“Queremos un millón de firmas para frenar la reforma judicial”

En la semana que acaba de finalizar, los juristas Daniel Sabsay e Iván Cullen lanzaron una campaña destinada a evitar la reforma judicial K.
—Esta campaña es el inicio de una iniciativa popular acerca de una ley que apunta a derogar las tres principales normas de la así llamada “democratización de la Justicia”. Me refiero a las que reforman el Consejo de la Magistratura y que, prácticamente, eliminan las medidas cautelares contra actos del Estado y la que crea las Cámaras de Casación –explica el doctor Sabsay, que es titular de la cátedra de Derecho Constitucional en la UBA y también dirige la carrera de posgrado de Derecho Constitucional–. Debemos recordar también que la iniciativa popular es una institución que está incorporada (en el artículo 39) a la Constitución desde 1994 y que nos da a los ciudadanos la posibilidad de instalar en el Congreso un proyecto de ley que debe
—¿Se inicia en la Cámara de Diputados?
—Sí. Obligatoriamente. Y le diré que ya hemos dado el primer paso ante la Defensoría del Pueblo de la Nación para que ellos, formalmente, verifiquen que se cumplan todos los requisitos que la ley impone. Esto ya lo hemos logrado la semana pasada y ahora hemos comenzado a reunir firmas.
—¿Por qué las firmas?
—Porque se necesita por lo menos el 1,5% del padrón electoral de la última elección general. Es decir del padrón de 2011, y significa alrededor de 450 mil firmas y, para ser exactos –sonríe Sabsay–, son 432 mil y algo más. Nosotros quisiéramos llegar al millón de firmas.
—Pero medio millón ya sería una avalancha.
—Sí, es enorme. Por supuesto. Además tiene que estar distribuido por lo menos en seis distritos. Y cuando hablamos de distritos, nos referimos a las 23 provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por eso, cuando la gente firma, hay que tener cuidado de que en una misma lista sean todos de un mismo distrito. También nos han hecho llegar una serie de preguntas. Por ejemplo: “… esta noche voy a una reunión y puedo conseguir firmas…”. Sí, pero ¡cuidado!, que sean todos los firmantes del mismo distrito. Si no son del mismo distrito, pueden hacerlo en una lista separada. Las listas están en nuestra página web. Están aprobadas por la Defensoría del Pueblo y tienen un máximo de veinte firmas por lista, por formulario. Y le recuerdo que nuestra página web es: www.mocion ciudadana.com.ar.
—Y esto, Sabsay, ¿nace a raíz de la preocupación de ustedes ante el estado actual de la Justicia en el país?
—Efectivamente. Es una idea tanto mía como del muy reconocido doctor Iván Cullen. Cullen es un constitucionalista y antiguo convencional constituyente de la provincia de Santa Fe. Tiene, por esto, un alcance federal, y queremos demostrar que la sociedad (utilizando un instituto de la Constitución), que los ciudadanos, “podemos”. Si bien la misma Justicia dio un primer gran paso empezando por el extraordinario fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Risso, que permitió parar (por estos comicios) la modalidad de elección que establece la ley de reforma del Consejo de la Magistratura, también una cantidad de fallos de instancias inferiores, sobre todo, dejaron sin efecto (por inconstitucional) la ley de medidas cautelares. ¿Pero qué ocurre? Esto no basta. El control de constitucionalidad, en nuestro sistema, es para el caso.
—Si he comprendido bien, ustedes están señalando así un manejo irregular en la Justicia.
—Si se habla de la Justicia, nosotros pensamos que habría muchas cosas para reformar. Pero, desgraciadamente, estas leyes, lejos de solucionar esos problemas, acentúan los graves defectos existentes. ¿Por qué? Pues porque en el caso del Consejo de la Magistratura destruye la independencia de la Justicia.
—Por ejemplo, ¿que los jueces tengan que ir colgados de una boleta política?
—Exactamente. Entre otras cosas, pero ése, sin dudas, es el punto clave. La supresión de la medida cautelar contra actos del Estado nos deja prácticamente indefensos en la protección de nuestros derechos cuando se trata, precisamente, de quien tiene mayor capacidad de violar los derechos. Y me refiero a la autoridad… Por ejemplo, pensemos en el caso del corralito. Muchos miles de personas lograron proteger sus ahorros con la combinación de un amparo más una medida cautelar, porque el amparo lleva a un conocimiento rápido de una causa pero, además, el juez dicta la cautelar cuando ve que el derecho que se reclama es verosímil y que hay peligro en la demora. He puesto el tema del corralito como una demostración pero hay otros casos de cómo muchos ciudadanos pudieron ampararse, a través de una protección judicial efectiva, tal como lo reconocen los tratados internacionales, gracias a ese doble juego: el amparo más la medida cautelar. Hoy, al quedar prácticamente eliminadas las medidas cautelares con la ley de modificación de cautelares cuando se trata de actos del Estado, lo que tanta gente había logrado con el corralito... ¡hoy no podría hacerlo! Lo mismo ocurriría con toda la reforma de tipo laboral. En la época de los 90 una cantidad de leyes absolutamente irrevocables (es decir, derechos adquiridos de los trabajadores) implicaron pérdidas de derechos fundamentales para los asalariados. Tanto grupos de asalariados como asalariados individuales se protegieron gracias a esta doble institución: el amparo más la medida cautelar. Gracias a esto, no se les pudo aplicar la reducción de derechos.
—Esto ocurrió en los 90. ¿Y hoy?
—Hoy, por ejemplo, lo que está ocurriendo con la reforma inconstitucional de las facultades de la Comisión de Valores (cuyo artículo 20 le otorga a un accionista que posea menos del 2% del capital social la posibilidad de poder vetar las decisiones de la comisión directiva, y hasta sustituirla por seis meses, a través de un veedor -que es un interventor sin revisión judicial. El derecho de esta pequeña minoría se transforma entonces en la mayoría absoluta que destruye (si se le antoja) toda la política que una empresa ha desarrollado a lo largo de un año. Y esto porque, supuestamente, han ocurrido irregularidades en esta empresa. Lo cual es un disparate, sobre todo sin protección judicial suficiente. Le digo más: desde los años 60, la Suprema Corte, en un fallo célebre (Fernández Arias), ya había aclarado que el ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de la administración sólo es posible cuando, de esas facultades, existe un control judicial suficiente. Y aquí ni siquiera está previsto el control.
—Volviendo entonces a esas 500 mil firmas que ustedes están buscando reunir, ¿cuál sería su efecto inmediato?
—Que los ciudadanos nos equiparemos (en cuanto a iniciativa legislativa) a un legislador o al titular del Ejecutivo que, hasta 1994, eran los únicos que poseían iniciativa legislativa. Y no sólo en Derecho Peticional, que es una declaración de buena voluntad. Incluso, en este caso, hasta el superior, porque se da un plazo máximo de un año para decidir sobre el proyecto, si se lo convierte o no en ley. O sea que, realmente, es una velocidad inmensa. Además, la ley reglamentaria les otorga a los promotores (es decir a Iván Cullen y a mí) la posibilidad de participar en todas las discusiones que se hagan en el Congreso para debatir sobre el proyecto. Actuaríamos en representación de ese colectivo de 500 mil personas (o las que hubieren firmado) porque éste ya sería un número suficiente como para que, en este caso, el Congreso que dictó estas leyes las revise. Le repito que esto es lo que queremos lograr. Además, a la luz de lo que la Justicia ya ha hecho al declarar inconstitucional gran parte de las mismas, pedimos que se derogue, que se revea y que no se produzca un vacío legal porque esto significaría volver a la situación anterior.
—Y frente a las PASO que se desarrollan hoy, ¿cuál es su mirada como jurista?
—Las PASO son un sistema que, tal como su nombre lo indica, significan elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Es decir, son el espacio en el cual se dirimen los candidatos de cada uno de los partidos y alianzas partidarias que se presentan.
—Lo que antes se denominaba “internas” de cada partido.
—En efecto, antes, el partido que así lo deseaba convocaba a internas con la modalidad que determinara. Y se realizaban separadamente en la fecha dispuesta por la Justicia Electoral a pedido de cada partido político. No eran simultáneas. Ahora bien, lo que resulta contradictorio es que, salvo algunas excepciones (y la más notable y cercana es el caso de UNEN en la Ciudad de Buenos Aires), aquí no hay ninguna primaria. Es casi como una encuesta. Por eso, la gran mayoría de los partidos (empezando por el gobernante) ya cocinaron su lista con anterioridad. Esto es sólo para ratificarla, con lo cual se distorsiona mucho el sentido. No nos dejan participar en la confección de la lista. Fíjese, precisamente, que en el caso de UNEN lo interesante, y conforme a las reglas que ellos pudieron establecer, la lista de diputados se va a recomponer de conformidad a lo que la gente vote en las cuatro variables que presente esa alianza o ese frente.
—¿Usted cree, doctor Sabsay, que los jóvenes se han entusiasmado con la idea de votar en estas elecciones?
—Creo que no, y esto demuestra hasta qué punto esto fue una reforma absolutamente interesada y de ninguna manera pedida por los jóvenes. Más bien es la voluntad de dar “si puedo” un colectivo “que me agradezca porque le he dado la posibilidad de votar y, de este modo, contar con un nuevo aporte de votos”. Y esto me parece muy irresponsable porque ni siquiera se dio el tiempo correspondiente. Mire, toda reforma de esta importancia debe también dar tiempo para la formación, para la explicación. Y que aquellos que van a ser llamados a votar posean una formación cívica. Fíjese que yo tengo mucha participación en grupos de estudiantes y, precisamente, acabo de dar dos clases amplias para escuelas agrarias de Junín en la provincia de Buenos Aires, y creo que (aun con el poco tiempo que me deja la UBA) en este caso es tan importante enseñar todo lo referente a la Constitución como también hablar sobre la responsabilidad cívica que tenemos todos. Es muy importante que la gente joven tenga por lo menos los rudimentos sólidos acerca de lo que es la Constitución y la ideología que la sustenta. Justamente, en otras oportunidades, hablando con este tipo de grupos, he observado que la mayoría se muestra como que todo esto no era algo que demandaban, y con grandes dificultades para discernir cómo ejercer ese derecho. Claro –reflexiona Sabsay– a los dieciséis o diez y siete años todavía se es muy chico.
Y aprovechando la valiosa experiencia del doctor Sabsay, también lo llevamos al presente inmediato en el que el asalto a la casa del intendente Massa ocupa las vísperas de estas PASO:
—¿Cómo interpreta que el fiscal del caso le haya recomendado al intendente Massa que no dijera nada sobre este asunto?
—Si fuera cierto, me parece gravísimo. Pero lo que me preocupa realmente en todo este episodio es la manipulación de la Justicia, del Ministerio Público y de las fuerzas de seguridad por motivos políticos. Porque es muy difícil pensar que no hay alguien que, desde la política, haya ejercido una manipulación. Esto no fue espontáneo y le repito que es lo que más me preocupa porque es un signo institucional muy grave. En primer lugar, que todo esto sea manipulable. O por lo menos lo sean los integrantes de estos sectores. En segundo término, que esto pueda ser utilizado a los fines de una campaña electoral. Y esto también es gravísimo. Es lo que más me preocupa.
—¿Campaña electoral de quién?
—Quién sabe. Aquí se nos plantea un gran signo de interrogación. Me parece que sería demasiado pueril que lo hubiera hecho Massa. Es un hombre inteligente y caer en un error tan tonto… Bueno, por lo menos esto no aparece a lo largo de su carrera.
—Volviendo a la situación actual de la Justicia, doctor Sabsay, yo, por lo menos, no recuerdo que un gobierno constitucional haya estado tan enfrentado con la Corte Suprema… No sé si esto ocurrió durante las dos primeras presidencias del general Perón.
—Este es un tema interesante. Perón, en la primera presidencia, limpió la Corte para nombrar una Corte propia. Y en la segunda presidencia, ya no necesitó hacerlo. No lo olvidemos. Hubo juicios políticos exprés y se quedó exclusivamente con quienes le eran afectos. Lo curioso, en este caso, es que Kirchner hizo exactamente lo contrario: más allá de que, con metodologías que podrían ser discutibles, terminó con la Corte menemista (la así llamada “Corte de los milagros” o de mayoría automática) y dejó a aquellos que habían demostrado una gran valía y venían de la época de Alfonsín. Me refiero a los doctores Fayt y Petracchi, a los que designó gracias a un excelente decreto (222/03) de autolimitaciones de sus facultades para hacerlo y, de ese modo, Kirchner conformó una Corte realmente independiente. Entonces, esto es lo que llama realmente la atención. El inicio fue exactamente lo contrario de lo que hizo Perón en 1946 y, sin embargo, llegamos a una situación en la cual se da este enfrentamiento del que yo tampoco recuerdo antecedentes en ningún período de nuestra historia. Por ejemplo, la expresión directa de querer “limpiar” esta Corte. O también las expresiones insultantes de personas tan allegadas al Gobierno, como la titular de las Madres de Plaza de Mayo. De la manera más procaz… Esto no lo recuerdo jamás y marca un tiempo. Un tiempo de desinstitucionalización, un término muy complicado pero que habla de la vulnerabilidad y la debilidad en la que están nuestras instituciones. Con esta iniciativa nosotros pensamos que lo que deseamos detener es un derrumbe total. Si no hay Justicia independiente, ya no hay república.