La Subsecretaría de Transporte Aerocomercial hizo saber al gobierno de España su
"disposición a permitir la operación de la empresa alemana LTU, en forma excepcional y
durante un plazo determinado". Sin embargo, las autoridades de la cartera pidieron
garantías a laautoridad española.
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Con el objetivo de dar respuesta los muchos usuarios perjudicados por la compañía Air Madrid, la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial hizo saber al gobierno de España su "disposición a permitir la operación de la empresa alemana LTU, en forma excepcional y durante un plazo determinado" en lugar de la empresa española.
Ello, señaló la cartera a cargo de Ricardo Cirielli, " siempre que la autoridad española garantice previamente la provisión de transporte sin costos, o devolución de los importes pagados por pasajeros en la Argentina, y perjudicados por el cese de operaciones de Air Madrid". También se requiere garantías de la absorción del personal de Air Madrid contratado en la Argentina y que cumple funciones en escalas de este país.
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La Subsecretaría planteó además a las autoridades españolas la necesidad de "reconocimiento de postergados derechos de tráfico requeridos por empresas de transporte aéreo argentinos, y que hasta el presente no han tenido respuesta positiva".
Desde septiembre de 2006, la cartera colaboró estrechamente con la autoridad española, aprobando todos los pedidos de servicios formulados por Air Madrid para operar con aeronaves contratadas a otras empresas, se indicó.
La Subsecretaría puntualizó que "la propuesta de la autoridad española de autorizar excepcionalmente a una empresa Alemana (LTU) para tomar a su cargo servicios de transporte aéreo entre España y Argentina, excede las posibilidades que se han previsto en los marcos bilaterales que rigen las relaciones aerocomerciales entre este país, España y Alemania".
A través de un comunicado, Cirielli puntualizó que "la posición de la autoridad argentina ha sido y es positiva en todo sentido, dentro de los límites que determina la política aerocomercial trazada por el gobierno".
"Por eso llama la atención que no exista previsión alguna con respecto a los intereses de los usuarios perjudicados, de los trabajadores afectados en nuestro país, y ni siquiera de las empresas argentinas, que tampoco han obtenido respuesta positiva a sus necesidades por parte de la autoridad española", se destacó.
"No queda claro hasta ahora de qué manera tales intereses estarían contemplados en la autorización excepcional que se solicita para la operación de una empresa alemana en los tráficos entre España y Argentina", remarcó Cirielli.
