El paro del sindicalismo opositor no pone en riesgo la gobernabilidad, pero sí complica el ajuste emprendido por el gobierno nacional en enero pasado. Ajuste sin plan que, como una bomba de profundidad, ha ido extendiendo con cierto retardo, pero inevitablemente, a más y más sectores económicos y sociales los costos derivados de los desequilibrios del modelo. Y no tiene, para peor, visos de poder dejarlos atrás rápidamente con un nuevo ciclo de expansión. Las resistencias crecen, entonces, no sólo por los perjuicios inmediatos que, pasado el verano, se extienden y amplifican. Sino sobre todo porque pocos creen que las cosas vayan a mejorar en el corto plazo y el mal pronóstico alimenta las reacciones defensivas.
El beneficio que el sindicalismo crítico espera obtener de medidas de fuerza como la de jueves 10 es, entonces, doble: evitar que sus representados se cuenten entre las víctimas de lo que pinta será el largo y penoso aterrizaje del modelo K; y hacerse al mismo tiempo de un lugar protagónico en el igualmente largo e intrincado proceso de composición de su reemplazo. Como es obvio concluir, los alicientes para reincidir en paros generales y movilizaciones en un contexto como éste son tales que su reiteración se vuelve inevitable.
La pregunta, como con todo proceso de ajuste, es quién lo paga, y los asalariados formales están dando la señal de que se resistirán con todo lo que tienen a la mano a hacerlo. Para el Gobierno es un problema serio pues afecta al núcleo duro de su base de apoyo: toda fuga que se produzca en ese núcleo duro será una ganancia también doble de la oposición; y todo lo que ceda en el terreno de los salarios, Ganancias y jubilaciones implicará para Cristina menos dinero para sostener los planes sociales, las transferencias discrecionales a municipios y provincias adictas, en suma, más tensión con las demás piezas centrales de su coalición.
Siendo así, no se entiende que haya puesto tan poco empeño en retener a los dos gremios decisivos para el éxito de éste y cualquier otro paro general: ferroviarios y colectiveros. Con ellos, Moyano recompuso ahora la alianza de sindicatos de transporte que se había esfumado al romper con Cristina, a fines de 2011 (lo que, recordemos, redujo la eficacia del primer paro que hizo contra ella, en 2012). Aunque también hay que destacar la contribución al éxito de la huelga del jueves que hicieron otros sectores: en particular, de entre los que obtuvieron aumentos inferiores al 30% (de allí la adhesión de seccionales y comisiones internas de varios grandes gremios industriales, que la izquierda se adjudica exageradamente) y de quienes temen que eso es todo lo que recibirán (como sucedió aparentemente en Comercio, que no adhirió pero tampoco trabajó, a diferencia de Bancarios, que firmó por alrededor de 34% y trabajó normalmente).
Tampoco el Gobierno parece haber sido eficaz en su esfuerzo por atribuirle la responsabilidad y los disgustos resultantes del paro a los opositores, y en particular a Massa. Este sabe, igual que Cristina y todo líder peronista que se precie, que lo que la mayor parte de la sociedad espera de ellos es que demuestren ser capaces de atender los reclamos sindicales sin volverse sus rehenes, es decir, que sepan negociar e integrar para poder acotar y disciplinar. Y el problema de Cristina es que ya no logra hacerlo: desde que rompió con Moyano, empezó a declinar su capacidad de disciplinamiento, lo que ahora se agrava porque tampoco atiende ni satisface; retrospectivamente, incluso sus actuales dificultades invitan a reflexionar sobre la inconsistencia inherente a la apuesta que la llevó entonces a la ruptura con Moyano y luego a esperar dos años para hacer un ajuste que esa ruptura hubiera facilitado y que a esta altura ya hubiera podido dejar atrás. Pero eso es historia. Lo que cuenta es que ahora Massa, igual que el resto de la oposición, no tienen que hacer más esfuerzo que el de afirmar que saben cómo recomponer el equilibrio que el kirchnerismo perdió. Cuidándose de avalar “los métodos”, pero reconociendo “los reclamos”. Un gesto que bien puede considerarse oportunista y facilista, pero que es la legítima ventaja que corresponde a cualquier competidor por no tener a cargo el timón.
*Investigador del Conicet y director de Cipol.
