Pocos días atrás la Cámara Federal de Rosario rechazó la presentación de Arturo Larrabure, quien reclamó que el crimen de su padre, el coronel Argentino del Valle Larrabure fuera considerado de lesa humanidad y Luis Mattini, antiguo dirigente del PRT-ERP condenado en consecuencia, ya que los crímenes de esa categoría son imprescriptibles. El militar Larrabure fue secuestrado el 10 de agosto de 1975, cuando el ERP asaltó la Fábrica Militar de Villa María, en Córdoba. Un año más tarde el cuerpo de Larrabure fue hallado en un zanjón y esa organización afirmó que el militar había decidido quitarse la vida. Citando abundante jurisprudencia internacional el tribunal declaró “que el hecho fáctico analizado no es un delito de lesa humanidad, por no reunir los requisitos típicos para ser considerado como tal”. Para configurar así este tipo de crímenes deben ser cometidos por un “agente estatal o no estatal pero equiparado a tal; que tenga poder sobre cierto territorio; y que el ataque sea contra la población civil en el marco de un plan generalizado y sistemático”.
Queda claro, entonces, que la muerte de una persona por un grupo que no es parte del Estado y que no obedece a un plan sistemático de exterminio no puede ser catalogado como delito de lesa humanidad. Así lo establecen la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tratado de Roma.
No obstante, el tribunal destacó que nada de lo reflexionado desmerece “lo sufrido por sus familiares, camaradas y amigos”. El coronel es “sin duda una víctima, por qué no un mártir y hasta si se quiere un héroe. Pero aun así […] no corresponde sea tratado como un ‘Crimen de Lesa Humanidad’”.
Ajustándose a la ley, el tribunal no pudo dejar de compadecerse por los padecimientos sufridos por la víctima, en un fallo ejemplar que sienta un precedente importantísimo.
¿Por qué destacar este párrafo? Porque efectivamente el coronel Larrabure fue víctima de una implacable Justicia revolucionaria que lo mantuvo durante más de un año en condiciones lamentables. En un cuarto subterráneo de un metro de ancho por dos de largo, sin ver el sol, con luz artificial permanente, con un retrete de plástico, sin posibilidades de caminar o realizar gimnasia. Asmático, sufrió las consecuencias de un ambiente húmedo y el desgaste psicológico de ese cautiverio cruel. No son éstas condiciones para retener a un ser humano. La doble moral que imperó en los años setenta debe ser reconocida por los sobrevivientes de aquella propuesta revolucionaria que fracasó cuando la sociedad decidió dar un paso al costado y dejar solos, sin respaldo popular, a sus protagonistas.
Mientras los defensores de presos políticos exigían al Gobierno –con razón– un mejor trato en las cárceles oficiales, (sana alimentación, recreos al sol, trato humano), Larrabure permanecía en un estrecho cubículo sin ver el sol durante más de un año. Nadie puede exigirle al ERP una autocrítica o arrepentimiento, sencillamente porque el ERP dejó de existir hace más de cuarenta años. Pero es necesario que los sobrevivientes “aquellos que infringieron dolor, reconozcan y asuman su grado de responsabilidad al haber hecho algo que hizo que ese dolor haya sido posible”, reflexiona Rubén Chababo, secretario de DD.HH. de la Universidad de Rosario (www.lamesa.com.ar). “No creo que se trate de una cuestión que deba agotarse en lo jurídico –si es o no lesa humanidad– sino que es necesario dar un paso más, Eso debiera bastar. Pero eso no ha ocurrido. Ni en éste ni en muchos otros casos”, agrega.
Hubo un solo demonio: el Estado. Pero si no se reconoce que los derechos humanos de Larrabure fueron vulnerados se continuará eludiendo la historia. Al cabo de tantos años aferrarse a una versión dogmatista es cerrar los ojos, clausurar la memoria y obturar el sentido del presente. Restablecer los vínculos entre los derechos, la política y la ética es mucho más revolucionario y mucho menos conformista con el pasado. Aunque sea doloroso reconocerlo.
*Periodista y escritor.
