No es necesario pensar que el capitalismo es siempre un irredimible sistema corrupto, porque tal evaluación pasaría por alto su funcionamiento en naciones como Alemania, donde en 2012 el presidente Christian Wulff tuvo que renunciar bajo la acusación de tráfico de influencias. En algunos países, las transgresiones se pagan y los castigos se cumplen.
Un pesimista o un escéptico podría sonreír al leer lo que arriba queda escrito. Y dirá: acá existe Vicentin, y su historia de favores recibidos durante diferentes gobiernos prueba que el empresariado y el Estado establecieron alianzas financieras más allá de todas las normas. De acuerdo. La historia de Vicentin fue publicada, entre otros medios, por un matutino al que difícilmente puede acusársele de izquierdismo.
Del lado de los políticos, las cosas no son más santas que del costado empresarial. La ex presidenta y hoy vicepresidenta Cristina Kirchner fue y seguirá siendo objeto de sospechas fundadas que pueden avalar un juicio y posible condena, si su amigo Alberto no interviene con alguna maniobra de esas que conocen los abogados penalistas.
¿Por qué usar a Cristina Kirchner como caso ejemplar, si hay tantos otros? Porque es una política de primera línea, que aspira a seguir ejerciendo su imperio sobre el Presidente a través de la troupe de secretarios, ministros y representantes que consideran más conveniente seguirla a ella que a Alberto Fernández. Porque sería un milagro y el comienzo de algo nuevo.
Juicio y castigo. Somos como somos y, sin una respuesta ejemplar, persistiremos. En 1986, el Juicio a las Juntas Militares y las condenas impartidas por el tribunal sobre los actos de sus integrantes, la cárcel que siguió a esas condenas, el repudio y el desprecio que merecieron los culpables trazaron una línea. El título del famoso informe sobre muertos y desaparecidos fue una orden: Nunca Más.
Del Juicio a las Juntas parece imposible volver hacia atrás. No hay retroceso salvo que se quiera negar la barbarie que el juicio demostró con testigos y pruebas. Los que no sabían o no se quisieron enterar durante la dictadura ya no tuvieron la escapatoria de declarar, con mirada ingenua como disfraz del cinismo, que no se sabía nada. Todo el juicio fue un revelador que actuó sobre una película que parecía velada para siempre. Mostró las caras, los lugares, los instrumentos de tortura, las fosas donde se tiraban restos humanos.
Como sí se hizo con el terrorismo de Estado, parece imposible un juicio que castigue a políticos y empresarios
En Argentina todavía no tenemos un Nunca Más de la corrupción. Y hoy parece una ilusión que algo así podría producirse. No existe un político que comprometa su nombre, su honor, su palabra, su futuro, y convenza a su propio partido de que, caiga quien caiga en ese juicio, se lo llevará adelante. No existe un Raúl Alfonsín, que le ganó las elecciones al justicialismo porque tenía fuerza moral, convicción y coraje. Por el camino que vamos, será difícil que lleguemos a tener un político de esa cepa. La democracia que ganamos en 1983 nos acostumbró a sus virtudes y a sus defectos. Entre sus virtudes figura la justicia. Pero el trapicheo es uno de los defectos de nuestra democracia actual, que llega incluso a anular sus virtudes.
Nombres como el de Padoan, zar de Vicentin, en los cuadernos de las coimas que recopiló un chofer obsesivo, se encuentran en noticias que, si la Argentina no fuera un país acostumbrado a la corrupción, serían excepcionales. Pero no lo son. Con el mismo semblante austero que conocemos por las fotos de prensa, Javier González Fraga firmó créditos en serie para Vicentin, en una secuencia diaria que despierta todas las sospechas. El Banco Nación fue dispendioso con esa empresa, sin pensar quiénes iban a terminar pagando la cuenta. La pagarán los argentinos, que no participaron ni en las sumas millonarias que se han fugado a paraísos fiscales, ni en el bienestar del que seguramente disfrutan los dueños y testaferros de Vicentin.
Sin un juicio a la corrupción, como hubo un juicio al terrorismo de Estado, este camino de barro seguirá siendo una pista asfaltada para los que formen parte de un grupo que, en nombre de los sueldos que pagan o del comercio exterior que dinamizan, obtienen los beneficios que son esquivos, si no imposibles, para el dueño de una empresa pequeña o mediana. Se podrá decir que el capitalismo es así en todas partes. Pero no lo es. Los bancos públicos no reparten créditos sin las garantías debidas. Los gerentes que hicieran ese reparto saben que no solo eventualmente perderán su puesto sino que podrán terminar en la Justicia. Los políticos no están comprometidos en esas maniobras. El actual funcionario del Banco Nación, Claudio Lozano, afirmó que Vicentin recibió un trato privilegiado, y superó todos los límites de endeudamiento. Si Vicentin es un caso testigo, ¿habrá llegado el momento de cambiar las cosas?
Investigar la trama del delito. Estado y empresarios firmaron una alianza que les resulta provechosa a los que pueden ser aceptados en ella como participantes de los beneficios, si antes han colaborado en la estafa.
Imagino la indignación de un empresario que necesita créditos y, para conseguirlos, sube una cuesta empinada si no tiene los contactos, los amigos, la capacidad de suspender juicios morales, el temple para dialogar con delincuentes. Seis meses antes de entrar en cesación de pagos, según informa la agencia Télam, el Banco Nación le prestó a Vicentin 6 millones de dólares. Cualquier suspicaz se preguntará la razón que llevó a González Fraga a autorizarlo.
La responsabilidad es tanto de los que manejaron Vicentin, como de los directivos del Banco Nación
La trama debe ser investigada. ¿Qué tenía, prometía o repartía Vicentin para lograr esos préstamos diarios? Afirmar que se realizaban para que siguiera pagando 4 mil salarios despierta todas las sospechas sobre el modo en que el argumento salarial es usado en beneficio de los empleadores. Hay depositadas decenas de miles de salarios no en el bolsillo de los trabajadores, sino en los paraísos fiscales. Estados Unidos ya comenzó una investigación. Un juez de Nueva York, en respuesta a la solicitud de los acreedores bancarios de Vicentin, examinará el destino de las transferencias de fondos realizadas por la empresa en los últimos tres años. Son varios cientos de millones de dólares que descansan en paraísos fiscales. Que dios ilumine al juez, porque es difícil que esas cosas podamos llegar a saberlas por el accionar de los magistrados argentinos.
La ausencia de responsabilidad moral es el límite que han traspasado estos manejos corruptos del capitalismo. Un caso como el de Vicentin obliga a juzgar duramente la ética pública de los sujetos intervinientes y de quienes sabían y callaron. Como dice el sentido común: la fiesta de Vicentin la pagamos todos.
Hasta que no se destruya la trama corrupta del capitalismo local, como se destruyó la de las Juntas Militares, no habrá Nunca Más de la corrupción. Alguien tiene que ir preso. El fiscal Pollicita ha pedido hace meses que se investigue a González Fraga. Los ingenuos suponían que su seriedad y sus modales distinguidos no podían sino trasmitir virtudes patricias. Se equivocaron.
