y obligarlos a tomar una posición, en contra de la lucha armada. Les advirtió que quienes no lo harían, debían considerarse afuera de su Movimiento.
—Toda esta discusión debe hacerse en el bloque. Y cuando el mismo decida por votación lo que fuere, ésta debe ser palabra santa para todos los que forman parte de él; de lo contrario, se van del bloque. Y si la mayoría dispone, hay que aceptar o irse. El que no está contento... se va. Por perder un voto no nos vamos a poner tristes.
Perón era un militar y tenía experiencia en el manejo del Estado: sabía que su gobierno no tendría mucho futuro si no lograba frenar la violencia política. Ahí fue cuando sacó a relucir el asesinato de Rucci y el ataque al cuartel de Azul.
—En este momento, con lo que acabamos de ver, en que una banda de asaltantes invoca cuestiones ideológicas o políticas para cometer un crimen, ¿ahí nosotros vamos a pensar que eso lo justifica? ¡No! Un crimen es un crimen, cualquiera sea el pensamiento o el sentimiento o la pasión que impulse al criminal.
Perón afirmó que había dos caminos para combatir a la guerrilla: dentro de la ley y fuera de la ley. Dijo que el gobierno no debía ponerse en el mismo nivel que los insurgentes porque eso llevaría a la Argentina a “la ley de la selva”, pero reclamó leyes más duras.
—Queremos seguir actuando dentro de la ley y para no salir de ella necesitamos que la ley sea tan fuerte como para impedir esos males. Ahora bien: si nosotros no tenemos en cuenta a la ley, en una semana se termina todo esto, porque formo una fuerza suficiente, lo voy a buscar a usted y lo mato, que es lo que hacen ellos. De esa manera, vamos a la ley de la selva y dentro de la ley de la selva, tendría que permitir que todos los argentinos portaran armas. Necesitamos esa ley, porque la República está indefensa.
Dos días después, el 24 de enero de 1974, renunciaron a sus bancas ocho diputados de los que, alrededor de 30 que habían ido a Olivos, entre ellos Kunkel y otros montoneros: Roberto Vidaña, Aníbal Iturrieta, Armando Croatto y Rodolfo Vittar. Al día siguiente, el 25 de enero de 1974, el Congreso sancionó la reforma de Perón e inmediatamente después el Consejo Superior Peronista expulsó a los ocho diputados renunciantes. Poco más de tres meses después, el 1o de Mayo, se consumaría la ruptura definitiva entre Perón y los montoneros.
