Después de 25 años de democracia la cuestión de la gobernabilidad debería ser un tema superado. Sin embargo, es un concepto que ha vuelto con fuerza, ya sea explícita o implícitamente, en los discursos tanto del oficialismo como de la oposición. Desde las épocas de la transición democrática que la idea de riesgo de gobernabilidad no tenía el mismo sentido de alarma. ¿Pero de qué se habla cuando se hace referencia a la gobernabilidad?
Al igual que la idea misma de democracia, la cuestión de la gobernabilidad debe ser considerada desde una visión comprehensiva y no minimalista. Así como el ámbito de demarcación de los procesos democráticos no se agota en los derechos cívicos, la gobernabilidad democrática no se agota en el sostenimiento del orden público y las buenas y funcionales relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso, sino en una nueva ecuación de elementos interrelacionados.
La gobernabilidad democrática puede entenderse como la capacidad de un sistema político –líderes e instituciones– para manejar eficazmente los desafíos internos y externos de una sociedad, por medio de políticas públicas orientadas por prácticas y valores democráticos buscando los consensos necesarios entre diferentes sectores de la sociedad. O sea, la gobernabilidad tiene que ver con la capacidad de gerenciamiento responsable de un sistema político (nacional o local) que se traduzca en gobernar bien y eficazmente, particularmente en lo que hace a valores fundamentales y objetivos económico-sociales.
Vivimos una época signada por múltiples y llamativas contradicciones. En muchos países de América latina se evidencian procesos de cambios profundos en sus sistemas políticos y en los vínculos que la ciudadanía establece con ellos. Es cierto que las democracias se han expandido en lo que hace a su aceptación popular, pero al mismo tiempo las propias instituciones basales del régimen democrático son fuertemente cuestionadas por la mayoría de la población, que ve en ellas sólo un espacio de acceso al poder para beneficio propio más que instancias eficaces para resolver los problemas de la población.
Las elecciones periódicas, la alternancia, los avances innegables en el control y transparencia de los actos eleccionarios, y hasta los avances en la defensa de los derechos humanos conviven con situaciones de desigualdad social vergonzosas (condiciones en que el ejercicio de la ciudadanía se hace difícil) o con limitaciones, en muchos casos, de la vigencia del Estado de Derecho, la autonomía de poderes o la existencia de sectores de privilegio e impunidad.
El tema de la gobernabilidad no se agota en la idea de orden social. Su carácter multidimensional abarca tanto aspectos político-institucionales como sociales y de seguridad pública.
Implica no sólo el manejo democrático de los conflictos, a través de mecanismos institucionales como los congresos; supone, además, fomentar una verdadera cultura de diálogo, respeto y tolerancia en el conjunto de actores sociales y políticos de la sociedad.
Recordemos sólo un dato: 14 presidentes debieron abandonar su cargo de manera perentoria desde el retorno de la democracia en América latina. Tres de esos casos nos pertenecen. Y ello no por obra de un golpe militar, sino de un espontaneísmo popular alimentado de frustración y rechazo hacia el conjunto de la dirigencia y gran parte del entramado institucional.
Muchos países latinoamericanos están mostrando hoy serias dificultades para constituir mayorías políticas que aseguren estabilidad política. Varias son las causas, desde los cambios en la estructura social y los procesos asociados con la globalización hasta la incidencia de los medios masivos en la lógica de la construcción de poder político.
El riesgo de gobernabilidad democrática de un país está relacionado, en definitiva, con el grado de responsabilidad del oficialismo y la oposición para consensuar soluciones y procesar los conflictos y, muy especialmente, con el grado de legitimidad de sus actores políticos.
Ello hace evidente la necesidad de cambios urgentes en el ejercicio de la representación política y el diseño y gestión de los asuntos públicos, ya que los votos son condición necesaria pero no suficiente para sustentar por sí solos el poder político.
La gobernabilidad democrática depende en última instancia de la representatividad y legitimidad de las instituciones políticas, y éstas dependen a su vez de la capacidad de esas instituciones para cumplir a cabalidad sus funciones.
*Socióloga.
** Ex vicecanciller.
