Es necesario sopesar con prudencia, pero también con mucho detalle, las emociones, sentimientos y razonamientos que dejan como saldo la triste noche de anoche en la Capital Federal. Me propongo hacerlo ya mismo, sin mayores prólogos, para intentar sacar algunas conclusiones necesarias, de índole política, pero también, sobre todo y preferentemente, cultural.
Cuando quien les habla comenzó a ver por televisión lo que estaba pasando en el Obelisco, lo primero que deduje y confirmé, porque es una vieja percepción mía, de que los agresores y delincuentes que estaban sueltos en la Plaza de la República, exhibían una notable falta de miedo. La presencia de los carros hidrantes de la Policía Federal, el despliegue de la Guardia de Infantería con sus cascos y escudos, no solo no los intimidaba, sino que -por el contrario- los desafiaba. La falta de miedo es uno de los elementos que se viene observando en la Argentina de cara a lo que en alguna época se denominó “fuerzas del orden”. La Policía, como la Gendarmería o la Prefectura, hoy, no suscitan ni siquiera el respeto que en cualquier sociedad relativamente equilibrada debe suscitar el despliegue de esos efectivos en ocasiones de desórdenes.
¿Cuántos eran los malandrines? ¿Doscientos? Nadie lo puede afirmar. No muchos más. Otro aspecto digno de ser mencionado, es la naturalización de la capucha: encapuchados muchos de ellos –y, además, con la bandera argentina enrollada en sus cuerpos– sus rostros terminan siendo anónimos para los centenares de cámaras de seguridad que se siguen instalando en la Ciudad. La actividad de los malandrines la noche del domingo 13 de julio era robar: la abrumadora mayoría eran ladrones. Vayan ustedes compaginando: ladrones sueltos, encapuchados y sin temor a la policía. Desafiantes, agresivos, el saqueo era registrado por las cámaras de televisión de una manera llamativamente natural. La sociedad que ve televisión veía cómo robaban delante de sus propios ojos, mientras la Policía Federal hacía orden cerrado, protegida por sus largos escudos, aguardando eternamente que llegase la orden de actuar.
El carácter dilapidador y destructivo de los malandrines se verifica en que atacaban y saqueaban a los móviles de la televisión, cuyos operadores técnicos y periodistas les pedían que ellos fueran trabajadores. Claro, se equivocaban. Los ladrones no son trabajadores, son delincuentes. ¿Qué les importaba que un móvil fuera saqueado y que toda la tarea de los trabajadores de prensa quedara aniquilada, si ellos no son trabajadores?
Sobreviene luego, en el análisis, la actuación de la policía. Por de pronto, el hecho principal es una absoluta falta de prevención: no pueden mentir tan descaradamente. Si había algún plan de prevención o un protocolo ante lo que pudiera pasar, ese protocolo, nunca fueron ejecutados. En consecuencia, y en orden eminentemente lógico, aparece el tema de la tardanza. Las cámaras de televisión, una vez más, nos muestran a unas fuerzas policiales que pareciera prepararse para la guerra de Ucrania o de Gaza: se despliegan, lucen amenazantes, con cascos y escudos, y tardan una eternidad, mientras la televisión está mostrando cómo casi 30 locales comerciales son saqueados impunemente por hordas de malandrines, borrachos, drogadictos y delincuentes.
Es bastante ridícula la actitud de la policía al exhibir un poder de fuego que no puede desplegar sobre la realidad. Pero no hay que acusar a la Policía Federal. El problema no es la Policía Federal. El problema es, desde luego, el escalafón político que hoy la gobierna, concretamente el ministro de Seguridad de hecho, Sergio Berni, porque a mí nadie me podrá convencer jamás que es simplemente “un secretario de seguridad”, cuando la ministra María Rodríguez puede viajar en subte y nadie la reconoce porque nunca aparece.
Un párrafo aparte para la Policía Metropolitana. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha resuelto –al menos hasta este momento– no dar a conocer ninguna posición sobre lo que sucedió el domingo 13. Desde el Gobierno Nacional se dijo que había un acuerdo previo; y desde el Gobierno de la Ciudad, un funcionario anónimo, mentado hoy por algún medio, sostiene que ese acuerdo existía y que a la Metropolitana le tocaba custodiar la zona de 9 de Julio y Córdoba, a muchas cuadras de distancia de donde realmente pasaron los terribles episodios de anoche.
¿Qué es lo que pasa con la Metropolitana? ¿Qué es lo que pasa con el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Y qué es lo que pasa con el Jefe de Gobierno, Mauricio Macri? ¿Qué es lo que realmente pasa? La Metropolitana ¿no puede, no quiere o no sabe? En verdad ya han pasado muchos años desde la fundación de este nuevo organismo, que viene a puntualizar o a subrayar otra cuestión delicada: la Ciudad de Buenos Aires carece de policía. O mejor dicho: el poder de policía se ejerce o se retira de manera azarosa y completamente imposible de prever, cuando la jefatura política de la Nación así lo ordena. Recordemos que sacaron a la Policía Federal del subte, antes de que el subte pudiera ser realmente protegido por la Metropolitana.
Efectivamente, la Policía Federal se ha convertido en un títere de las decisiones políticas del Gobierno. Pero en la Ciudad de Buenos Aires, ¿es cierto que esto es todo lo que se puede hacer? ¿Nadie recordó lo que pasó aquel terrible 12 de diciembre del año pasado, en el denominado “Día del hincha de Boca”, cuando ese mismo lugar de la ciudad, esa misma esquina, fue vandalizada hasta que se cansaron de robar todo lo que podían?
Hay una cultura oficial que viene desde la Casa Rosada y que se ha implementado hace largos años, de sancionar el no castigo: el Gobierno dice tener terror a castigar, porque eso implicaría regresar a la cultura de la llamada “represión”. Pero además, esto conlleva culturalmente, y Sergio Berni se cuida mucho de decirlo, una destrucción deliberada del orden, que no solo proviene de una justicia colonizada por el oficialismo, sino también del Gobierno, que durante largos años se cansó de condonar, amnistiar e indultar todo lo que le resultaba políticamente intragable efectivizar.
¿Cómo es posible que por un segundo lugar en la Copa del Mundo, la cultura de la capucha – esa capucha asociada todavía por muchos luchadores de los derechos humanos con los momentos más terribles de la era del Proceso, haya regresado a la Argentina?
¿Qué perdón o qué nivel de tolerancia se puede tener para un país que confunde todo: nacionalismo, reclamos territoriales, reivindicaciones, con un simple partido de fútbol? ¿Por qué la ciudad más importante del país debe quedar condenada a carecer de fuerzas del orden?
Creo que hay responsabilidades del Gobierno de la Ciudad, porque si, efectivamente, hubo un acuerdo con la Federal, ese acuerdo debió haber sido públicamente notificado a la sociedad mucho antes de las seis de la tarde de ayer, proclamando: “esto es lo que podemos y esto es lo que no podemos hacer”. La exhibición de la Metropolitana de ayer causó mucha pena y vergüenza, por su total y absoluta esterilidad. ¿Es culpa del Gobierno de la Ciudad? Que la asuma. ¿Es culpa del Gobierno Nacional? Que el Jefe de Gobierno Macri así lo diga.
Pero lo que ha pasado colma, en verdad, todos los límites tolerables. Anoche Buenos Aires daba la más tétrica, lamentable y penosa impresión de su propio desgobierno, su propio caos. Doscientos delirantes, encapuchados, seguramente alcoholizados todos ellos, desafiaron con éxito a una muchedumbre que pensó que quería celebrar, y a un Estado cada vez más inexistente, pese a que esta gente que gobierna, se está llena la boca con la idea de que han “recuperado” el Estado.
El Estado no está recuperado. El domingo Buenos Aires fue un caos notable, y la culpa alguien debe asumirla, más temprano que tarde.
(*) Emitido en Radio Mitre, el lunes 14 de julio de 2014.
