No todos vivimos el cambio climático de la misma manera: nuestra experiencia depende de la interrelación de múltiples factores como el nivel socioeconómico, el género y la edad; que resultan en segmentos de personas con una mayor o menor vulnerabilidad a los impactos de dicho fenómeno.
Las mujeres se ven mayormente afectadas por la crisis climática, por ejemplo, en el acceso al agua, la agricultura, los desastres naturales, la energía y la salud. De hecho, en diversos estudios científicos también se concluye que los desastres naturales cobran más vidas de mujeres que de hombres debido a factores socioeconómicos, principalmente. Esta última frase cobra mayor relevancia aún si se la analiza a la luz de lo que afirma la Comisión Económica para América Latina y el Caribe: la población de mujeres constituye el mayor porcentaje de las personas en situación de pobreza; en Argentina «ganan, en promedio, un 29 % menos que sus pares hombres en el sector formal y un 35,6 % menos en el sector informal».
Estrechamente relacionado, otro factor que acentúa la desigualdad es la existencia de roles de género. Según la Organización Mundial del Trabajo, por ejemplo, las mujeres realizan, en promedio, el 76,2 % del total del trabajo doméstico o de cuidados no remunerado; dedicando así 3,2 veces más de tiempo que los hombres a estas tareas, situación que se tornó aún más grave con las medidas de aislamiento social tomadas en el marco de la pandemia por COVID-19.
De acuerdo a ONU Mujeres, las tareas de obtención de alimentos, agua y recursos para la generación de energía también son asignadas usualmente a las mujeres. Y, ante la escasez de estos recursos, son ellas (junto con los niños, niñas y adolescentes) quienes ocupan mayor parte de su tiempo en poder asegurarlos, resignando muchas veces otras actividades como la educación. También resultan ser el segmento de la población más afectado por la inseguridad alimentaria: «en América Latina el 8,4 % de las mujeres se encuentra en situación de inseguridad alimentaria severa, en comparación con el 6,9 % de los hombres» (FAO, OPS, WFP y UNICEF, 2018).
Otro dato de suma relevancia radica en el hecho de que las mujeres se encuentran en gran medida marginadas del ámbito político en todo el mundo, «a menudo como resultado de leyes, prácticas, actitudes y estereotipos de género discriminatorios, bajos niveles de educación, falta de acceso a servicios de atención sanitaria, y debido a que la pobreza las afecta de manera desproporcionada». Por tal motivo, ellas siguen teniendo una participación baja en los procesos de toma de decisiones tanto a nivel local, como nacional e internacional; y, aunque existe un progreso sostenido en este área, continúa siendo lento.
Perspectiva de género y políticas públicas. En el marco de lo expuesto, es fundamental destacar la importancia de introducir la perspectiva de género en el análisis sobre cambio climático y en las medidas que se tomen al respecto. En particular, es central transversalizar la perspectiva de género en el Estado realizando esfuerzos sistemáticos para que la elaboración y ejecución de políticas públicas en cada una de las áreas de gobierno apunten a disminuir las brechas de género. En esta misma línea, será de suma importancia tener en consideración la sinergia positiva que podría trabajarse entre lo ambiental y las políticas públicas orientadas hacia un modelo de desarrollo más sostenible como, por ejemplo, algunas de las iniciativas que actualmente se debaten en torno a la gestión menstrual sostenible y accesible en el país.
Al respecto, cabe recordar un dato importante que pone sobre la mesa las ventajas tanto económicas como ambientales y para la salud de promover el uso de productos de gestión menstrual reutilizables vs. los tradicionales: a octubre de 2020, un paquete de 16 toallitas en una cadena de farmacias de una marca nacional tenía un valor aproximado de $156. Cada paquete rinde en promedio un ciclo y, al multiplicarlo por 12 meses, el valor anual invertido es de $1872. Por su parte, el valor aproximado de dos copitas de marca nacional asciende a unos $1797, y estas duran en promedio unos 5 años.
Este tipo de proyectos toman en consideración el gasto en el que incurren las personas menstruantes cada mes entendiendo que tener acceso a estos productos es un tema crucial de salud pública. A la vez, incorporan la perspectiva ambiental al considerar el impacto que estos tienen en el entorno.
En esta línea, hace tiempo se viene trabajando sobre si es posible implementar una gestión menstrual accesible y sostenible en Argentina. Algunas de las Diputadas Nacionales que están interesadas en la temática son Camila Crescimbeni (JxC), Daniela Vilar (FdT) y Jimena López (FdT). También Micaela Ferraro, Subsecretaria de Inclusión e Integración Social del Ministerio de Desarrollo Social.
Desigualdad de género y cambio climático. Por lo expuesto hasta aquí y algunas otras variables que se incluyen en “Cambio climático en perspectiva de género. Mujeres: vulnerabilidad y participación” , documento de investigación recientemente publicado por Eco House en colaboración con la Facultad de Ciencias Políticas de la UBA y la organización Tremendas (Chile), podría concluirse que la crisis climática y la desigualdad de género se encuentran profundamente relacionadas. En efecto, «la desigualdad de género le da ventaja al cambio climático» (ONU, 2020) al limitar la capacidad de acción de las comunidades para adaptarse.
A partir de lo expuesto, es fundamental la inclusión de la perspectiva de género de forma transversal en las políticas públicas relacionadas al cambio climático. Las iniciativas que tienden a formalizar una gestión menstrual sostenible en el país es una de las tantas tareas pendientes. Sin embargo, el desafío debe ser aún más ambicioso, sobre todo en un contexto que nos convoca de manera urgente a tomar medidas concretas para enfrentar la crisis climática y ecológica que atraviesa el mundo actual.
