Fue un discurso de campaña. Así de simple es la calificación que merece la extensa oratoria –como siempre sin papel y muy bien articulada– con la que la doctora Cristina Fernández de Kirchner dejó inauguradas las sesiones ordinarias del Congreso.
Así como se produjo el anuncio de algunas medidas elogiables, como la extensión de la asignación universal a las embarazadas de aquellos sectores más postergados a partir del tercer mes de la concepción y el pedido para que se apruebe una nueva ley de adopción, hubo una omisión no casual de un tema significativo: la inflación. Tal omisión habla del empecinamiento del Gobierno en desconocer un asunto que termina por afectar a los que menos tienen, que es por quienes el Gobierno dice ocuparse especialmente. Esta es otra contradicción del Gobierno que en este tópico, como en otros, dice una cosa y hace otra.
Los números fríos de la economía argentina dicen que en un marco de crecimiento indiscutible fuertemente impulsado por la vilipendiada soja, el principal problema es la falta de inversión, sin la cual las posibilidades de combatir en serio el problema inflacionario son nulas.
Hay otros párrafos del discurso de la Presidenta que merecen un análisis. Uno de ellos fue el de la falta de seguridad; primera vez que este tema aparece en la agenda que la jefa de Estado somete al Congreso. Ello es un indicio de que el asunto ha dejado de ser una sensación para pasar a ser una realidad que habrá de tener peso en la decisión que el ciudadano tome a la hora de votar. La doctora Fernández de Kirchner llamó a dejar a un lado de este debate las diputas ideológicas, detalle curioso si se tiene en cuenta que hasta aquí es precisamente eso lo que el kirchnerismo ha hecho. El concepto de que seguridad es igual a represión ilegal, tortura y muerte es equivocado. Esas aberraciones constituyen delitos para los que la ley dispone severos castigos. La seguridad en un sistema democrático tiene como primera premisa el cumplimiento de la ley por parte de las fuerzas de seguridad y abarca una problemática compleja que, al no estar en la agenda política, no pudo ser discutida con espíritu de crear políticas de Estado que aseguren continuidad, sin la que ningún plan llega a ser exitoso, como los hechos lo han demostrado. En este sentido, la verdad es que lo único que anunció la doctora Fernández de Kirchner fue el despliegue de una mayor cantidad de efectivos policiales en la calle, algo que es reclamado por la población pero que no alcanza para enfrentar el problema en toda su complejidad. Es lo mismo que ha hecho Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires.
El llamado de atención a los dirigentes gremiales para que actúen con responsabilidad a la hora de planificar la metodología de protesta en el ejercicio del derecho de huelga incomodó a varios de ellos.
El tercer punto tuvo que ver con la aplicación del veto. La Presidenta se ufanó de ser la mandataria que utilizó menos veces esa herramienta. Aquí, algunas aclaraciones: en primer lugar hay que señalar que la existencia de una mayoría parlamentaria disciplinada hizo posible que hasta el año pasado no debiera apelar al veto. Las cosas cambiaron cuando el oficialismo perdió esa mayoría, hecho que le permitió a la oposición aprobar algunas pocas leyes que respondieron a sus iniciativas. De esas pocas leyes, las de mayor importancia fueron la Ley de Glaciares y la del 82% móvil para las jubilaciones; a las dos, la Presidenta las vetó. ¿Es correcto, entonces, hablar de que ha mostrado escasa voluntad por aplicar esta medida?
El otro ítem tuvo que ver con la reelección y el proyecto de hacer posible su permanencia indefinida en el gobierno que están pergeñando los sectores más duros del kirchnerismo, para lo que se hace necesaria una reforma constitucional. Para poner esto en perspectiva hay que recordar que el fallecimiento de Néstor Kirchner puso fin a un proyecto de permanencia en el poder por tiempo indefinido que albergaba el matrimonio presidencial a través de la sucesión alternativa entre el ex jefe de Estado y su esposa. En alguna tribuna el ex presidente habló de la necesidad de completar 20 años de permanencia en el poder para dar por cumplida la obra kirchnerista.
Caducada esa posibilidad de alternancia entre los dos cónyuges, la única alternativa es la de reformar la Constitución Nacional a fin de permitir la reelección indefinida del Presidente. Este es el pensamiento hoy presente en muchos de los que se definen como kirchneristas de paladar negro y a los que la doctora Fernández de Kirchner viene privilegiando en este tramo de su gestión. La estrategia hasta aquí utilizada tiene reminiscencias de las que a comienzos de la década del 90 utilizó el menemismo. En aquellos años también estaban los “desubicados” que hablaban de la reelección del presidente Carlos Menem a quienes éste desautorizaba.
En relación con la futura candidatura de la doctora Fernández de Kirchner es importante señalar que ella no la negó. Dijo: “¿Alguien me ha oído hablar de mi candidatura a la reelección?”, que no es lo mismo que decir “no voy a ser candidata”. Esto último es lo que la jefa de Estado no dijo, ya que, al día de hoy, la candidata es ella. En estas horas de ingente maquinación en las que el poder trabaja en pos de su permanencia –el “vamos por todo” expresado en la reunión de La Cámpora el jueves pasado hace a esa voluntad, con un concepto absolutista del poder peligrosamente opuesto al de pluralidad que hace a la esencia de la democracia– el acoso judicial y político del que está siendo víctima Joaquín Morales Solá no puede ser pasado por alto. Curiosa dicotomía la que exhibe el Gobierno con el asunto de las fotos. Resulta que si el ministro de Economía, Amado Boudou, aparece fotografiándose con el principal sospechoso de asesinar a Mariano Ferreyra, o la Presidenta al lado de José Pedraza, sospechado de ser el autor intelectual de ese mismo crimen, o Néstor Kirchner al lado del interventor militar en Santa Cruz durante la locura bélica de las Malvinas, nada pasa; pero las cosas son diferentes cuando alguna foto puede ser usada para perseguir a quien el Gobierno considera enemigo. En este caso las cosas son de una calaña aún peor ya que a Morales Solá se le pretende adjudicar una inexistente complicidad con represores a partir de una foto alterada del año 1975, de la que se eliminó a otros periodistas, en la que se lo ve junto al entonces jefe del Operativo Independencia, general Acdel Vilas. Hay que recordar que el Operativo Independencia fue ordenado por el gobierno constitucional que encabezaba la presidenta María Estela Martínez de Perón.
Los testimonios de colegas tucumanos que hablan de agentes de la SIDE puestos a la caza de esa foto, su alteración y posterior publicación en un medio afín al gobierno y la sospechosa causa judicial, son una muestra más de que el Gobierno sigue haciendo de la intolerancia hacia el ejercicio del periodismo crítico, un credo.
Producción periodística: Guido Baistrocchi
