El pasado domingo 1 de noviembre, cientos de vecinos y vecinas de la Ciudad de Buenos Aires, junto con organizaciones socioambientales como Jóvenes por el Clima, Alianza por el Clima, El observatorio de la Ciudad, la Coordinadora “La Ciudad Somos Quienes la Habitamos”, entre otros, nos movilizamos en bicicletas, autos y de a pie con una consigna clara: “Parques sí, torres no”.
Es que la privatización de espacios públicos parece ser una constante en el oficialismo porteño, que a través de 13 años de gestión, le vendió al sector privado más de 473 hectáreas de tierras, equivalentes a 236 Plazas de Mayo.
La ciudadanía se movilizó en contra del proyecto presentado por Horacio Rodríguez Larreta y Felipe Miguel aprobado en la Legislatura en primera lectura el pasado 8 de octubre. ¿Qué establece este proyecto? Una modificación del uso del suelo que disminuye el espacio verde público de la zona de Costa Salguero y Punta Carrasco de un 98% a un 65%, además de la construcción de torres de lujo con vista al río.
El problema de este proyecto, que busca privatizar el acceso al río, es que agrava la bajísima cantidad de espacios verdes públicos en CABA. Según datos del GCBA, el porcentaje actual es de 4m2 a 6m2 por habitante, muy por debajo de los estándares internacionales que recomiendan entre 15 y 20 m2 por habitante. Este registro incluye además canteros y plazoletas, que cumplen a medias las funciones principales de estos espacios.
Además, este promedio varía en todas las comunas de la Ciudad. San Cristóbal, barrio que pertenece a la comuna 3, tiene un escandaloso porcentaje de 0,4 m2 de espacio verde por habitante, lo cual dificulta a sus vecinos y vecinas el acceso al contacto más cercano a la naturaleza dentro del sector urbanizado.
Los espacios verdes son fundamentales en las grandes ciudades. Contribuyen con el equilibrio ambiental, por sus funciones ecosistémicas, como la mitigación de olas de calor, la disminución de contaminantes climáticos, además de constituir un espacio de suelo absorbente que filtra el agua de lluvia evitando inundaciones.
También, y no menos importante, cumplen funciones sociales, que permiten actividades de esparcimiento al aire libre, constituyéndose como lugares de encuentro y relación de todas las clases sociales por su acceso libre, público y gratuito.
Cuidar estos espacios, así como expandirlos, es una excelente medida de adaptación a la crisis climática y ecológica que nos atraviesa actualmente.
Parece que así lo entiende la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, que dictó una medida cautelar en el marco del amparo ambiental presentado por la diputada nacional Gabiela Cerruti, el Observatorio de la Ciudad y la Fundación Ciudad, erigiéndose en la inconstitucionalidad de la ley 6.289 y del reciente proyecto. Además, hace mención del artículo 8 de la Constitución de CABA que establece que: “Los espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad son públicos y de libre acceso y circulación” y del 41 de la Constitución Nacional, que asegura el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano.
A pesar de ser una excelente noticia, que prohíbe la enajenación del inmueble (venta, donación o cesión del derecho o el dominio) hasta que se resuelva la cuestión de fondo, el procedimiento legislativo continúa. Como toda modificación del código urbanístico, prevé una Audiencia Pública obligatoria previa a la segunda lectura del proyecto, a llevarse a cabo el día viernes 27 de noviembre a las 14 hs, de manera virtual. Invitamos a todos los vecinos y vecinas de CABA a inscribirse para que seamos miles pidiendo por lo que es nuestro. ¿Cuáles son los requisitos? Ser mayor de edad y tener domicilio en CABA.
Extractivismo urbano. El abogado ambientalista Enrique Viale y la socióloga Maristella Svampa desarrollan un concepto muy claro que ocurre en las ciudades; lo llaman “Extractivismo urbano”. Este fenómeno tiene la misma lógica y dinámica que el extractivismo minero, petrolero o el agronegocio, que se desarrolla a lo largo y ancho del territorio nacional, pero la diferencia es que en las ciudades no hay recursos como oro, petróleo o soja, sino que hay tierras públicas, atravesadas por la especulación inmobiliaria.
Participación ciudadana. Es una herramienta clave en el derecho ambiental. Así lo establece la Ley General del Ambiente, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 y el recientemente ratificado Acuerdo de Escazú. Es un mecanismo de incidencia colectiva, que mejora el modelo democrático a la vez que asegura el involucramiento de la ciudadanía en temas que le competen, generando enlaces de comunicación y de expresión con las personas en poder de toma de decisiones, que van más allá del voto.
Si la voluntad política del gobierno es la de ceder a estos negocios inmobiliarios, que benefician a unos pocos y favorecen el extractivismo urbano, que sea entonces la participación ciudadana, con perspectiva ambiental y popular, la que frene este atropello.
Luciana de la Serna, abogada integrante de Jóvenes por el Clima.
