Algo huele mal en la comarca. Dos pueblos vecinos, Gualeguaychú y Fray Bentos, unidos en sus raíces, su geografía, sus costumbres, sus tangos y su río (porque el Uruguay, antes del conflicto pastero, servía para crear lazos), están ahora heridos de desconfianza, de dolor por los daños mutuos. Con su fraternidad desgarrada. Separados por una chimenea gigante, donde el corte de la ruta internacional y la Asamblea Ambiental son emergentes del conflicto; las causas hay que buscarlas más lejos y más profundo.
El cuadro presenta aristas complejas. Uruguay implantó la política de los hechos consumados y Argentina actuó con tibieza y lentitud. Hasta que fue tarde. “Bielsa nos hizo hacer la plancha un año y medio”, suele oírse en Gualeguaychú, en referencia al ex ministro de Relaciones Exteriores de Argentina. La frase no está lejos de la verdad: el gobierno argentino no creyó que el tema pasaría a mayores y confió en que el discurso del entonces candidato presidencial Tabaré Vázquez en Minas de Corrales, departamento de Rivera, el 5 de junio de 2004, no sería más que un libreto de campaña:
“Lo otro que produce la destrucción del medio ambiente es la destrucción de fábricas, o la producción de determinados elementos que el mundo desarrollado sabe que producen destrucción del medio ambiente y entonces, para no destruir su medio ambiente y sabiendo de las necesidades de los países más pobres con su gente empobrecida, nos traen acá inversiones en industrias que destruyen el medio ambiente, que es nuestro, porque ellos no quieren destruir su medio ambiente”.
Después de todo, era Tabaré quien lo decía, el amigo, el político de izquierda, el que traía aires nuevos a Uruguay, el oncólogo que no tuvo una vida regalada sino de esfuerzos y había llegado al poder con las simpatías y el apoyo concreto del gobierno argentino, encarnado en Néstor Kirchner.
Era el Frente Amplio, simplemente. “2004 fue un año casi perdido para nosotros. Porque todos confiábamos en que, una vez en el poder, Tabaré iba a cambiar las cosas. No iba a permitir el avasallamiento. Tuvimos que despertarnos y reaccionar”, sostiene Javier Villanueva, asambleísta, músico, ex director del programa Río Vida y de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Gualeguaychú entre 1999 y 2007.
El desencuentro creció a medida que avanzaban los intereses económicos y políticos. No se puede, en esta controversia, hablar de un conflicto; existen los conflictos. Hay uno social y otro ambiental, ambos en primer lugar de importancia; otro político, otro económico, otro legal.
Paralelamente, en el accionar de la Asamblea Ambiental, se lee como propuesta no escrita la construcción de una nueva forma de intervención de la sociedad civil en los problemas que le incumben. (…)
El conflicto ambiental. ENCE, la empresa nacional española de celulosa, se aprestaba a instalarse en Fray Bentos. La firma pastera había sido condenada poco antes, en 2002, por delito ecológico, es decir, daño al medio ambiente durante más de cuarenta años. En 2003, la empresa se proponía abrir nuevas plantas. Pero no en España: en el Sur. En Uruguay. A 8 kilómetros de Fray Bentos y 27 de Gualeguaychú. Junto a un río cuya soberanía es compartida por dos países.
Para agravar la situación, antes de que ese año terminara, se conoció la noticia de que una nueva pastera, Botnia, había iniciado gestiones ante el gobierno uruguayo para radicarse en el país vecino. Al lado de ENCE. El resultado sería un volumen enorme de producción conjunta: 1.600.000 toneladas de pasta de celulosa al año. Más que toda la producción argentina sumada (el total anual que procesa este país es de 750 mil toneladas, en plantas mecánicas, semiquímicas y químicas).
Semejante volumen de producción se planificaba junto a dos ciudades, con unos 110 mil habitantes entre ambas, y un impacto regional extendido que llegaría a 300 mil personas en total (los informes técnicos argentinos hablan de un radio de incidencia de 100 kilómetros para efluentes líquidos o particulado emitido al aire; la Dirección Nacional de Medio Ambiente –Dinama– de Uruguay acepta un radio de incidencia de 60 km).
Así, el punto de inflexión para los argentinos estuvo desde el principio en la localización de las plantas y en el volumen de producción, con su consecuente emisión de efluentes al aire, el agua y la tierra.
Fraybentinos y gualeguaychuenses que se opusieron a la radicación de las fábricas sobre la orilla del río Uruguay temían lo mismo: un daño ambiental importante para su región. Lo que implica decir: un daño para sus habitantes, su producción pecuaria, sus cultivos y ríos, su aire, su riqueza pesquera, los humedales cercanos, el turismo, la biodiversidad del lugar.
Los únicos estudios de impacto ambiental que ENCE y Botnia presentaron estaban elaborados por consultoras contratadas por ambas empresas. No había estudios independientes, tampoco del gobierno uruguayo. De hecho, Soluziona, la consultora de ENCE que emitió el informe ambiental favorable, resultó pertenecer al mismo holding empresarial.
Cinco universidades (una uruguaya, tres argentinas y una italiana), así como la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente (Funam), produjeron informes alertando sobre los riesgos de contaminación de las plantas pasteras y sus impactos acumulados.
Fue la propia ENCE la que les dio la razón cuando el 22 de junio de 2006 anunció que paralizaba el proyecto en M’Bopicuá a causa de la cercanía con la planta de Botnia.
A favor, alegando que sus impactos no serían dañinos para el ambiente, se pronunciaron las consultoras EcoMetrix y la japonesa Pacific Consultant, contratadas por la Corporación Financiera Internacional (CFI) y el Banco Mundial (BM) para que analizaran los proyectos presentados por las pasteras antes de otorgarles los créditos que éstas solicitaban. En cuanto a Pacific, su consultor, el chileno Guillermo Madariaga, declaró de antemano que solamente analizaría los impactos en Uruguay y no en Argentina.
El informe de EcoMetrix fue criticado por científicos de la Universidad de La Sapienza, de Roma, y de la Funam. El 16 de febrero de 2006 hubo en Buenos Aires una audiencia convocada por la CFI para que especialistas disertaran y fundamentaran sus posiciones respecto de las pasteras. El doctor Raúl Montenegro, presidente de Funam, se pronunció en contra. Solicitó que no se construyeran las papeleras en la costa del río Uruguay. Biólogo, docente de la Universidad Nacional de Córdoba y Premio Nobel Alternativo 2004, aseveró que las obras “son ilegales”, y expuso 11 puntos por los cuales las evaluaciones de impacto ambiental “son incompletas y con vacíos inaceptables”.
Sostuvo que las empresas “desconocieron las mediciones del Servicio Meteorológico Nacional, donde los vientos del Nordeste al Sudeste, que podrían traer los contaminantes de las plantas de celulosa, representaron en Gualeguaychú el 33,8% de todos los vientos para el período 2001-2005. Haber ignorado estos datos es sospechoso, pero además invalida las conclusiones a las que llegaron Botnia y ENCE”.
Los informes de impactos, dijo, “mostraron un curioso desconocimiento sobre los cócteles de contaminantes. Las empresas analizaron listas incompletas de contaminantes del aire, el suelo y el agua, pero además olvidaron considerar que actúan conjuntamente sobre las personas y el ambiente. No se estimaron las descargas de dioxinas, furanos y cloraminas, pese a que muchas de estas sustancias tienen en común, por ejemplo, la capacidad de alterar el sistema hormonal de las personas”.
En enero de 2006 finalizaron las 12 reuniones del Grupo Técnico de Alto Nivel (GTAN) argentino-uruguayo, convocado por los presidentes Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez para analizar los proyectos celulósicos y sus posibles impactos en la región. No hubo acuerdo para el dictamen final. Las conclusiones argentinas pusieron el acento en que “las empresas que proponen los proyectos” no tuvieron en cuenta los efectos transfronterizos; sus estudios de impacto ambiental “carecen de un análisis de alternativas y de la correspondiente justificación del sitio elegido para la instalación de los proyectos; el proceso Kraft propuesto en los proyectos es intrínsecamente contaminante, por lo que requiere la adopción de medidas para prevenir el impacto ambiental que pueden producir los efluentes líquidos, las emisiones gaseosas y los residuos sólidos”.
En el punto 5, estas conclusiones del GTAN fueron rotundas: “Considerando dicha contaminación más la magnitud y concentración geográfica de los emprendimientos que se consideran, su proximidad con centros urbanos y zonas de producción agrícola ganadera, las características del cuerpo hídrico receptor, que es en general limpio pero contiene cantidades críticas de fósforo […], la Delegación Argentina con todo fundamento concluye que las propuestas para las plantas Orión (Botnia) y M’Bopicuá (ENCE) no permitirán alcanzar el objetivo de preservar el medio ambiente en el ecosistema del río Uruguay al más alto nivel de exigencia en el mundo contemporáneo”. (...)
El conflicto político. Cuatro gobiernos atraviesan transversalmente este choque de intereses: los de Uruguay, Argentina, España y Finlandia. Los dos primeros, sin dudas y sin ocultamientos. El tercero, con intentos de pacificación y oficios de buena voluntad. El cuarto, sin reconocer jamás que es parte del conflicto.
Para el ex presidente Néstor Kirchner, la hostilidad con Uruguay se centraba claramente en dos frentes: Botnia y Tabaré, el avasallamiento empresario y la decepción causada por las decisiones políticas de un antiguo amigo y aliado, un protegido casi. Fue Kirchner quien declaró “causa nacional” la defensa del río Uruguay y su medio ambiente, y lo reafirmó flanqueado por sus ministros y los gobernadores de casi todas las provincias del país el 5 de mayo de 2006, en el corsódromo de Gualeguaychú. Esta “causa nacional” se mantuvo por dos años, hasta el recambio presidencial.
El enfrentamiento requirió de un facilitador extranjero y los buenos oficios de un rey. Ambos, integrantes del gobierno del Estado español, propietario de parte del paquete accionario de ENCE durante muchos años.
“Le diste una puñalada por la espalda al pueblo argentino”, recriminó el mandatario argentino al uruguayo en Chile el 9 de noviembre de 2007, día en que Botnia comenzó a funcionar. En tanto, Tabaré Vázquez denunció a Argentina por los cortes de ruta ante el Tribunal Arbitral del Mercosur.
Para la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el frente de conflicto cambió. No lo encarnan Botnia y Tabaré sino el corte y la Asamblea Ambiental. No hay eje en la contaminación sino en la violación del Tratado del Río Uruguay, y cuando la CIJ falle al respecto, se habrá terminado la controversia. En su discurso de asunción como Presidenta, dirigió estas palabras a su par uruguayo:
“[…] más allá de medidas que muchas veces podemos no compartir, lo cierto es que nosotros nos hemos presentado en la Corte Internacional de La Haya porque se ha violado el Tratado del Río Uruguay al instalar las pasteras. Este y no otro es el conflicto”.
La Presidenta ha dejado la resolución del conflicto en manos de la CIJ de La Haya; lo que ésta resuelva estará bien para terminar con el entredicho y con la “causa nacional”. Es más: hay indicios de que Argentina no cree tenerlas todas consigo cuando funcionarios declaran “fuimos a La Haya porque Gualeguaychú lo pidió” o “los asambleístas deberán acatar el fallo, aunque sea adverso, y levantar el corte de ruta”.
Pero el conflicto es más profundo que desencantos entre presidentes o dolores de cabeza por un corte de ruta hecho por ciudadanos. El gobierno uruguayo hizo su propio corte al militarizar y cerrar la frontera en noviembre y diciembre de 2007; servicios de inteligencia e información del vecino país espían movimientos y comunicaciones de los asambleístas (“delante de mí, con obviedad, abrieron la carpeta con mi nombre en la Aduana cuando pasamos a protestar contra Botnia el 1º de octubre de 2007; la hojearon y corroboraron datos”, afirma el asambleísta Gustavo Rivollier); los argentinos monitorean por su parte la navegación de barcos uruguayos, argentinos y de otras nacionalidades que puedan tener relación con la fábrica pastera; a su vez, tienen prohibido por decreto manifestarse en Fray Bentos, e incluso se les llegó a vedar el ingreso (1º de marzo de 2008); la Prefectura uruguaya secuestró tres lanchas argentinas.
Hubo incluso vendettas presidenciales. En octubre de 2006, el presidente de Brasil consultó al gobierno argentino su voto para que el Mercosur nombrara a Uruguay miembro latinoamericano del Consejo de Seguridad de la ONU. Había acuerdo en el resto de los países para esta nominación, pero fue Panamá el que ocupó el puesto. Argentina le puso bolilla negra a Uruguay. La venganza es un plato que se come frío, dicen. En octubre de 2008, pese a las promesas de Cristina Kirchner al gobierno uruguayo de promover el levantamiento del corte de la Ruta 136, Uruguay vetó la candidatura de Néstor Kirchner a la presidencia de la Unasur (Unión de Naciones Sudamericanas), con gran disgusto para el matrimonio presidencial argentino.
La Asamblea reclamó desde el principio del conflicto medidas más enérgicas por parte del gobierno argentino, entre ellas, la sanción de una ley nacional de la madera y la aplicación del Código Aduanero con restricciones al paso de productos relacionados con las pasteras.
Este pentaedro es apenas un atisbo de una realidad para la cual no hay, hasta el momento, un camino de solución. Se parece a un cuadro de Escher, donde cada parte se imbrica, queda encastrada en la otra a la par que evoluciona, y donde las escaleras que suben y bajan nos desorientan, porque lo que es alto también es bajo y lo que está afuera es parte del adentro. (...)
