“¡Qué pobre memoria aquella que funciona solo hacia atrás!”
(Lewis Carroll)
En agosto de 1974, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) atacó la fábrica militar de Villa María en Córdoba. Entre los resultados de esta acción, fue apresado el coronel Argentino del Valle Larrabure y luego mantenido en cautiverio durante poco más de un año por la organización político-militar. En agosto de 1975 fue encontrado su cadáver y abierta una causa para investigar las condiciones que habían rodeado a su muerte. Dicha causa, que tuvo su proceso de investigación, instrucción, juicio y condenas entre 1975 y 1983, no logró determinar fehacientemente las razones del deceso de Larrabure.
En 2007 el hijo del militar solicitó la reapertura de la causa y su caratulación como delito de lesa humanidad y, por ende, imprescriptible. Luego de algunas peripecias judiciales, la solicitud llegó a manos de la Cámara Federal de Rosario en marzo de este año. En un comunicado firmado por historiadores estudiosos de la temática, como Marina Franco, Hugo Vezzetti y Vera Carnovale, y de otras personalidades públicas comprometidas con la defensa de los derechos humanos, como Nora Cortiñas o Graciela Fernández Meijide, se advirtió sobre la perversión del sentido histórico de los hechos que implicaba considerar el delito del ERP como de lesa humanidad.
Casación analizará si el asesinato del militar Larrabure fue un crimen de lesa humanidad.
La querella justificaba su pedido en las normas internacionales reguladas por el Estatuto de Roma de 1998. En su artículo 7, dedicado a los crímenes de lesa humanidad, planteaba que los actores pasibles de cometer delitos de lesa humanidad trascendían al Estado. No obstante, para tener esta caracterización debían ser cometidos “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”. Naturalmente, y en base a evidencia tanto historiográfica como jurídica, el ERP no contaba con estos atributos: no tenía un plan sistemático contra la población civil, ni control territorial ni anuencia del gobierno.
Estas cuestiones fueron contempladas por los jueces integrantes de la Cámara Federal de Rosario que el 31 de agosto de este año rechazaron por unanimidad la pretensión de los familiares de Larrabure, al considerar que el delito cometido por el ERP no podía ser caratulado como de lesa humanidad y, por lo tanto, se encontraba prescripto. El pasado 24 de octubre, los principales medios de comunicación informaron que la Cámara Federal rosarina había dado lugar al recurso presentado por la querella y que sería el turno de la Cámara de Casación Penal de analizar si el secuestro y asesinato de Larrabure puede ser catalogado como un crimen de lesa humanidad.
Sin argumentos jurídicos ni históricos que respalden las intenciones de la querella, lo que se encuentra también en juego en los estrados judiciales es la pugna por el sentido de los acontecimientos de la década del setenta. La idea de que las organizaciones político-militares argentinas hayan sido capaces de cometer delitos de lesa humanidad pretende igualar su accionar al del Estado, cuyo plan represivo sistemático –que incluyó desapariciones de cuerpos y restos, apropiación de bebés nacidos en cautiverio e instalaciones de centros clandestinos de detención a lo largo y a lo ancho del país– ha sido sobradamente demostrado. Esto implica, de fondo, la posibilidad de equiparar ambas violencias y volver a localizar en dos los demonios del pasado violento. Se trata de reinterpretar al terrorismo de Estado como una guerra interna, tal como lo hicieron los militares durante la dictadura.
Toda memoria se pronuncia, siempre, en presente. Por eso hay que buscar las raíces de la resonancia de esta versión tergiversada de la violencia pretérita en la coyuntura política actual. Tanto las conmemoraciones que el Ejército dispuso este año –con anuencia del gobierno de la Coalición Cambiemos–, para recordar a militares y civiles asesinados por las organizaciones armadas como la posibilidad de que las Fuerzas Armadas intervengan en asuntos de seguridad interna –también impulsada por el Gobierno este año–, brindan la pauta de que la recuperación del pasado en clave bélica puede implicar también un entendimiento del presente en los mismos términos.
Sobre todo en el marco de un discurso que traza delicados paralelismos con el pasado de militarización de la seguridad al hablar de “enfrentamientos” y agitar la presencia de “enemigos internos”. En este nuevo capítulo de la disputa por los sentidos del pasado se dirimen, al igual que siempre, las coordenadas que guían la interpretación del presente.
*Doctor en Historia (IDAES/UNSAM-CONICET)
En twitter: @horadado
