El Gobierno parece haber entrado en modo de espera. Es cierto que el 2020 tal vez fue uno de los años más difíciles para la Argentina en su historia, pero los problemas están lejos de amortiguarse.
¿Profecía autocumplida? Los ecos de la voz de la vicepresidenta reclamando por los funcionarios que no funcionan llevó a que una parte del gabinete se paralice. Difícilmente se pueda plantear políticas y negociar partidas presupuestarias cuando muchos ven (o creen ver) el temporizador descontando el tiempo a toda velocidad, con la línea burocrática más pendiente del radio-pasillo que de los objetivos anuales. La nube negra cubre prácticamente a todos los ministerios y las secretarías con rango de ministerios. Es más fácil pensar en las excepciones: Martín Guzmán y Eduardo “Wado” de Pedro forman la primera línea de quienes difícilmente se moverán de sus lugares. El primero tiene como nueva misión llegar a un acuerdo favorable con el FMI y el segundo se convertido en una de las pocas figuras de convergencia entre Alberto Fernández y Cristina F. de Kirchner.
En la segunda línea del nivel de solidez en el sillón ministerial se encuentran Vilma Ibarra (de alto perfil en la sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo) y el recientemente asumido Jorge Ferraresi. Todo lo demás parece estar en discusión para una reorganización profunda del gabinete lo que podría incluir varios enroques y futuras candidaturas con el fin de que Alberto Fernández encuentre aire para encarar el año electoral con las cuestiones más ordenadas.
Relanzamientos. La intención es que marzo sea el mes del relanzamiento del gobierno ahora sí con algunos objetivos claros: un elenco ministerial remozado, la vacunación a toda velocidad, una mejora sustantiva de las relaciones con Estados Unidos con nuevo presidente, y la gran noticia de estos días, los precios internacionales de la soja escalando a niveles que traen recuerdos de la época dorada del primer kirchnerismo.
Mantener el dólar estable frente a la opinión pública y el electorado (que odia los abruptos cambios de la verde moneda) con microdevaluaciones que permitan seguir a la inflación parece ser la herramienta favorita de Martín Guzmán. La Argentina es en términos económicos una sábana corta, necesita superávit de la balanza comercial para que no se corte el suministro de dólares, pero también precisa de alimentos baratos para el mercado interno como por ejemplo la carne. También necesita reducir el déficit fiscal a valores aceptables para el FMI sin descuidar el frente social y reactivar el consumo postergado tras la caída a plomo de 2020.
Los ecos de la voz de la vicepresidenta reclamando por los funcionarios que no funcionan llevó a que una parte del gabinete se paralice
Pero como todo no se puede, los salarios muy probablemente sigan perdiendo capacidad de compra, planchándose las paritarias del sector privado y retrasando la del sector público. Como consecuencia directa de esto las jubilaciones y pensiones probablemente pierdan frente a la inflación. La nueva fórmula de actualización votada hace depender los haberes jubilatorios en partes iguales de la variación de los salarios de los trabajadores y la recaudación total del ANSES. La esperanza allí está puesta en una reactivación importante con el famoso rebote que pueda descontar al menos la mitad de la caída del PBI del año pasado, que permita mejorar el empleo. Si el índice de precios al consumidor de 2020 fue del 36,1% con tarifas congeladas, en el nuevo año difícilmente los precios detengan su alza. El propio Guzmán comentó esta semana que piensa en un descenso paulatino del 5% anual, por lo que se tardarían unos ocho años en alcanzar la inflación mundial que para 2019 fue del 2,3%.
La amenaza fantasma. Es una decisión silenciosa por parte del gobierno albertista la preferencia de un mayor nivel de empleo, aunque sea a expensas de menores salarios. Para esto contará con el apoyo por omisión de la CGT y de la mayoría de los sindicatos. La propuesta de reorganización total del sistema de salud a la que hizo alusión la expresidenta Cristina Kirchner en diciembre fue una sacudida de magnitud para los gremialistas argentinos. Como es sabido el sistema de salud del país se compone de tres partes: el público, la medicina prepaga y el sistema de obras sociales sindicales.
No obstante, el mapa se complica cuando se observa que parte de las obras sociales deriva a sus afiliados a las prepagas (capitación) y que el sistema de salud que ofrece PAMI es mixto entre público y privado (gran parte de los prestadores son privados). Aún así, se puede calcular que aproximadamente el 40% de la población sólo tiene acceso al sistema público (hospitales y centros de salud), obviamente el sector más pobre de la población, sólo el 5% tiene prepaga por contratación voluntaria, un 35% se atiende en obras sociales sindicales puras, el 10% en prepagas por derivación de la obra social y el 10% restante utiliza los servicios del PAMI.
Si bien los orígenes de los sindicatos que prestan servicios de salud a sus afiliados datan de los años cuarenta, curiosamente en el año 1966 los aportes a las obras sociales de trabajadores y empleadores se vuelven obligatorios. Esta política fue parte de las acciones de la dictadura del General Juan Carlos Onganía para ganarse la gracia del sindicalismo peronista. Como contrapartida, esa medida le otorgó al sindicalismo un notable poder económico y una independencia del poder político. Durante el menemismo se permitió la derivación de los afiliados sindicales a las prepagas lo que contribuyó al despliegue de estas últimas. Todo cambio a este intrincado sistema implica muchos recursos, lo que hace que hoy Alberto Fernández cuente con férreos aliados entre quienes prefieren que el sistema de salud siga su curso actual.
Fuego amigo. Los próximos dos meses que restan hasta la promesa de relanzamiento del gobierno no serán fáciles. Se observan cada día más criticas de sectores participantes del Frente de Todos. A veces los cuestionamientos suenan más fuerte que los de la propia oposición, ¿llegará la sangre al río?
*Sociólogo (@cfdeangelis).
