Aun cuando las diferencias son muchas y notables –toda comparación siempre tiene algo de injusto– la situación que confronta la Argentina de cara al litigio con los fondos que se mantuvieron fuera de la reestructuración de la deuda, tiene mucho en común con un episodio que una vez más ha vuelto a pasar, no digo inadvertido, pero sí seriamente devaluado en la cobertura periodística. Por decisión del gobierno argentino, las relaciones de nuestro país han vuelto a crisparse y a tensarse nada menos que con la República Oriental del Uruguay.
¿Qué quiere decir “nada menos”? Si hay un país con el que la Argentina debería mantener de manera obligatoria las mejores relaciones del mundo, es ese país del que a menudo nos cuesta diferenciarnos, como si fuese una nación “extranjera”, porque en todo sentido, Uruguay y la Argentina, comparten más que un río: comparten una cuenca, una historia, una sensibilidad, una manera de ver las cosas.
¿Comparten o compartían? Tengo para mí que cada vez comparten menos. Al menos, mientras continúe el actual gobierno. Estoy hablando una vez más del diferendo, que los medios suelen llamar “de las pasteras”, cuando en realidad es una sola pastera inicialmente llamada Botnia y que luego se vendió y se convirtió en UPM, fábrica construida por capital finlandés, precisamente la quinta esencia del capitalismo ambientalmente más responsable y administrativamente más prolijo que se conozca en el mundo. Una vez más, se ha tensado la cuerda, porque a partir de la autorización que el gobierno uruguayo le dio a UPM para que pueda incrementar un 10% su producción anual de pasta de celulosa, llevándola a 1.300.000 toneladas, la Argentina ha planteado las cosas de la peor manera posible. Las ha planteado con extremismo y altanería, anunciando que habrá de reformular completamente la totalidad de las negociaciones y los acuerdos argentino-uruguayos.
La Argentina acusa a Uruguay de un “gesto inamistoso”, alegando que Uruguay no habría cumplido con el mecanismo de información y consulta previo, establecido por dos artículos del Estatuto del Río Uruguay, los números 7 y 12. E, imperativamente, como quien le está dando órdenes a un vasallo, la Casa Rosada les reclama a los uruguayos que dejen inmediatamente sin efecto esta nueva resolución autorizando el aumento de la producción.
Esto es algo realmente notable, porque en verdad los hechos demuestran que ya Uruguay había presentado la información completa conforme a lo dispuesto por la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en relación a este pedido de aumento de producción. La Corte de La Haya había resuelto que el Estado que se proponga realizar un proyecto – en este caso, Uruguay-, podrá proceder con el mismo “a su propio riesgo”, luego de haber cumplido con el procedimiento de consulta e información.
Ahora bien, este procedimiento, y esta es la letra de la ley, no le otorga a ninguna de las partes un derecho de veto. O sea, que Uruguay haya presentado este proyecto y continúe adelante con él, no implica que la Argentina pueda vetarlo. Esto pasaría inclusive en viceversa, si la que hubiese hecho ese proyecto fuese la Argentina. “Una vez completada esta etapa procesal –dice la ley– la parte – (Uruguay) puede emprender el proyecto a su propio riesgo”, es decir, bajo su propia responsabilidad. Pero claro que la Corte Internacional de Justicia de La Haya le dijo algo a la Argentina, que los argentinos, mucho me temo, no quieren escuchar: la parte que invoca ciertos hechos, debe probarlos; y si la Argentina invoca que la pastera UPM no solamente ha contaminado sino que esa contaminación ha aumentado, no los ha probado. Y para esto no alcanzan las declaraciones: se necesitan pruebas científicas de que el daño ambiental ha sido fehaciente y se ha podido corroborar.
Por otro lado, si Gualeguaychú recibiera los perjuicios de una hipotética contaminación incrementada, ¿qué pasaría con Fray Bentos? La ciudad uruguaya también se perjudicaría. ¿Por qué razón el pueblo uruguayo –y ya no solo Fray Bentos, sino la nación uruguaya y su gobierno legítimo– habrían de producir de manera deliberada un perjuicio ambiental contra Fray Bentos?
El fallo de La Haya exige no contaminar el ambiente, pero en tanto y en cuanto esto no es que impida o limita el punto máximo de producción, y el único limitante que existe en esta materia, es que aumentase la contaminación, pero esto debe ser debidamente probado.
Todo esto parece un diálogo de sordos, sobre todo porque la Argentina se ha empeñado en un caso relativamente fácil, con un interlocutor al que se lo percibe como más débil y como más modesto, para seguir adelante con una actitud petulante e intimidatoria, como si la Argentina, de algún modo, para con Uruguay, estuviera procurando jugar el papel del “grandote del barrio”, aquel que es capaz de hacer bullying al más pequeño, al que simplemente está tratando de producir para su sociedad, para su clase obrera y para su propio crecimiento.
Todo esto nos habla mucho de lo que pasó en Nueva York, porque aun son dos situaciones totalmente diferentes, se advierte que la Argentina sigue empeñada, fracaso tras fracaso – y cuando digo “Argentina” me refiero al Gobierno – en continuar con una beligerancia convertida en ideología, pese a que la realidad nos demuestra día tras día, mes tras mes y año tras año, que ninguna de estas patoteadas le han servido mucho a la Argentina, pese a lo cual, el oficialismo sigue convencido que esa es la mejor manera de estar en el mundo.
(*) Editorial emitido en Radio Mitre, el lunes 23 de junio de 2014.
