Con el nuevo año, la luna de miel –ese período de gracia que se les otorga a todos los gobiernos en sus inicios– tocó abruptamente su fin. Ya superado diciembre, 2017 ha llegado cargado de interrogantes para un oficialismo que debe dar respuestas. Lo de diciembre no ha sido un detalle. En verdad fue una prueba de fuego que obligó al Gobierno a recurrir a la billetera para neutralizar los potenciales focos de conflictos que amenazaron alterar la paz social. Recuperado del error que cometió con el proyecto de modificación del mínimo no imponible sobre los salarios que pretendió imponer, la concentración de expectativas más el año electoral obligaron al oficialismo a modificar formas y dar algunos volantazos. Sobre estas cosas reflexionó el Presidente durante sus días de vacaciones en Villa La Angostura. Si bien la mayoría de los economistas en sus cálculos vaticinan un año mejor, todos coinciden en que ese crecimiento no superará el 3% o el 4%, y eso no producirá efectos significativos que sean perceptibles para la gente.
Desde la oposición vuelven a objetar el rumbo y lanzan una mirada crítica sobre los brotes verdes sectoriales: “No es casualidad que el auto más vendido del año haya sido la Toyota Hilux, un vehículo caro elegido por la gente del campo. Si hubiera algo de dinero circulante y bienestar en el resto de la población, la lógica indica que los modelos más económicos al alcance de la clase media deberían haber estado por encima de una camioneta que supera largamente los $ 500 mil. Así fue siempre, 2016 fue la excepción”, reflexiona un legislador opositor de buen vínculo con el Gobierno.
La necesidad tiene cara de hereje, reza el refrán. La urgencia en la visibilidad de obras, inversiones y reactivación ha echado por tierra las críticas a una vieja forma de hacer política. “Voy a gobernar menos para cortar cinta y más para cambiar los problemas de fondo”, había dicho en octubre María Eugenia Vidal. Otros funcionarios destacaron el cambio, cuando todavía el reloj no apremiaba.
Ahora es otra historia. El Gobierno trabaja en un shock de obras públicas para el primer trimestre (infraestructura, vivienda, cloacas). Es hora de hacer visible, o mejor dicho, de comenzar con lo postergado por las urgencias de la herencia. Paradójicamente, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, le dijo al diario La Nación que “habrá una inauguración por día” para un crecimiento del 50% en las obras de los rubros antes mencionados. Bienvenido sea, aunque algunos se lamentan de la necesidad de hacer política al estilo de la vieja escuela.
Las urgencias del año electoral no dan tregua. Hay, sí, un desafío: que esa obra pública sea hecha sin sobreprecios y con parámetros de calidad óptimos. La obra pública es un motor clave en la reactivación de la economía, y el año pasado estuvo prácticamente paralizada. La revisión de muchos de sus contratos y el abultado déficit fiscal fueron las causas de ese aletargamiento.
A lo político y económico, el Gobierno suma problemas con la seguridad
Desafíos. Entre tanto, tres son los frentes que, en el corto y el mediano plazo, le esperan al flamante ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne: reducir el déficit fiscal (aun aumentando el gasto público en infraestructura), el enfrentamiento con la CGT y los gremios a causa de su proyecto de reducción del costo laboral con el objetivo de combatir el trabajo en negro (meta loable, ya que la informalidad alcanza al 35% de la población económicamente activa), y la pelea con las provincias por la decisión de otorgarle a Buenos Aires un fondo compensatorio de $ 25 mil millones. Como era de esperar, la mayoría de los gobernadores están que trinan. Un operador político del norte se encargó de marcar al menos dos errores políticos: “Por un lado, la clara intención electoralista, muy difícil de disimular; por el otro, el mal timing elegido –algo que curiosamente no deja de repetirse– ya que en breve comienza la discusión política con todos los mandatarios provinciales por la reforma fiscal. Le van a pasar factura”, aseguró.
En la CGT no quieren oír hablar de recortes en sus derechos adquiridos: “Siempre primero les recortan a los trabajadores. En lugar de meterse con el costo laboral, por qué no se concentran en reactivar la economía y cumplir con la promesa de despidos cero. ¿Sabe por qué? Porque el que no genera crecimiento termina raspando la olla para encontrar beneficios donde no hay”, se quejó un allegado al triunvirato.
Son todos frentes de batalla complejos para un gobierno que claramente tiene un poder acotado.
A toda esta conjunción de temas económicos hay que agregar uno en el que el Gobierno tampoco ha reaccionado bien: la inseguridad. Los hechos ocurridos en estas últimas tres semanas, con alto protagonismo de motochorros y de menores, han devuelto al primer plano de la atención de la dirigencia política un asunto espinoso, difícil y sobre el que todos parecen naufragar. El proyecto de modificación del Código Penal para reducir la edad de imputabilidad a 14 años no es más que la reedición de cosas ya vistas. Desde el caso Blumberg hasta aquí, todo va por el mismo camino: creer que todo se resuelve con el Código Penal. Y no es que no haya necesidad de analizar qué hacer con los menores que delinquen de manera brutal y letal. El problema es que cuando se llega a ese punto es siempre tarde.
La dirigencia política argentina aún le debe a la sociedad una política de Estado para enfrentar este flagelo que tiene a la exclusión social como su causa principal. Algo anda mal cuando se ve a un menor cuya vida transcurre en el submundo del delito. Algo anda mal para que, en vez de estar en la escuela y contenido por su familia, ese adolescente fatigue una marginalidad en la que la droga y el delito son la norma. Algo anda mal para que un chico de 14, 15 o 16 años sienta que en su vida el robo y la muerte sean cosas de todos los días. En ese universo no existen valores y los códigos son los de la mafia.
El que tiene un arma se siente todopoderoso. Algo –mucho– es lo que hay que hacer con ellos. Recuperarlos es una tarea que ni la mayoría de las cárceles argentinas ni los institutos de menores están en condiciones de lograr. “Aquello no era una cárcel, era una universidad del delito. Entré con un bachillerato en marihuana y salí con un doctorado en cocaína” (Johnny Depp).
Producción periodística: Santiago Serra
