Poliladron no es un juego

En 1963, un decreto ley secreto (el 9021/63), reglamentado cuatro años más tarde con otro (el 2322/67), creó el Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal. “Los integrantes del Cuerpo de Informaciones son agentes secretos de la Policía Federal Argentina. Serán sus tareas específicas todas aquellas correspondientes  a la especialidad de informaciones y sus coadyuvantes necesarias al cumplimiento de la misión asignada a la jefatura de la Superintendencia de Seguridad Interior”, dice el artículo 2 de esta norma. Sus cargos, agrega el artículo 8, no son incompatibles “con otro empleo de la administración pública, provincial, municipal y privados”, por lo que pueden infiltrarse donde sea.
Como hizo Balbuena.
La prueba viviente de que el decreto secreto sigue en vigencia.
El diputado bonaerense Marcelo Saín, ex interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y ex viceministro de Seguridad bonaerense, asegura que son más de mil los agentes (o “plumas”, como se les dice en la jerga) que hoy cumplen las mismas funciones que Balbuena, regidos por este decreto secreto. Como Ciro James, el oficial involucrado en las escuchas telefónicas que terminaron con la carrera de Jorge “el Fino” Palacios en la Policía Metropolitana.
Según Saín, los fondos reservados que tiene la Policía Federal en su presupuesto van a parar a este cuerpo. Los datos que maneja indican que sus agentes están en todos lados: en empresas privadas, en organizaciones de izquierda, en el Poder Judicial, en los ministerios nacionales e incluso en la propia fuerza. Se sospecha que tienen un régimen paralelo de administración de personal dentro de la propia Federal. Y que los únicos que saben dónde están destinados los espías son el jefe de la Policía y tres oficiales más. Pero ni eso está claro. “Ante requerimientos judiciales o de otras autoridades, el jefe de la Policía Federal está autorizado a no revelar la existencia del personal del Cuerpo de Informaciones”, apunta el artículo 12 del decreto que lo creó.
Nunca se supo el motivo por el cual se reveló la condición policial de Balbuena, aunque sí quedó claro que se filtró deliberadamente. La persona que recibió el dato –quien prefiere mantener el anonimato– cuenta que se lo acercaron sin pedirlo. “Un día vino una fuente que yo tenía dentro de la Policía y me dio un listado interno de traslados o destinos del Cuerpo de Inteligencia de la Federal. Me dijo ‘Mirá, este tipo está infiltrado en la Agencia Walsh y eso es ilegal’”, explica. Era un papel que contenía unos treinta o cuarenta nombres – entre los que figuraba Balbuena– y revelaba sus respectivos cargos y trabajos. Tenía membrete de la Policía y era verdadero: quien lo recibió fue de inmediato al Ministerio de Seguridad de la Nación, habló con un funcionario muy cercano a la entonces ministra Nilda Garré y pudo confirmar la verdadera cara del falso periodista. Luego le llevó la información a Rodolfo Grinberg y al resto de los integrantes de la Agencia Walsh, que decidieron hacer una denuncia penal por el caso. (...)
La revelación del caso dejó tambaleando a la ministra Garré, quien dos años antes ya había sido golpeada al descubrirse la existencia del “Proyecto X” (las tareas de inteligencia realizadas por Gendarmería sobre otras organizaciones sociales). Su primera reacción fue pedirle un informe al jefe de la Federal, el comisario general Román Di Santo, y exigirle que determinara si otros funcionarios de la sección Reunión de Información violaban la Ley de Inteligencia. También ordenó el pase a disponibilidad de Balbuena y de su jefe directo, el comisario Alejandro Sánchez. Pero unos días después terminó renunciando a su cargo en el Ministerio de Seguridad.
Nada de esto pudo atenuar el impacto para Rodolfo Grinberg, que quedó desarmado al enterarse de la verdadera identidad de Balbuena. Desde ese momento lo único que quería era hablar con él, confrontarlo. Así que un día lo citó en su casa. (...)
Rodolfo le echó en cara lo que sabía, mientras registraba la conversación con un grabador escondido.
—Mirá, Américo, acá hay un tema grave, nos llegó una información de una muy buena fuente de que vos sos policía, que sos jefe de la sección Reunión de Datos, División Análisis, de la Federal. Que sos de inteligencia...
—¿Quién te dijo eso? ¿Qué es lo que hice yo?
—Vos sabés lo que hiciste, Américo. ¿Estuviste espiando o no?
—Es mentira, ¿quién les dijo eso?
—Mirá, negro, esto lo vamos a tener que hacer público nosotros. Averiguá quién te está ensuciando, porque si te están ensuciando por algún motivo lo estarán haciendo. Vos sos periodista, averiguá bien y limpiate.
Se despidieron con frialdad.
Durante unos días, Balbuena siguió yendo a la Walsh. Hasta que sus compañeros hicieron una conferencia de prensa para denunciar su verdadera identidad.
No volvieron a verlo. Por lo que saben, al enterarse de su doble vida su mujer lo abandonó y él tuvo que volver a vivir a su antigua casa de San Martín, sobre la calle Belgrano al 500. (...)
La causa judicial donde se lo investiga está frenada, a la espera de las pericias que una universidad nacional se encargará de hacer sobre las computadoras incautadas en la casa de Balbuena. En junio de 2015 todavía no habían comenzado. Pero no hay muchas expectativas sobre el resultado que puedan arrojar. Tampoco hay grandes esperanzas de que la Federal revele quién envió al espía a infiltrarse en la Walsh ni con qué objetivos
lo hizo.
Ni de que explique cómo funciona la sección a la que respondía.
O de que informe cuántos Balbuenas más hay dando vueltas por el país.
Para Rodolfo, con uno bastó. “De repente, uno necesitaba una oreja y Balbuena en algún punto fue alguien que escuchaba lo que yo le contaba. Me siento absolutamente usado. ¿Cómo pudo disociar tanto, cómo pudo fingir así?”, se pregunta Rodolfo.
“¿Cómo se puede ser tan hijo de puta?”.  (…)
La muerte lo encontraría cuando intentaba cuidarse.
Pero el tiro vendría del lado que no esperaba.
Jon Camafreitas vivía en Moreno, pero había conseguido trabajo como bachero en un restorán de sushi de la avenida Córdoba. A su mamá le daba miedo que viajara todas las noches de regreso desde Capital hacia Provincia, por lo que le había pedido que se quedara a dormir en la casa que una tía tenía en Boedo cada vez que le tocara el turno noche.
La del viernes 20 de enero de 2012 había sido una de esas noches.
Jon había salido de trabajar, había pasado por lo de su tía y de allí se había ido a la plaza Boedo a festejar el cumpleaños de un amigo. Estaban brindando, ya en la madrugada del sábado, cuando a su alrededor se desató una pelea feroz entre dos bandas de adolescentes. Volaron piedras, hubo palazos y de repente apareció un patrullero de la Comisaría 8ª  a toda velocidad.
Eran las 2.30 de la mañana.
La desbandada fue general. Todos corrieron para distintos lados, pero Jon y su primo de 14 años eligieron la peor dirección: la misma que el
patrullero.
Perseguidos por la Policía, los dos adolescentes llegaron hasta la calle Sánchez de Loria y apuraron el paso rumbo a la casa donde vivían. Pero el móvil de la Federal se metió de  contramano y logró alcanzarlos. Dos agentes se bajaron de un salto: uno capturó a Jon y el otro, a su primo.
Fue el final.
El cabo Martín Alexis Naredo empujó a Jon contra la cortina metálica de un local, lo puso de espaldas a él, lo obligó a arrodillarse, le apoyó la pistola calibre 9 milímetros sobre la gorra que cubría su cabeza y disparó.
Jon agonizó cuatro días antes de morir. Tenía 18 años. Naredo diría luego que la pistola se le había caído y se había gatillado en un forcejeo para nada compatible con los rastros de fusilamiento que tenía el adolescente. “Casualmente, cuando las armas se les disparan por accidente siempre apuntan a la nuca, a la espalda o a la cabeza”, le respondió en el juicio oral la abogada María del Carmen
Verdú, representante de la familia de la víctima.
El 4 de septiembre de 2014, Naredo fue condenado a perpetua por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 23, que al mismo tiempo ordenó investigar a sus superiores por encubrirlo. Sin embargo, el policía aprovechó un permiso que le habían dado para no estar presente durante la lectura del veredicto y nunca más volvió a presentarse. Logró escaparse y mantenerse prófugo hasta hoy. Ni su fuga ni el caso de “gatillo fácil” que protagonizó fueron una excepción en la historia de la Federal. En los archivos de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) pueden encontrarse centenares de episodios similares sólo en los últimos veinte años.
La gran mayoría están impunes.
La Federal nunca hizo una autocrítica pública por estas ejecuciones sumarias, repetidas infinitas veces desde los tiempos de la colonia. Jamás pidió perdón por las represiones masivas de trabajadores, por su tradición torturadora ni por su entusiasmo para entregarse a las manos del poder de turno como herramienta
de persecución política. Ni siquiera lo hizo cuando, terminada la última dictadura, los jefes de las Fuerzas Armadas salieron a reconocer los crímenes del pasado.
Por el contrario, la Policía tomó la decisión de no depurar a los peores asesinos y torturadores que cobijó durante la represión. La gran mayoría de ellos se jubiló cuando quiso y mantuvo su estado policial aun en el retiro.
Balbuena llegó como lo hacía siempre: con una bolsa de bizcochitos de grasa para acompañar el mate, normal, como si nada. Por teléfono le había anticipado que estaba pensando en dejar la Agencia.
Pero era una pose ante lo que se le venía.
La Institución sigue siendo hoy un cuerpo militarizado. Desde su bautismo con el nombre de Policía Federal tuvo más jefes militares que civiles: 24 frente a 19. Quizás por eso su orden interno, su organización y su disciplina mantienen un corte castrense inalterable. Su único organismo de control es una Superintendencia de Asuntos Internos que forma parte de su propia cúpula y está formada por los mismos policías a los que supuestamente vigila. Los resultados de sus investigaciones internas –tales como la que se abrió para analizar la insólita actuación de los custodios policiales del fiscal Alberto Nisman– nunca se revelan y en general se limitan a trámites burocráticos en los que sólo se sanciona con la baja a aquellos oficiales que resultan condenados por la Justicia. O a quienes los denuncian. (...)
El Poder Ejecutivo, lo ejerza quien lo ejerza, se asegura de que nada cambie. Desde 1994 permite que la Policía Federal resista con éxito el mandato constitucional que ordena que pase a depender del gobierno porteño, algo que sus oficiales consideran
un oprobio. Y habilita así una superposición absurda con la Metropolitana, caldo de disputas internas que sólo terminan afectando lo que deberían cuidar: la seguridad. Si ningún gobierno ha torcido su voluntad, si nadie la ha puesto bajo un auténtico control externo ni la ha convertido en un verdadero cuerpo de civiles destinado a proteger a los civiles, es porque todo aquel que ostenta el poder político sabe que en alguno u otro momento necesitará tenerla de su lado para mandarla a reprimir –de manera legal o ilegal– cualquier cosa que lo ponga en riesgo. Y la Federal siempre estará ahí, lista para servir.