Luego de la filtración de los datos del blanqueo de capitales, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) comenzó una serie de movimientos judiciales con el fin de descubrir el origen de la difusión de esa información que corresponde a algunos grandes contribuyentes.
Por un lado, el organismo tributario presentó una denuncia penal, que cayó en manos del juez federal Rodolfo Canicoba Corral. Dicha demanda, se basa en el delito de violación de secreto fiscal, por lo que los responsables podrían sufrir penas de 2 años de prisión y 4 de inhabilitación por violación referida al blanqueo que terminó a fines de marzo último.
El administrador del organismo, Alberto Abad, también aceptó la renuncia el subdirector general de sistemas y telecomunicaciones, Jorge Linskens.
Los datos de los grandes contribuyentes que habían ingresado al blanqueo de capitales fueron publicados por el diario Página 12, lo que generó una fuerte preocupación en todo el Gobierno y en el sistema financiero, ya que la AFIP había asegurado en reiteradas oportunidades que el secreto fiscal estaba bien resguardado.
