El proyecto oficial de reducir los subsidios destinados al sector energético, presentado a principios de año, quedó en el olvido. De un plumazo, el Gobierno duplicó las transferencias económicas a empresas públicas ligadas a esa industria. El decreto 1.426, publicado ayer en el Boletín Oficial, redireccionó partidas por más de $ 71 mil millones para Cammesa, la compañía que administra el mercado eléctrico mayorista; Enarsa, la empresa estatal de energía; Nucleoeléctrica Argentina (Nasa) y Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), entre otras.
La nueva inyección energética se dio en el marco de un reajuste presupuestario que suma $ 199.044,5 millones (22,5%) a los créditos para gastos corrientes y de capital.
El monto duplica los subsidios previstos en el Presupuesto 2014, que totalizaban los $ 72.864 millones según la norma aprobada el año pasado por el Congreso. El salto exponencial de las subvenciones estatales, que ahora superarán los $ 150 mil millones, se explica fundamentalmente por la devaluación de la moneda, que de enero a la fecha supera el 30%. La mayor parte de los subsidios se destina a solventar importaciones que se cancelan en dólares. Luego de que en marzo se lanzaran recortes de subsidios al gas y al agua, se esperaba el turno del sector eléctrico, pero no hubo novedades hasta ahora.
Además, en el primer semestre las compras de energía en el exterior se incrementaron un 14% pese a la retracción de la actividad económica. Según estadísticas de la Secretaría de Energía, la factura energética trepó hasta los US$ 4.276 millones. Es una aspirada que seca de divisas la plaza local y presiona a la baja las reservas del BCRA.
Como sucedió en otros redireccionamientos, Cammesa fue la principal beneficiada. Recibió $ 32.750 millones adicionales, que se utilizarán para financiar la importación de gasoil y fuel oil para generar energía. Enarsa, que está a cargo de la compra de gas de Bolivia y del LNG que llega por barco a las terminales de Bahía Blanca y Escobar, obtuvo ingresos extras por $ 23.500 millones.
En tanto que el “Programa de estímulo a la inyección adicional de gas”, conocido en la jerga como Plan Gas, que funciona bajo la órbita de la Comisión de Planificación de Inversiones Hidrocarburíferas, consiguió una nueva partida de $ 12.500 millones para pagarle un precio de US$ 7,50 por millón de BTU de gas –tres veces más que la media del mercado– a las petroleras que incrementen su producción del fluido.
Además, Nasa recibió $ 2.200 millones para financiar obras del plan atómico del Gobierno, que prevé la finalización de Atucha II. YCRT consiguió $ 700 millones para continuar con la instalación de una central eléctrica a carbón en Santa Cruz. Y Dioxitec, la empresa encargada de fabricar el combustible que utilizan las plantas nucleares, obtuvo $ 301 millones.
El decreto contempla, a su vez, la inscripción a nombre del Estado del 51% de las acciones de YPF que fueron expropiadas a Repsol. La reestatización de la petrolera demandó un incremento presupuestario de $ 40.002,5 millones; es decir, alrededor de US$ 5 millones que fueron otorgados a la compañía española en forma de bonos de deuda.
