Desde los pioneros trabajos de Gary Becker en Chicago, la ciencia económica ha intentado contribuir al combate contra el delito y sus consecuencias. En ese sentido, como sucede en general con el análisis económico tradicional, y haciendo abstracción, en este caso, de consideraciones éticas sobre el “bien” y el “mal”, se supone que un delincuente toma sus decisiones racionalmente aplicando evaluaciones de costo-beneficio, bajo incertidumbre.
De allí que las recomendaciones habituales para combatir el crimen no pasional se basen en “elevar los costos” de delinquir.
En esa línea, para disuadir a un delincuente racional de cometer un delito, hay que incrementar la probabilidad de que ese delincuente termine preso. Por lo tanto, en lugar de leyes más estrictas, lo que hace falta es policía y Justicia más eficientes. En términos matemáticos, una ley muy dura, multiplicada por una probabilidad cero de ser “atrapado” o “condenado”, da como resultado cero.
La recomendación básica, entonces, es: “Tenga una policía capacitada y eficiente, y una Justicia que funcione adecuadamente, si quiere que el costo de delinquir aumente, por encima del beneficio”.
Por supuesto que esta regla general suena hoy, a la luz de la realidad local y global, extremadamente simplista, pero, en todo caso, es un buen comienzo.
Todo es ahora mucho más complejo, porque la adicción a las drogas que caracteriza a muchos delincuentes los convierte en seres poco racionales a la hora de tomar decisiones, de manera que poco les importa ser atrapados o no.
En otros casos, la ausencia de alternativas, por falta de educación, u oficio, y la inexistencia de cárceles que rehabiliten, en lugar de profundizar las capacidades de delinquir, han hecho que para muchos presos que cumplen su condena no esté disponible la alternativa de un trabajo honesto (para ambos casos el costo de delinquir no se tiene en cuenta, porque no hay alternativas viables, aun cuando la probabilidad de ser atrapados sea fuertemente positiva). En estos casos, hay que trabajar, complementariamente, en incorporar a los jóvenes al circuito educativo y alejarlos de las drogas, y en promover la capacitación y enseñanza de oficios en las cárceles.
De todas maneras, si se tiene una policía eficiente y entrenada, con los recursos adecuados, y una Justicia expeditiva y sin “trampas”, todo aquello que tienda a incrementar los costos de ser atrapado, enjuiciado y condenado va en la dirección correcta. Por el contrario, sin esas precondiciones, las medidas que se puedan instrumentar pueden resultar ociosas.
Los proyectos que hoy están en discusión, tanto en la Legislatura porteña, sobre motochorros, como en el Congreso Nacional, sobre salideras bancarias, tienden a incrementar los costos para los delincuentes.
En el primer caso, se intenta dejar “en evidencia” a quienes circulan en moto con intenciones claras de robar, respecto del resto de los motonautas, poniendo en alerta a las potenciales víctimas y no sólo a la policía. Si esta medida es efectiva o no, se verá. Dado que, a veces, los ladrones pueden, de todas maneras, considerar que serán más “rápidos” que sus víctimas o sus eventuales captores. Pero claramente, con todo lo demás igual, los costos aquí suben.
Respecto de las salideras bancarias, el proyecto de ley intenta incrementar la incertidumbre de los ladrones, dificultando su capacidad de elegir a las víctimas. Si se ocultan las cajas de los bancos de la vista del resto del público, y se bloquean, además, los celulares, se hace más difícil para los ladrones identificar quién saca mucho dinero del banco y quién termina de pagar la factura de gas y, en todo caso, aun sabiéndolo, se les hace más difícil “avisar” a sus cómplices.
Pero en este caso, además, el Banco Central podría ayudar, en serio, regulando algún sistema barato de transferencia bancaria electrónica o cheque de pago irrevocable para grandes sumas, de manera que las transacciones importantes (compraventa de propiedades o automóviles) no haya que hacerlas en efectivo, limitando así los casos en que se necesita retirar mucho dinero en efectivo.
Pero, insisto, éstos son cambios marginales en los costos de delinquir. La clave sigue siendo tener una policía eficiente, no corrupta y con recursos. Una Justicia rápida, valiente y honesta. Un tratamiento diferente para las reincidencias. Cárceles que rehabiliten y educación y trabajo para los jóvenes.
En síntesis, la responsabilidad final sigue siendo de la política, que también tiene que ser eficiente y honesta.
