Fue la foto de la semana. Allí, en la sede de la CGT, estuvieron todos. Los que se habían peleado, los que se habían enojado, los que se habían sentido ofendidos y humillados. No faltó nadie para recibir al presidente electo.
No fue magia. Macri lo hizo. De no haber sido por las catastróficas consecuencias económicas de su gobierno y por la errada endogamia que desarrolló durante su gestión, eso no habría ocurrido.
De no haberse aferrado a ese absurdo eslogan de que “el pasado no vuelve”, habría hecho una lectura mejor de la dinámica del proceso político de la Argentina del presente.
Pasado y futuro. El gobierno de Macri ha entrado en el pasado. Es a Alberto Fernández a quien el futuro aguarda. Y, por supuesto, el curso de ese futuro dependerá del enfoque que le dé a su administración. Si lo que prima es la vuelta del pasado, fracasará.
El tema de la deuda es un asunto central y prioritario para la nueva administración. La historia se repite. Macri comenzó su gobierno teniendo como prioridad la solución del problema con los fondos buitre. Cuando arregló con ellos pareció que se abrían para la Argentina las puertas del cielo. Nada de ello ocurrió.
Paradojas del destino de condena de nuestro país, este gobierno se va dejando al que viene una deuda enorme con un acreedor externo: el Fondo Monetario Internacional. Es una deuda impagable en los términos en los que está planteada en los acuerdos firmados entre el ex ministro Nicolás Dujovne –increíble que un personaje tan minúsculo e inepto haya sido ministro– y Christine Lagarde.
La centralidad de este asunto motivó una actividad intensa de Guillermo Nielsen en Miami durante la última semana. Esa actividad incluyó la ya conocida reunión con Alejandro Werner, funcionario del FMI nacido en Córdoba, que tiene a su cargo el caso argentino.
Pero no fue ese el único movimiento en relación con la deuda. El presidente electo se lo dijo categóricamente a Rafael Correa. La deuda es impagable. Carlos Melconian fue también categórico: el acuerdo con el Fondo debe ser renegociado.
Gabinete y Consejo. De los nombres que van a conformar el gabinete que acompañará a AF sigue sin saberse mucho. El presidente electo los tiene “in mente retentis” y su decisión es darlos a conocer la semana previa a su asunción.
Mas allá de nombres que parecen cantados –Santiago Cafiero, Felipe Solá, Gustavo Beliz– nadie tiene la silla asegurada.
Lo que más le preocupa a Fernández es trazar una hoja de ruta para los primeros cien días de su administración. No es novedad que habrá llamado a sesiones extraordinarias. Tampoco lo es su decisión de darle al Consejo Económico y Social –al cual convocará de inmediato– vuelo institucional a través de una ley.
Ese consejo representará un verdadero desafío para el nuevo presidente. No sería lo correcto la idea de muchos de remedar aquel otro acuerdo social que, por orden del general Juan Domingo Perón, se creó al comienzo del gobierno de Héctor J. Cámpora. Ese acuerdo terminó en el rodrigazo como consecuencia de la mala gestión del ministro de Economía José Ver Gelbard. Muerto Perón, se quedó sin sustento político.
Por eso, el modelo a mirar y en el cual referenciarse debería ser el del Pacto de la Moncloa. Aquel acuerdo fue motivado por la crisis económico social por la que atravesaba esa España apenas salida de la brutal dictadura del general Francisco Franco. Era presidente del gobierno Adolfo Suárez, quien advirtió el riesgo que representaba para el país la prolongada crisis económica que, de prolongarse, tenía el potencial de poner en riesgo la novel democracia española.
La amplia convocatoria, que involucró a los sindicatos, a las instituciones empresariales y a los partidos políticos tuvo tres características esenciales: primero, se discutió con franqueza e intensidad pero con una visión absolutamente acuerdista de todos los protagonistas; segundo, los protagonistas de estas discusiones tuvieron en claro desde el comienzo de las negociaciones que, en pos de alcanzar un acuerdo, cada uno debía ceder algo; tercero, cada uno de los signatarios del pacto se comprometieron a cumplir con la palabra empeñada.
El impacto de este acuerdo fue tal que España nació a la modernidad. Vino luego el gobierno socialista de Felipe González, que entendió que esa apertura a la modernidad requería dejar atrás prejuicios ideológicos.
Si en el espíritu de quienes sean los participantes del Consejo Económico y Social que aspira a implementar Alberto Fernández no están las premisas arriba especificadas, el acuerdo no tendrá más destino que la nada.
Justicia. AF debería ser más cuidadoso en sus expresiones sobre la Justicia. Una cosa es criticar –y en muchos casos con razón– la aplicación de la prisión preventiva y otra cosa es generalizar y afirmar que toda la investigación de la corrupción que hubo durante el kirchnerato es producto de una persecución política.
Con ese criterio, deberá decir lo mismo cuando la Justicia comience a avanzar sobre causas que hoy comprometen a Macri o a alguno de sus ministros. Por ejemplo, que la causa por el Correo representa una persecución política.
No caben dudas de que la Justicia Federal debe ser transformada. El mal funcionamiento que allí se observa es producto de los males de la política. Abundan los nombramientos de jueces con un solo objetivo por parte de quienes lo designaron: asegurar su propia impunidad.
El último político que intentó llevar adelante una verdadera renovación y adecentamiento de la Justicia Federal fue Gustavo Beliz, cuando se desempeñó como ministro de Justicia de Néstor Kirchner.
La memoria nos recuerda que, por querer llevar adelante ese proyecto Beliz fue eyectado del gobierno por el ex presidente por haber denunciado su falta de transparencia en el manejo de la SIDE, principal apoyo de muchos de los jueces federales con despacho en Comodoro Py al 2000.
La principal crítica a los jueces que investigan los hechos de corrupción sucedidos durante los doce años del kirchnerato es no haber actuado en tiempo y forma para investigar los hechos de corrupción denunciados con todo detalle.
Con esa molicie permitieron que se cometieran ilícitos que perjudicaron a la población.
Hay daños que ninguna sentencia –por más dura que sea– logrará reparar. Alberto Fernández supo ser duro con la corrupción del kirchnerismo. ¿Lo habrá olvidado?
