Cuando los referentes del sector privado se funden con el Gobierno y se transforman en funcionarios, el conflicto de intereses surge como una tentación palpable, advierte Recaredo Romero, managing director de Kroll, consultora de riesgo de cobertura global, al poner su vista sobre el mayor desembarco de gerentes y ejecutivos argentinos en el Estado bajo la rúbrica del presidente Mauricio Macri.
Desde Colombia, el especialista en Inteligencia de Negocios e Investigaciones recomendó a la Argentina legislar sobre normas que limiten la práctica de “puertas giratorias” para evitar la incorporación inmediata o simultánea de un funcionario al mundo de los negocios al menos durante un par de años.
De ese modo, funcionarios como Gustavo Lopetegui, que dejó su puesto en LAN, o Mario Quintana, que salió del fondo de inversión Pegasus, ambos para llegar a la jefatura de Gabinete, o Isela Costantini, que saltó de General Motors a Aerolíneas Argen- tinas, estarían inhabilitados para retornar al mundo de los negocios una vez que culminen su etapa gubernamental y se evitaría que se produzca un conflicto de intereses con lo público.
—¿Existe riesgo de fraude en el sector público al incorporar a referentes que vienen del mundo empresarial?
—El mayor riesgo de fraude en el sector público es la corrupción. Luego aparecen casos de nepotismo o influencias en contrataciones públicas. Las figuras destacadas del sector privado que se pasan al público ha dejado de ser un factor de riesgo por convertirse en una práctica global, pero el desafío aún es elevar controles a las instituciones, transparencia jurídica y la aplicación de las leyes.
—¿Qué puede hacerse para controlar el conflicto de intereses?
—Es la tercera clase de fraude más común, pero existen mecanismos para prevenirlo. Está la inhabilitación de funcionarios para tomar decisiones donde jueguen intereses personales o la limitación temporal a entrar en puertas giratorias hacia el sector privado. Hay casos donde deben combinarse técnicas investigativas con interrogatorios en profundidad. Por ejemplo, en el 2001, Kroll supervisó el Departamento de Policía de Los Angeles y creó un programa de ética, realizó auditorías de control interno y supervisó procedimientos de gestión. La técnica depende de la situación.
—Es conocido que en tiempos de caída económica se incrementa el fraude, principalmente por el despido de empleados. Actualmente esto sucede en el sector público, ¿cuál es el riesgo que se corre?
—Ciertamente se detecta más fraude por dos motivos: un mayor número de empleados despedidos que se sienten tentados a robar información y una mayor atención sobre los costos, que se vigilan más que en tiempos de bonanza, con tal de mantener las utilidades. La alta rotación de personal es sinónimo de una situación económica adversa, pero si llega a evitarse se mitigará el fraude.
