Recientemente la Cámara Argentina de Empresarios Mineros celebró el día de la Industria Minera, evento del que participó el Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, expresando una vez más, su apoyo al sector. En este sentido, el Ministro señaló su deseo de construir colectivamente una minería que cuide el ambiente y genere certidumbre. Asimismo, hace tan solo unas semanas, se presentó la Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad. Esta fue anunciada por el Ministerio de Desarrollo Productivo como un espacio federal de debate, del cual todos los actores involucrados podrían participar, con el objetivo de potenciar el desarrollo del sector.
Frente a estos hechos nos preguntamos, ¿es posible un diálogo en estas condiciones? ¿Cuál es el punto de partida para el supuesto diálogo y construcción colectiva que promueven? ¿Cuál es el objetivo que se busca, cuáles son los temas y miradas que podrían incluirse en el mismo? ¿Quiénes participan o participarían de esa construcción? ¿Cuáles son las características del diálogo promovido? y ¿Cuáles son las “incertidumbres” que genera el sector?
No es la primera vez que desde el sector minero se busca construir una legitimidad social que la actividad no posee.
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¿Construcción de legitimidad?
Hace décadas se sucedieron iniciativas de distinto tipo, las más recientes son la Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad (MEMAC) y el Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina. Estas iniciativas tienden a partir de premisas consideradas válidas e incuestionables, tales como “la minería debe desarrollarse para el crecimiento del país”. Así, estos espacios parten del supuesto deber de extraer los minerales por su mera existencia, sin considerar alternativas productivas a la minería y carentes de una mirada territorial.
Además, suelen ponderar en sus estrategias de promoción de su actividad, algunos datos, e indicadores como los económicos, por sobre otros. Entre estos datos que no se tienen en cuenta, se encuentran los costos ambientales (de recomposición o remediación de la contaminación dejada en aire, suelos y cuerpos de agua) que de tenerse en cuenta, las supuestas bondades de aquellos números como datos de empleo o contribución al PBI, serían sin lugar a duda relativizados.
La realidad en los territorios
Los territorios cuentan con realidad productiva, económica, social, cultural y ecológica que el sector minero ignora, tanto en sus iniciativas de promoción como en los proyectos extractivos en sí. Los territorios donde se emplazan no son espacios vacíos ni a-históricos, sino que poseen una realidad socio-ecosistémica y cultural en la que se sucede una realidad ecológica, existen bienes colectivos que a su vez prestan servicios ecosistémicos, y habitan -en la amplia mayoría de los casos- poblaciones locales que mantienen estrechos vínculos culturales, sociales y productivos con el territorio.
Como es sabido, la minería a gran escala es una actividad de alto impacto ambiental y social, que tiende a romper las realidades de los territorios donde se emplaza y se presenta como la única actividad productiva posible. Sin embargo, las comunidades locales y aledañas poseen actividades económicas que constituyen alternativas productivas, como la ganadería, la agricultura y el turismo, entre otras.
No obstante, los altos niveles de uso y consumo de recursos hídricos y los riesgos de contaminación de la minería, ponen en jaque estas actividades económicas así como también, el acceso al agua por parte de las comunidades locales. En este sentido, mientras que en las provincias de Mendoza y Chubut existe normativa que restringe la minería en protección del agua, en las provincias de San Juan, Jujuy y Catamarca -donde se desarrolla la actividad- se repiten los reclamos por la afectación de los recursos hídricos.
Poblaciones locales, personas y organizaciones preocupadas por el ambiente se han manifestado de manera sostenida en defensa del agua y de un modelo productivo no minero. Se han expresado una y otra vez, tanto a través de movilizaciones sociales como de consultas públicas, dejando en claro que la minería no tiene licencia social.
La importancia del acceso a la información
El sector no desconoce esta realidad, por lo que repite diversas iniciativas y supuestos espacios de diálogo, con la pretensión de buscar una legitimidad que le es ajena. Es por ello que, en su intento de desarrollo desoye las voces de las comunidades locales e incumple, frecuentemente, con el derecho a la participación en el proceso de aprobación de cada proyecto minero. Se repite la instalación de proyectos mineros donde se tienen acceso nulo o limitado a información ambiental objetiva, concisa y clara; con procesos de participación nulos o viciados.
A su vez, se suceden hechos de criminalización y violencia hacia los defensores del ambiente, como la represión policial sufrida por manifestantes que se oponían al proyecto MARA, en Choya Catamarca, el pasado 4 de mayo. Esto pone de manifiesto la necesaria implementación efectiva del Acuerdo de Escazú, el cual protege a los defensores ambientales y garantiza los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en materia ambiental. La implementación de este acuerdo representa una oportunidad para lograr espacios de participación informada y efectiva, de acuerdo a estándares internacionales, donde las voces de las poblaciones locales sean escuchadas en un entorno seguro, libre de amenazas y violencia.
Iniciativas como la MEMAC, carentes de una perspectiva territorial, sólo reproducen las viejas prácticas del sector y difícilmente aporten novedades a un debate que ya pareciera estar saldado por quienes habitan los territorios. La minería deberá escuchar a las comunidades que una y otra vez, le niegan la licencia social.
*Pia Marchegiani es Directora de Política Ambiental de FARN y Leandro Gómez es doordinador del Programa Inversiones y Derechos de FARN
